Puerto de Ushuaia intervenido por Nación y la DPP sigue contratando: los gastos que firma Roberto Murcia bajo la lupa

El Puerto de Ushuaia está intervenido por Nación, pero la DPP continúa contratando servicios y autorizando gastos. ¿Hay superposición de recursos?

La intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional abrió una discusión que hasta ahora permanece lejos del debate público: qué está haciendo la Dirección Provincial de Puertos, qué competencias conserva y cuánto dinero continúa destinando la Provincia mientras el Estado nacional asumió el control operativo y de infraestructura del puerto.

La respuesta comienza a aparecer en el propio Boletín Oficial de Tierra del Fuego. Las resoluciones firmadas por el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Marcial Murcia, muestran que el organismo provincial continuó durante 2026 aprobando contrataciones, autorizando pagos y ejecutando gastos pese al escenario excepcional generado por la intervención nacional.

El propio organismo reconoce en sus actos administrativos que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por doce meses y una intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria.

Ese dato debería ser suficiente para abrir una pregunta elemental: si Nación intervino la infraestructura y tomó el control operativo del puerto, ¿qué servicios continúa pagando la Provincia y cuáles son las funciones efectivamente desempeñadas por la DPP?

Contratos que siguen generando gastos

Entre los documentos analizados aparece la contratación de un Licenciado en Seguridad Marítima, Pedro Raúl Márquez, por un total de $25.212.000, equivalente a una remuneración mensual de $2.101.000. La contratación fue adjudicada por adjudicación simple y posteriormente ratificada por el presidente de la DPP.

También aparece una contratación para el mantenimiento de CCTV, alarmas y equipos de comunicación. El servicio fue adjudicado a Punto Net por $23.700.000 durante doce meses, con un costo mensual de $1.975.000. El expediente registra además pagos por $1.975.000 correspondientes a enero y $1.777.500 correspondientes al período de febrero. (VER B.O 6159) - Páginas 182–190

No se trata de simples órdenes internas: son actos administrativos que autorizan gastos con impacto directo sobre los recursos públicos. A esto se suma el pago de servicios profesionales. Por ejemplo, el Boletín Oficial registra una contratación del ingeniero mecánico Darío Hernán Torrisi, cuyo contrato original había sido celebrado por $22.920.000 por doce meses y posteriormente prorrogado. En febrero de 2026 se aprobó un pago proporcional de $1.680.800 antes de la rescisión unilateral del contrato. (VER B.O 6159) Páginas 182–190

¿Y quién controla estos gastos?

Otro aspecto que merece especial atención surge de los propios expedientes. En varias resoluciones la DPP deja asentado que la Dirección de Auditoría Interna intervino y no formuló observaciones. Pero inmediatamente después se aclara que el Tribunal de Cuentas de la Provincia no intervino en la etapa de control preventivo, en función de las resoluciones plenarias y los mecanismos de control posterior vigentes.

Esto no significa que los gastos sean ilegales ni que carezcan de todo control. Pero sí significa que no existe una intervención preventiva del Tribunal de Cuentas en esos expedientes, un dato que adquiere especial relevancia cuando se habla de contrataciones públicas en un organismo cuya jurisdicción atraviesa una situación institucional extraordinaria.

Por ejemplo, en el caso de un Fondo Permanente destinado al mantenimiento de la jurisdicción Zona Norte, la DPP aprobó una rendición por casi $2 millones y dejó expresamente asentado que el Tribunal de Cuentas no debía intervenir preventivamente.

La misma situación aparece en el expediente correspondiente al servicio de Internet de la DPP, donde se aprobó un gasto de $277.200 y también se dejó constancia de que no correspondía la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas. (VER B.O 6159) Páginas 182–190

La pregunta que nadie parece responder. El problema no es que una administración pública contrate servicios. El problema es qué servicios está contratando, para qué los necesita, qué organismo tiene actualmente esas competencias y si existe coordinación entre Provincia y Nación para evitar que los contribuyentes paguen dos veces por una misma prestación.

