Denuncian irregularidades, falta de transparencia y exclusiones arbitrarias en el concurso para elegir al Defensor de Niños en Tierra del Fuego.
La polémica envuelve al Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la designación del titular de la Defensoría Provincial de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Tierra del Fuego, creada por la Ley Provincial Nº 1466.
Una de las postulantes excluidas del proceso presentó una denuncia pública contra la comisión especial encargada de llevar adelante el concurso, integrada por los legisladores Victoria Vuoto, Laura Colazo y Raúl Von der Thusen, cuestionando severamente la transparencia y legalidad del procedimiento.
Según expuso, de los 63 inscriptos que se presentaron al concurso, 45 fueron declarados "no admitidos" por supuestos incumplimientos documentales que, en muchos casos, "no se condicen con la realidad de los hechos".
La denunciante sostiene que entre las observaciones formuladas existen situaciones que calificó como "absurdas", señalando que fue excluida por presuntamente no acreditar residencia en Tierra del Fuego, pese a haber vivido toda su vida en la provincia, y por supuestamente no acreditar formación profesional ni experiencia laboral, a pesar de haber cursado estudios universitarios presenciales en la isla.
Pero las críticas no terminan allí.
Uno de los puntos más cuestionados es que el listado de postulantes admitidos y no admitidos publicado en el sitio oficial de la Legislatura carecería de elementos básicos de validez administrativa. Según afirmó, el documento no contiene fecha de publicación, no está firmado por ninguno de los integrantes de la comisión especial y tampoco identifica el acto administrativo que le da sustento.
Además, denunció que no se brindaron fundamentos individualizados que permitan conocer las razones concretas por las cuales cada postulante fue excluido.
La situación genera interrogantes sobre la transparencia del procedimiento, especialmente considerando que se trata de la selección de una figura institucional destinada precisamente a velar por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La postulante relató que acudió personalmente a la Legislatura Provincial para solicitar explicaciones sobre su exclusión, pero aseguró que ninguno de los integrantes de la comisión especial la recibió.
Según indicó, fue atendida por un empleado legislativo identificado como Juan Oyola, quien le informó verbalmente que el plazo para impugnar el listado habría vencido el 12 de junio y que, por lo tanto, ya se encontraba fuera del concurso.
Sin embargo, la denunciante sostiene que resulta imposible verificar la validez de dicha afirmación debido a que el listado publicado no posee fecha visible ni firma de autoridad competente, lo que impediría determinar con precisión cuándo comenzó a correr el supuesto plazo de impugnación. "La ausencia de estos elementos impide ejercer adecuadamente el derecho de defensa y dificulta cualquier control de legalidad sobre el procedimiento", advirtió.
Asimismo, cuestionó la contradicción entre el discurso público de algunos sectores políticos y el desarrollo concreto del concurso. "Resulta llamativo que quienes invocan permanentemente la democracia, la transparencia y la protección de derechos sean los mismos que, en la práctica, excluyen postulantes de manera arbitraria", sostuvo.
La presentación también pone el foco en la responsabilidad política de la comisión encargada del proceso, integrada por Victoria Vuoto, Laura Colazo, Raúl Von der Thusen y el representante del Superior Tribunal de Justicia, Jesús González Saber.
Para la denunciante, la falta de explicaciones oficiales, la ausencia de documentación respaldatoria visible y la negativa de los responsables a recibir personalmente a los postulantes afectados contribuyen a profundizar las sospechas sobre la transparencia del concurso.
El planteo concluye reclamando que se publiquen los fundamentos completos de cada exclusión, se garantice el acceso a la información pública y se respeten los principios de publicidad, igualdad, razonabilidad y transparencia que deben regir cualquier concurso estatal.
"La democracia no se sostiene únicamente con discursos. Se sostiene con instituciones que actúan con transparencia, con funcionarios que rinden cuentas y con ciudadanos que no aceptan ser ninguneados cuando ejercen sus derechos", expresó la denunciante.
Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre un proceso que debía fortalecer la institucionalidad de la futura Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero que hoy enfrenta denuncias por presunta arbitrariedad, opacidad administrativa y falta de garantías para los participantes.
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