Los chinos la pantalla de otro negociado

El ex secretario de Hidrocarburos durante la gestión Colazo, Ingeniero Jorge Andino, sumó objeciones técnicas a las legales que acumula el c...

El ex secretario de Hidrocarburos durante la gestión Colazo, Ingeniero Jorge Andino, sumó objeciones técnicas a las legales que acumula el convenio chino. Entre ellas, la falta de reservas comprobadas, que había denunciado Fabiana Ríos junto a Elisa Carrió en 2006, cuando habló de doce años de gas en la provincia en una causa contra REPSOL.
Advirtió que la planta de metanol necesita dos millones y medio de metros cúbicos para funcionar y la provincia sólo proveería un millón y medio. El millón restante deberá provenir de otras empresas que reclaman la prórroga de las concesiones, como lo habiamos adelantado. Recordó que Eduardo D’Andrea fue empleado de Total antes de asumir el cargo y sería esta la empresa unica que estaría en condiciones de completar el faltante.
El otro millón quién lo va a proveer (ver negociado), ¿qué empresa se va a comprometer a proveer un millón de metros cúbicos durante 25 años para completar los dos millones y medio, si las concesiones de las áreas vencen en el 2017? ¿cómo van a llegar al 2035? ¿o es que la provincia va a prorrogar las concesiones hasta el 2035 para que se pueda instalar la planta? ¿a quién le vamos a prorrogar las concesiones? ¿a la firma Total, que es la que puede estar en condiciones de proveer el millón adicional que está faltando? Tal vez sea así”, barajó.
Como lo adelantamos en el 2008 (ver), sobre la prorroga de las concesiones petroleras y el verdadero plan "A" del gobierno y en el cual el convenio chino es solo una pantalla para el gran negociado con son las ampliaciones de las explotaciones petroleras.

El ingeniero Jorge Andino efectuó observaciones técnicas al convenio chino, que se suman a las objeciones legales aportadas por entes de contralor y particulares. En una extensa entrevista realizada por el programa radial El Correo de los Sábados –FM Atlántica-, deslizó una presunta operación de funcionarios vinculados con empresas petroleras, a cambio de la prórroga de concesiones, dando por seguro que detrás del polémico acuerdo con los inversores hay otros intereses, no precisamente de la provincia.

Andino se desempeñó al frente del área de Hidrocarburos durante la gestión de Jorge Colazo, y ante todo dejó claro el interés en lograr inversiones, por cuanto sus señalamientos no obedecen a un rechazo a la posibilidad de desarrollo, sino a la forma en que se pretende implementar.

“Yo creo que esta es la operación más importante que ha tenido Tierra del Fuego en su historia y nadie se está oponiendo a la instalación de la planta”, sostuvo, recordando que siendo parte de los funcionarios designados por el hoy senador Colazo “viajamos a China porque el planteo era un desarrollo integral de toda Tierra del Fuego”.

“Fue el Ministro de Turismo y quien estaba a cargo de Recursos Naturales, Miguel Ramírez y Marcelo Morandi –respectivamente-, para interesar a capitales chinos, que se veían con grandes potencialidades como inversores”.

Formaron parte así de la comitiva encabezada por el ex presidente Néstor Kirchner junto a varios empresarios y gobernadores. “Se los interesó en los temas petroleros, en buscar un desarrollo industrial con la producción, también se intentó interesarlos en la famosa área CA 12, pero en ningún momento por fuera de la ley. Es más, en su momento el gobernador había impulsado un proyecto, que finalmente se aprobó, y terminó reglamentando el gobernador Cóccaro, donde alguien podía por iniciativa privada ofrecer determinadas condiciones, y después por remate o licitación se igualaban las condiciones y quien tenía prioridad era el de la iniciativa”.

“Estas herramientas estaban y siguen estando”, subrayó, abonando a la falta de argumentos del gobierno de Ríos “para salir del marco de la ley y hacer una excepción. Con esta excepcionalidad, mañana viene la cadena Hilton y quiere comprar la Casa de Gobierno. Creo que es de una gravedad que sienta un precedente que va a permitir en el futuro hacer cualquier cosa”, alertó.

