Una investigación que comenzó en Ushuaia reveló una presunta banda que traficaba cocaína líquida hacia TD0 y utilizaba mujeres vulnerable como mulas
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la organización habría funcionado al menos entre abril de 2022 y septiembre de 2024 y habría tenido actividad en Ramos Mejía, Comodoro Rivadavia y Ushuaia, además de conexiones con Río Grande.
La investigación comenzó en febrero de 2024, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó en el aeropuerto de Ushuaia el equipaje de una pasajera que contenía una botella de vino y un frasco de agua micelar cuyos contenidos despertaron sospechas. La intervención de un perro detector de narcóticos permitió establecer que ambos recipientes contenían cocaína en estado líquido.
A partir de aquel procedimiento se inició una investigación conjunta que permitió reconstruir, según la Fiscalía, una organización con distintos niveles de responsabilidad y un sistema destinado a introducir estupefacientes desde Buenos Aires hacia el sur del país.
Cocaína líquida escondida en botellas y cosméticos
Según la acusación, el clorhidrato de cocaína era adquirido en Bolivia y posteriormente ingresado a la Argentina. La droga era trasladada hasta un domicilio de Ramos Mejía que funcionaba como una especie de laboratorio clandestino.
Allí, siempre de acuerdo con la investigación, la sustancia era sometida a un proceso químico para modificar su estado y transformarla en líquida. Posteriormente era escondida dentro de botellas de vino y envases de productos cosméticos que eran entregados a personas previamente contactadas por integrantes de la organización.
El destino de buena parte de esos envíos era el sur del país. Las personas utilizadas como transportistas viajaban desde Buenos Aires hacia Ushuaia, Río Grande o Comodoro Rivadavia, donde entregaban los recipientes a otros integrantes de la estructura.
Una vez recibida la sustancia, la cocaína volvía a ser transformada a su estado sólido y, según el expediente, era posteriormente fraccionada para su comercialización.
Mujeres utilizadas como “correos humanos”
Uno de los aspectos más graves que surge de la investigación está relacionado con la presunta utilización de mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social para transportar los estupefacientes.
La Fiscalía sostiene que algunas personas eran captadas aprovechando sus condiciones personales, económicas, familiares y sociales. La organización les abonaba dinero por los viajes y también se hacía cargo de pasajes, traslados y estadías.
De esta manera, las mujeres asumían directamente el riesgo de ser descubiertas mientras trasladaban la droga, mientras los principales integrantes de la estructura permanecían alejados de esas operaciones.
La investigación incorporó testimonios de personas que habrían sido captadas por la organización. Según el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en algunos casos existían antecedentes de violencia de género, dependencia afectiva, responsabilidades de cuidado asumidas en soledad y precariedad laboral.
Para la Fiscalía, esas circunstancias habrían sido aprovechadas deliberadamente por los integrantes de la organización para facilitar su captación y utilización en los viajes.
Una estructura con distintos niveles
El requerimiento fiscal describe una organización con diferentes niveles jerárquicos.
En el nivel superior se encontraría un hombre de nacionalidad colombiana que actualmente permanece prófugo y con pedido de captura nacional e internacional. Por debajo de él habría integrantes encargados de ejecutar las órdenes relacionadas con la preparación, transporte, distribución y comercialización de los estupefacientes.
Otros integrantes habrían cumplido funciones vinculadas con el almacenamiento de precursores químicos y materia prima, preparación, transporte, fraccionamiento y comercialización de cocaína y metanfetamina.
La Fiscalía considera que esa distribución de tareas constituye evidencia de una estructura organizada y no de operaciones aisladas.
La investigación también apunta a posibles contactos con funcionarios
Uno de los elementos más sensibles del expediente aparece en el análisis de las comunicaciones y movimientos de la organización. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que se detectaron contactos con funcionarios de fuerzas policiales o del Poder Ejecutivo provincial que presuntamente suministraban información relevante a los integrantes de la banda.
El requerimiento también menciona presuntos pagos de dádivas a funcionarios públicos, utilización de documentación falsa, cuentas y líneas telefónicas pertenecientes a terceros y maniobras destinadas a canalizar las ganancias obtenidas mediante el mercado financiero formal.
La Fiscalía solicitó expresamente que continúe la investigación para determinar la eventual responsabilidad que pudieran tener otras personas vinculadas con fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.
Este punto resulta especialmente relevante para Tierra del Fuego, porque la investigación no solamente ubica a Ushuaia y Río Grande dentro de la ruta utilizada para el traslado de la droga, sino que también deja abierta la posibilidad de que existieran contactos dentro de estructuras estatales.
La causa pasó a la Justicia Federal de Morón
Luego de las primeras actuaciones desarrolladas en Tierra del Fuego y Chubut, la investigación fue remitida en julio de 2025 a la Justicia Federal de Morón, tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
La Fiscalía Federal de Morón amplió entonces la plataforma fáctica de la investigación y solicitó nuevas medidas al juez federal Juan Manuel Culotta. Ese proceso derivó en nuevos procesamientos y finalmente en el pedido de elevación a juicio oral.
El requerimiento presentado por la fiscal Mariela Labozzetta sostiene que existen elementos suficientes para llevar a seis personas a juicio por los delitos investigados.
La situación procesal, sin embargo, deberá ser definida por la Justicia y las acusaciones deberán ser acreditadas en las instancias correspondientes.
EL DATO QUE INVOLUCRA DIRECTAMENTE A TIERRA DEL FUEGO
La causa tiene un punto de partida y una conexión concreta con Tierra del Fuego: el primer hallazgo de cocaína líquida se produjo en el aeropuerto de Ushuaia.
Pero además, la investigación sostiene que los integrantes de la organización coordinaban viajes hacia Ushuaia y Río Grande, donde la droga era recibida y posteriormente procesada para continuar con su comercialización.
La evidencia incorporada al expediente incluye comunicaciones en las que aparecen fechas de viajes, compra de pasajes, transferencias bancarias y operaciones mediante billeteras digitales, además de información relacionada con el traslado y recepción de personas y sustancias.
Por eso, el pedido de elevación a juicio no constituye solamente una investigación sobre una banda que operaba lejos de la provincia: Tierra del Fuego aparece como uno de los puntos utilizados dentro de la logística investigada.
La investigación que comenzó con una botella de vino y un frasco de cosméticos en el aeropuerto de Ushuaia terminó revelando, según la hipótesis fiscal, una estructura mucho más amplia: droga adquirida en Bolivia, procesamiento clandestino en Buenos Aires, traslado hacia el extremo sur del país, utilización de personas vulnerables como transportistas y presuntos contactos con funcionarios y fuerzas de seguridad.
Ahora la Justicia deberá determinar si las pruebas reunidas alcanzan para sostener las acusaciones en un juicio oral y, especialmente, si las sospechas sobre la eventual participación o colaboración de funcionarios públicos permiten identificar responsabilidades concretas.
Para Tierra del Fuego queda además una pregunta que excede a los seis acusados: ¿cómo pudo una organización de estas características utilizar durante años rutas aéreas y terrestres hacia Ushuaia y Río Grande sin que se detectara antes su operatoria?
La respuesta también deberá surgir de la investigación que la propia Fiscalía pidió continuar para establecer si hubo otras personas involucradas.
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