El juicio por las viviendas de ATE e IPV en Ushuaia ingresará en la etapa de alegatos este miércoles.
En el proceso judicial se encuentran imputados el secretario General de ATE, Carlos Córdoba, y Miguel Arana, acusados por 22 hechos relacionados con presuntas maniobras defraudatorias vinculadas a adjudicaciones de viviendas sociales construidas en el sector Barrancas del Río Pipo.
Durante la etapa testimonial declararon 24 personas, entre ellas el ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Vázquez, quien confirmó ante el Tribunal que los imputados realizaban gestiones relacionadas con la entrega de viviendas para postulantes que no cumplían con los requisitos establecidos por el organismo habitacional.
También prestó declaración la directora del área Social del IPV, quien indicó que se detectaron irregularidades entre los postulantes presentados por el gremio estatal. Según expuso, al menos siete personas no eran empleados estatales y tampoco reunían las condiciones exigidas para acceder a las viviendas.
A lo largo de las audiencias también declararon más de veinte denunciantes que aseguraron haber entregado dinero en efectivo a Arana y al fallecido Belbey, quien se quitó la vida meses después de que se conocieran las denuncias. Algunos testimonios además ubicaron a Córdoba en reuniones donde se habrían planteado posibles compensaciones económicas para quienes pagaron y nunca accedieron a una vivienda.
En la última jornada del debate, Córdoba solicitó ampliar su declaración indagatoria. Durante su exposición negó las acusaciones y sostuvo que desde ATE “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
El juicio continuará el próximo miércoles desde las 9:30 con los alegatos. En primer término expondrá el fiscal Daniel Curtale, seguido por los defensores Maricel Baneas y Fernández López. Además, el abogado Guillermo Guidi alegará en representación de Eric Moscoso Panozo, quien también es juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con la compra de maquinaria vial mediante fondos provenientes de las supuestas defraudaciones.
La causa por las viviendas del IPV se transformó en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en Tierra del Fuego, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el impacto social generado sobre decenas de familias que buscaban acceder a una vivienda. El avance hacia los alegatos marca una instancia determinante en un expediente que expone las profundas falencias y cuestionamientos alrededor de los mecanismos de adjudicación habitacional y el manejo político-sindical de una necesidad básica como el acceso a la vivienda.
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Que se haga justicia
ResponderBorrarCordoba preso
Renuncia Córdoba sorete !!!
BorrarCordoba vamos a ver tus soldados si ahora saltan como chaqui chan ,pelotudo tranfuga ,eso te pasa por traicionar a los trabajadores ,traiiiidooooor hijo de puta.
ResponderBorrarOjalá se haga justicia pero lo dudo
ResponderBorrarVeni Carlita que acá esas nalgas bolivianas no van a pasar hambre
ResponderBorrarAcá vamos a saber si la justicia funciona o ya recibió parte del robo.por ahí solo le dan 2 años y preso en la casa.
ResponderBorrarAlguien q adopte a sus hijos.
ResponderBorrarEstan pidiendo 4 años y medio para un tipo que tiene una banda de adictos al saqueo , sospechado de muerte de su amigo o socio de fechorias ??? si eso pasa seria un regalo de los jueces .
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