Las fallas técnicas

Detallando algunos aspectos técnicos, indicó que “no hay reservas comprobadas de que podamos mantener un contrato durante más de 25 años. Si nos quedamos sin gas, ¿cómo vamos a hacer para poder cumplir ese contrato?. Ese contrato seguramente nos va a traer juicios multimillonarios, y además no los vamos a resolver acá: esos juicios los vamos a resolver en Uruguay porque se ha cedido la competencia para que se aplique Uruguay en caso de diferendo”.

Apuntó que la falta de reservas también fue señalada por el ingeniero Oscar Suárez, de OFEPHI, quien las estimó en diez años, pero el punto sustancial fue que la propia gobernadora Ríos, cuando era diputada, denunció la falta de reservas junto a Elisa Carrió: “Esto mismo decía la gobernadora cuando presenta, al momento de ser diputada, junto con la Dra. Carrió, una denuncia contra REPSOL, diciendo que había reservas por doce años, en el año 2006. Han transcurrido tres, quiere decir que nos quedan nueve años de reservas, según lo que dijo hace tres años la gobernadora”, subrayó Andino.

Declinación omitida

Otro aspecto técnico que no tiene en cuenta el convenio es la declinación natural de los yacimientos. “Van declinando a lo largo del tiempo su poder de producción. Se va perdiendo potencial en cuanto a presión y se hace cada vez más difícil la extracción del recurso –explicó-. Esa declinación natural no acompaña al proyecto, porque acá se estableció una suma fija de metros cúbicos de gas a proveer, y no se tuvo en cuenta la declinación. La declinación trae aparejada una pérdida importante de regalías porque a medida que declina el yacimiento se van aportando menos regalías”.

Para el ingeniero “habría que haber seguido la curva de producción y establecer en todo caso una venta de gas proporcional a ese doce por ciento que cobramos por la producción, de modo que si declina la producción, declinará también lo que nosotros aportemos de gas y no vamos a tener conflictos a futuro. Como acá tenemos una suma fija, si falta gas, la provincia va a tener que salir a comprarlo, tal vez al Estado nacional para poder cumplir, o si no litigar por el incumplimiento de ese contrato desde lo técnico y desde lo legal, esto realmente es inviable. Es de terror”, calificó.

‘Flojos de papeles’

Andino repasó los elementos aportados hasta ahora por distintos actores, desde órganos de control a particulares, a pesar de lo cual el gobierno insiste en avanzar, y también la Legislatura que permitió la excepción con la aprobación de una ley que constitucionalmente ahora se cuestiona.

“Yo desconozco las razones de la insistencia, lo que sí hay que recordar que acá hay dos dictámenes del Fiscal de Estado, el 19/08 y el 14/09, donde el Fiscal de Estado le comunica todas estas cosas, tanto a la gobernadora como a los legisladores y al Tribunal de Cuentas. El segundo dictamen lo hace a solicitud del Tribunal de Cuentas y de estos dictámenes tienen conocimiento los legisladores, porque fue girado a la Presidencia del Cuerpo. Hay notas del Fiscal de Estado dirigidas al Presidente del Cuerpo, explicándole qué es lo que está ocurriendo”, remarcó.

Como contraparte, desde el gobierno “están flojitos de papeles –dijo-. No hay dictámenes de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, toman párrafos sueltos que no constituyen un dictamen legal. Realmente hay cosas que veo muy complicadas, y esto va a ser un dolor de cabeza para todos los fueguinos, porque vamos a pagar muy caro la tozudez de algunos que no quieren entender razones, cuando se lo está diciendo hasta el propio ex vicegobernador Bassanetti. Hay denuncias penales ante la jueza Barrionuevo por parte del Fiscal de Estado, hay recursos planteados ante el Superior Tribunal de Justicia y el gobierno parece estar cubierto de teflón”, comparó.

¿Operación encubierta?

En otro tramo de la entrevista, Andino reveló que Eduardo D’Andrea era empleado de la empresa Total, y lo fue por varios años, antes de asumir el cargo. Ligó el vínculo con la necesidad de provisión de gas para la planta de metanol por parte de alguna otra empresa, puesto que para funcionar requiere de más gas que el comprometido por la provincia.

