El Consejo de la Magistratura insiste en acceder a la causa contra el juez Leonelli por pornografía infantil. Solo el Fiscal de Estado se opuso.
La polémica en torno al juez Andrés Leonelli, integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, suma un nuevo capítulo. El magistrado está imputado en una causa por el presunto delito de tenencia de material con pornografía infantil, un hecho que golpea de lleno a la credibilidad del Poder Judicial fueguino.
Durante la última reunión del Consejo de la Magistratura, sus integrantes resolvieron insistir en que la jueza María Cristina Barrionuevo, a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2, remita la totalidad del expediente en copia certificada, desde su inicio hasta la fecha. El pedido responde a que el 14 de agosto el Juzgado había enviado una respuesta parcial respecto al requerimiento previo.
Mayoría por la transparencia, una disidencia que genera dudas
Con la única disidencia del Fiscal de Estado, Virgilio Juan Martínez de Sucre, el Consejo resolvió reiterar el oficio (C.M. N.º 61/25), solicitando de manera formal el envío completo de las actuaciones.
Martínez de Sucre votó en contra bajo el argumento de que el Consejo “debe esperar las resultas del proceso penal” y que no corresponde solicitar copias de una causa en trámite. Su postura, sin embargo, contrasta con la preocupación del resto del cuerpo, que considera fundamental acceder al expediente completo para evaluar la conducta del magistrado investigado.
La posición del Fiscal de Estado abre un interrogante político y jurídico: ¿se busca proteger a Leonelli retrasando la entrega de la causa?
El caso Leonelli constituye un nuevo escándalo institucional en Tierra del Fuego. La gravedad de la imputación y la resistencia de sectores judiciales a transparentar el proceso alimentan la desconfianza de la sociedad hacia un sistema que, lejos de dar respuestas, parece blindar a sus propios integrantes.
La reunión del Consejo se realizó de manera virtual el martes al mediodía, con la presencia de todos sus miembros: la presidenta Edith Miriam Cristiano, el jefe de Gabinete Agustín Tita, los legisladores María Victoria Vuoto y Federico Jorge Greve, los representantes de los abogados Verónica Ruth Muchnik (Río Grande) y Santiago Martín D’Angelo (Ushuaia), además del Fiscal de Estado.
COMENTARIOS