La propia DPP reconoce que la intervención de ANPYN modificó sustancialmente el funcionamiento institucional y financiero del organismo. En otro expediente, incluso se afirma que la intervención produjo el "desapoderamiento" de recursos propios de la Dirección Provincial de Puertos y alteró gravemente su funcionamiento institucional y financiero.

Entonces la pregunta resulta inevitable: si la situación financiera y operativa de la DPP cambió de semejante manera, ¿por qué no existe públicamente un detalle actualizado de qué servicios dejó de prestar la Provincia, cuáles mantiene y cuáles pasó a prestar ANPYN?

Ese informe debería ser básico. La seguridad, el mantenimiento y la infraestructura bajo la lupa

La documentación permite identificar distintas categorías de gastos: seguridad, mantenimiento, sistemas, servicios profesionales, conectividad, logística y funcionamiento administrativo.

Pero para determinar si existe una duplicidad efectiva con Nación será necesario cruzar esos contratos con las prestaciones que ANPYN asumió desde la intervención.

Ese cruce es precisamente el que debería realizar la propia Provincia y publicar. Porque si Nación está financiando determinada infraestructura, seguridad o mantenimiento y la DPP continúa pagando servicios equivalentes, estaríamos frente a un problema que va más allá de una cuestión administrativa: podría existir una utilización ineficiente de recursos públicos, y si, por el contrario, la Provincia continúa prestando servicios que legalmente permanecen bajo su responsabilidad, también debería explicarlo con claridad.

En ambos casos falta información. Casi $194 millones que exigen una explicación

La revisión preliminar de la documentación y de los contratos identificados permite poner bajo la lupa un conjunto de erogaciones que, según el relevamiento aportado a este medio, alcanzaría aproximadamente $193,7 millones en siete servicios que podrían presentar algún grado de superposición con prestaciones nacionales.(VER B.O 6159) Páginas 182–190

Pero Crónicas Fueguinas considera necesario hacer una salvedad periodística fundamental: ese monto debe ser presentado como un relevamiento preliminar y no como una duplicidad ya comprobada.

Para afirmar que existe un doble gasto será necesario establecer, contrato por contrato, qué servicio paga la Provincia, qué servicio presta ANPYN, bajo qué norma y desde qué fecha. Ese trabajo de cruzamiento es precisamente el que debería realizar el Estado.

Transparencia en tiempos de intervención

La discusión tampoco debería reducirse a Provincia versus Nación. Hay una cuestión institucional mucho más sencilla: los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está pagando con recursos públicos.

La DPP continúa emitiendo resoluciones bajo la firma de su presidente Roberto Murcia. El Boletín Oficial demuestra que el organismo mantiene actividad administrativa, autoriza gastos y celebra o ratifica contratos.

Al mismo tiempo, el Puerto de Ushuaia atraviesa una intervención nacional que modificó su funcionamiento. En ese escenario extraordinario, mantener la vieja lógica administrativa sin explicar públicamente qué cambió puede generar exactamente lo que la administración debería evitar: opacidad, incertidumbre y sospechas sobre una eventual superposición de gastos.

No alcanza con publicar una resolución.

La transparencia requiere explicar qué se contrató, por qué se contrató, quién realiza actualmente esa misma función y cuánto cuesta cada servicio al Estado provincial.

La intervención del Puerto de Ushuaia debería haber obligado a una auditoría integral de competencias y gastos. Sin embargo, el Boletín Oficial muestra que la Dirección Provincial de Puertos continúa generando contrataciones y autorizando pagos mientras el puerto permanece bajo intervención de ANPYN.

Eso no demuestra, por sí mismo, que exista corrupción ni que todos los contratos sean ilegales.

Pero sí demuestra algo mucho más concreto: existe una zona gris que la Provincia tiene la obligación de transparentar. Si los servicios contratados por la DPP son indispensables y no se superponen con las tareas asumidas por Nación, que lo explique.

Si existe superposición, que se corrija. Si hay recursos provinciales destinados a servicios que ya son cubiertos por otro organismo estatal, la pregunta será todavía más incómoda: ¿por qué los fueguinos deberían pagar dos veces?

El Boletín Oficial ya dejó las resoluciones escritas. Ahora falta que alguien explique qué hay detrás de cada gasto.