“La planta de metanol proyectada necesita para funcionar dos millones y medio de metros cúbicos de acuerdo al proyecto que han presentado, y la provincia se compromete a un millón y medio. ¿El otro millón quién lo va a proveer? ¿qué empresa se va a comprometer a proveer un millón de metros cúbicos durante 25 años para completar los dos millones y medio, si las concesiones de las áreas vencen en el 2017? ¿cómo van a llegar al 2035? ¿o es que la provincia va a prorrogar las concesiones hasta el 2035 para que se pueda instalar la planta? ¿a quién le vamos a prorrogar las concesiones? ¿a la firma Total, que es la que puede estar en condiciones de proveer el millón adicional que está faltando? Tal vez sea así”, barajó.

Citó que en la denuncia que hace el Fiscal de Estado ante la Dra. Barrionuevo el 27 de mayo de 2009, dice que “se presenta el 4 de mayo el Sr. Chaile Inquimir planteando deficiencias en el estudio de impacto ambiental que se había realizado en Estancia Las Violetas, y además advierte que el curriculum vitae del secretario (Eduardo) D’Andrea se encuentra en idioma inglés y del que se desprende que hasta la asunción a su cargo, el 17 de diciembre de 2007, se desempeñaba como dependiente de la firma Total Austral. Lo había hecho en los períodos 1997-2001, 2005, 2006 en Total Congo y en 2007 Total Angola. ¿Tendríamos que prorrogarle las concesiones hasta el 2035 a Total Austral para poder cumplir con las condiciones? Lo que está observando realmente a mí me deja más que preocupado”, manifestó.

Asimismo, indicó que “ni el Tribunal de Cuentas ni el Fiscal de Estado pueden saber hoy quiénes son los responsables de estos contratos, quién hizo el estudio de reservas, los estudios de factibilidad para poder llevarlo adelante, y si la provincia va a poder cumplir con lo que se está comprometiendo a cumplir. No existen responsables y no han encontrado ningún estudio”, afirmó.

Las gestiones de Colazo

Para reforzar la idea de que no se opone a las inversiones, mencionó las gestiones realizadas como funcionario del gobierno de Colazo. “Habíamos interesado a gente china. En dos oportunidades viajamos a Chile, precisamente a Cabo Negro, donde está instalada Metanex, porque a raíz de estos cierres de exportación de gas que se veían venir y ante la falta de producción de gas por parte de la empresa estatal chilena, queríamos interesarlos para que se radicaran en Argentina. Estaban pensando en una nueva inversión. Los trajimos a nuestra ciudad, recorrieron la zona, en la segunda oportunidad vinieron con el presidente de Wieserthal, que es una de las que participa en el consorcio que explota Total, les aseguró gas, logramos traer a Ezequiel Espinosa, que es el presidente de ENARSA para ver cómo se integraba con Argentina, pero en ningún momento les dijimos que íbamos a hacer algo al margen de la ley”.

Dio cuenta de la seriedad de estudios previos realizados: “Ellos hicieron un estudio de radicación con una empresa de Houston, Texas. Se hizo un estudio de la capacidad del muelle de Ushuaia para descargar los equipos que había que traer hasta estancia Las Violetas donde se pensaban radicar, se midieron puentes para ver si soportaban las cargas. Es decir, se hizo un estudio absolutamente completo. Por las razones políticas que terminaron con el gobierno de Colazo, la empresa, que es de origen canadiense, decidió radicarse en Egipto. Así que hemos estado peleando para que esta radicación se cumpla, pero si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien”, reclamó.

El faltante de ocho millones

Las cuentas están mal hechas en el convenio, y así fue señalado por el Fiscal de Estado en su informe, sin que hasta el momento el gobierno aclarara la situación. Del cálculo entre el valor del millón de BTU, por la cantidad de años, surge un faltante de casi ocho millones de dólares: “En la cuenta que hace el Fiscal de Estado en su informe, estimando que es un millón quinientos mil metros cúbicos de gas, lo convierte a millones de BTU, a 29,7 que es el factor de conversión, y llega a la conclusión de que no son 90 millones los que se deberían estar abonando, sino 98.181.818,19 dólares. Esto hace una diferencia de 7.904.809 millones de dólares. No se sabe qué pasó, si hicieron mal la cuenta. Hasta ahora no lo ha aclarado nadie, y es ‘un dinero’. Es otra de las tantas cosas que no están del todo claras, que no están del todo bien”, dijo.

