La DPOSS propone cambios tarifarios y nuevos aumentos tras un 40% de subas en 2025. Medidas polémicas y críticas por impacto en usuarios.
Una audiencia pública que parece un trámite más
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios convocó a audiencia pública para el 19 de diciembre. La fecha es clave: el objetivo es habilitar la entrada en vigencia del nuevo régimen tarifario el 1 de enero de 2026.
En lo que va de 2025, la tarifa ya acumuló un incremento del 40%. Pero la DPOSS insiste en que necesita “equilibrio financiero”. A esta altura, los usuarios se preguntan si el equilibrio del organismo se sostiene únicamente subiendo tarifas.
La propuesta mantiene el esquema de actualización automática mensual, el IVS DPOSS, un cálculo polinómico que se actualiza solo, sin debate legislativo ni análisis político, empujado por índices inflacionarios que afectan a todos… menos al propio organismo.
Lo novedoso no es que siga aumentando, sino cómo:
- 62,9 % de incidencia en salarios,
- 13,6 % en precios mayoristas,
- 22,4 % en precios al consumidor,
- 1,1 % en infraestructura.
La DPOSS asegura que esto “refleja mejor la estructura de costos”. Los usuarios sospechan que refleja mejor la necesidad del organismo de sostener su caja interna.
La propuesta incorpora unas pocas flexibilizaciones para jubilados, pensionados o beneficiarios sociales, permitiéndoles acceder a reducciones aunque no figuren como titulares exclusivos del inmueble. Un gesto mínimo frente al panorama general: aumentos que, una vez más, pagan todos.
Motorhomes, descargas y exenciones: medidas que no cambian el cuadro general
La eximición del pago de descargas cloacales para motorhomes y casas rodantes busca “ordenar” la práctica y evitar riesgos ambientales. Un punto positivo, pero marginal en comparación con el resto del ajuste.
Lo mismo ocurre con las actualizaciones en servicios eventuales, glosarios tarifarios, maquinaria o definiciones administrativas.
Son detalles que se presentan como modernización, pero que en la práctica extienden la factura a más actividades.
Nuevos cargos: multas que parecen impuestos encubiertos
- Uno de los cambios más polémicos: el “cargo por incumplimiento de factibilidad”.
- $5 millones para obras de hasta cinco unidades funcionales.
- $20 millones para desarrollos mayores.
En teoría cubre costos generados por obras que no siguen las autorizaciones.
En la práctica, múltiples actores del sector privado lo ven como un castigo desproporcionado y otro ingreso extraordinario para el organismo.
Agua para construcción y servicio medido: facturar más, controlar más
El nuevo régimen de “Agua para Construcción” establece facturación por metro cuadrado y permite instalar caudalímetros para medir consumo real.
La idea parece razonable, pero en un año donde la tarifa subió 40%, cualquier medida que implique nuevo cálculo es vista como otra puerta para aumentar.
Lo mismo ocurre con las nuevas reglas del servicio medido: transparentes, sí; pero orientadas a evitar que el usuario pague menos, nunca a lo contrario.
El discurso oficial vs. la percepción social
La DPOSS sostiene que todo este paquete tarifario busca “equilibrar la prestación sin afectar a los más vulnerables”.
Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los hogares ya sintieron los aumentos del 40% de 2025 y perciben el anuncio como una nueva ola de incrementos disfrazados de modernización tarifaria.
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