Con apoyo de libertarios y sectores del peronismo, la Legislatura fueguina avaló el traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis sin estudios públicos

Con apoyo de libertarios y sectores del peronismo, la Legislatura aprobó el traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis sin estudios técnicos ni ambientale

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la ratificación del convenio entre YPF y el Gobierno provincial para transferir áreas hidrocarburíferas a la empresa estatal Terra Ignis. El acuerdo fue avalado por el oficialismo, legisladores libertarios y sectores del peronismo, pese a la ausencia de estudios técnicos y ambientales públicos y a las dudas sobre la viabilidad operativa y laboral del proyecto.

Con una mayoría construida entre el bloque oficialista de FORJA, legisladores libertarios y sectores del peronismo, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este lunes la ratificación del convenio que transfiere áreas convencionales de hidrocarburos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis. El acuerdo, firmado previamente por el gobernador Gustavo Melella y la petrolera, quedó así convalidado por el Parlamento, aun cuando no se pusieron a disposición estudios técnicos, económicos ni ambientales que respalden la decisión.

La votación expuso una alineación política transversal. Acompañaron el proyecto las legisladoras libertarias Natalia Gracianía y Luciano Selzer; los peronistas Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino; el legislador Matías Lapadula, vinculado al intendente de Río Grande, Martín Pérez; Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguinos); y la totalidad del bloque oficialista de FORJA, integrado por Federico Sciurano, Federico Greve, Myriam Martínez y Gisela Dos Santos. En contraposición, votaron en contra Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) y los legisladores de Somos Fueguinos Damián Löffler y Jorge Lechman.

El convenio aprobado establece que Terra Ignis absorba las áreas que YPF deja de operar en la provincia. Según se informó durante el debate, unos 500 puestos de trabajo quedarían garantizados por un plazo inicial de 12 meses. Sin embargo, incluso desde el propio oficialismo se reconoció que no existe certeza alguna sobre la continuidad laboral a largo plazo.

Durante la sesión, el legislador Federico Greve admitió que Terra Ignis “no tiene capacidad operativa” para explotar las áreas, lo que implicará necesariamente la incorporación de socios privados. Ese escenario abre la puerta a futuras revisiones contractuales, reestructuraciones y eventuales despidos, dejando a cientos de trabajadores en una situación de incertidumbre.

Las críticas más severas apuntaron a la falta de información clave. El Ejecutivo provincial firmó el acuerdo “ad referendum” de la Legislatura, pero nunca remitió en tiempo y forma los informes técnicos, económicos y financieros necesarios para evaluar el impacto real del traspaso. Tampoco se publicaron esos documentos para el acceso de la ciudadanía, pese a tratarse de un contrato estratégico para el futuro energético y productivo de la provincia.

En el plano ambiental, las objeciones fueron aún más profundas. La Secretaría de Ambiente no realizó los estudios de impacto ambiental exigidos por la normativa vigente. En su lugar, el Gobierno contrató una auditoría a una fundación vinculada a un exsubsecretario de Ambiente del gobierno nacional anterior, lo que generó cuestionamientos sobre la independencia y la rigurosidad del análisis.

A esto se suma la ausencia de un dictamen técnico de la Secretaría de Hidrocarburos, dejando a legisladores, especialistas y a la sociedad fueguina sin información mínima para evaluar los riesgos, costos y beneficios del acuerdo. La falta de transparencia y de controles previos convirtió la ratificación legislativa en un trámite político más que en una decisión fundada.

Terra Ignis, creada en 2022 con el objetivo declarado de garantizar la soberanía energética de Tierra del Fuego, aún no ha demostrado capacidad operativa propia ni ha logrado resolver los problemas estructurales del sistema energético provincial, especialmente en Ushuaia y Tolhuin. Pese a ello, la empresa fue colocada en el centro de un esquema hidrocarburífero de alto impacto económico y ambiental.

La sesión legislativa dejó así un mensaje político contundente: el traspaso de áreas estratégicas fue aprobado sin estudios públicos, sin garantías laborales a largo plazo y con un amplio respaldo político que atravesó oficialismo, libertarios y sectores del peronismo. Un acuerdo clave para el futuro de la provincia que avanzó más por alineamientos políticos que por certezas técnicas.

Además: la Legislatura adhirió por unanimidad a la Ley nacional de cuidados paliativos

En la misma sesión, la Cámara Legislativa sancionó por unanimidad la adhesión a la Ley nacional N° 27.678, que garantiza el acceso a prestaciones integrales de cuidados paliativos en el ámbito público, privado y de la seguridad social. La iniciativa fue impulsada por el bloque del Partido Justicialista.

La norma establece un abordaje integral que contempla aspectos físicos, emocionales y sociales de los pacientes, así como el acompañamiento a sus familias. También promueve la capacitación del personal de salud y la implementación de programas específicos para asegurar un trato digno y respetuoso.

Durante el debate, la legisladora María Victoria Vuoto destacó que el proyecto fue trabajado junto al equipo multidisciplinario de cuidados paliativos del Hospital Regional Ushuaia, que actualmente asiste a más de veinte pacientes domiciliarios. Desde el PJ subrayaron que la adhesión a la ley constituye una garantía de derechos humanos en materia de salud y un reconocimiento a la tarea de los profesionales del sistema sanitario.