Desfinanciación y posible reventa

Con respecto al “negoción” del que habló el abogado Omar Espósito desde las filas del gobierno, Andino contrapuso el compromiso de dinero para futuras gestiones, que se verán perjudicadas: “Los gobiernos que vienen no van a cobrar regalías porque ya se cobraron anticipadamente. Van a tener que financiarse únicamente con la transferencia del Estado Nacional por coparticipación, más los impuestos internos que cobre la provincia, porque las regalías van a estar todas comprometidas, se van a vender”.

Al margen de este aspecto, advirtió la posible reventa de gas por parte de los inversores, puesto que el mismo Espósito estimó en al menos 24 meses el plazo de instalación de la planta de metanol: “El convenio con los chinos plantea que se hace una compra anticipada de un millón y medio de metros cúbicos por día.

La pregunta que yo me hago, y se hace el Fiscal de Estado, es qué van a hacer con ese gas, dónde lo van a poner, porque la planta va a llevar dos años.

Espósito decía que son 24 meses más o menos. ¿Dónde van a juntar un millón y medio de m3/día durante 24 meses hasta que terminen la planta? ¿Lo irán a vender al gas? Si no, va a tener que quedar retenido por la provincia, que después se lo tendrá que dar, pero la provincia ¿dónde lo va a poner? Hay cosas que no terminan de cerrar, desde lo técnico”, indicó, sin adentrarse en que, de haber una reventa, el valor puede ser mucho mayor al que lo está comprando la empresa de capitales chinos.

“A esto de que vamos a entregar gas anticipado antes de que se termine la planta, hay que sumarle que no figura ninguna cláusula de rescisión de contrato en caso de que la planta no se haga. Después del tercer año, pueden vender hasta el 50 por ciento del gas, y si la planta no se hace ¿qué van a hacer con el remanente? ¿Estamos eligiendo una nueva comercializadora, a expensas de las regalías de la provincia? Hay cosas que realmente no cuadran bajo ningún punto de vista”, insistió.

Con respecto al precio, preguntó quién lo puso, aunque del convenio se desprende que fue la gobernadora, pero no se observa “ningún informe técnico que diga de dónde salió el 1,80 el millón de BTU. Lo estamos pagando 5 dólares a Bolivia y 12 dólares el gas licuado en el barco gasero que está amarrado en Bahía Blanca para poder hacer andar nuestras usinas. Me gustaría saber quién hizo el estudio para llegar a ese precio”, demandó.

Muchas sospechas

Consultado sobre qué piensa de un convenio tan poco claro, evitó hacer presunciones aunque la lectura fue clara: “Están haciendo las cosas muy mal desde el principio. Tal vez haya intereses que no alcanzo a ver muy bien cuáles son, pero que no sólo hay intereses de Tierra del Fuego, ténganlo por seguro”, certificó.
“¿Alguien se quiere asegurar la jubilación?”, le preguntaron.
“Es probable. Todos estamos trabajando para jubilarnos algún día y vivir tranquilos”, se rió.

Como alternativa de salida, sostuvo que por un lado funcionarios como Espósito tendrían que haber hecho en su oportunidad “los dictámenes jurídicos que corresponden, las observaciones a la gobernadora para que no firme decretos que hasta están mal redactados. Tuvieron la oportunidad de hacer grandes cosas, y sobre todo asesorar bien a la gobernadora para evitar que caiga en este tipo de cosas.

Acá lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo, suspender esto, hacer un llamado a concurso o licitación nacional e internacional, emprolijar esto que han armado, hacerlo de cara a la sociedad, no a escondidas, no con contratos que se celebran una parte acá otra en Buenos Aires, para eludir el pago de impuesto a los sellos, como dice el Fiscal de Estado.

Acá hay muchas irregularidades: estuvimos peleando con las petroleras precisamente por esto de los contratos ‘contra ausentes’ y lo venimos peleando toda la vida. Yo lo sé porque cuando estuve en Hidrocarburos seguíamos peleando con las petroleras que hacían contratos ‘contra ausentes’ por venta de hidrocarburos y no tributaban a la provincia. Incluso el Fiscal de Estado llevó adelante una acción judicial precisamente por este impuesto, y ahora resulta que es el gobierno el que lo elude. Me parece que la gobernadora va a tener que reflexionar, tomar cartas en el asunto y emprolijar esto”, concluyó.