Postulantes excluidos de la Defensoría del Niño reclaman respuestas a la Legislatura y cuestionan el concurso presidido por Victoria Vuoto.
Postulantes que fueron excluidos de la selección aseguran que todavía esperan respuestas concretas a los planteos que presentaron ante el Poder Legislativo y cuestionan que la presidenta de la comisión encargada del proceso, Victoria Vuoto, intente presentar la controversia como una cuestión de carácter político.
Según explicaron participantes del concurso a Crónicas Fueguinas, el reclamo tiene un origen concreto y documentado: el 26 de junio, once postulantes no admitidos presentaron una nota formal ante la Legislatura solicitando ser recibidos en conjunto por los legisladores para explicar las objeciones que habían planteado respecto del proceso.
El dato adquiere relevancia porque, según el relato de los propios participantes, fueron 41 las personas que quedaron fuera del concurso, de las cuales solamente 20 presentaron recursos ante la Legislatura. De ese grupo, finalmente 11 firmaron la presentación conjunta.
Es decir, no se trata de una denuncia surgida recientemente ni de una discusión instalada exclusivamente a partir de declaraciones políticas. Existe una presentación formal realizada hace dos meses por un grupo de postulantes que cuestiona su exclusión del proceso.
RECURSOS RECHAZADOS Y SIN FUNDAMENTOS
Uno de los principales cuestionamientos formulados por los postulantes está relacionado con el rechazo de los recursos presentados. Según sostienen, los planteos fueron rechazados sin fundamentos suficientes, una situación que consideran especialmente grave tratándose de un concurso destinado a cubrir un cargo institucional de enorme relevancia.
Los postulantes reclaman conocer cuáles fueron los criterios utilizados para determinar quiénes podían continuar en el proceso y cuáles fueron los fundamentos concretos para excluirlos.
La discusión, por lo tanto, no se reduce a quién obtiene finalmente el cargo. El interrogante central es si todos los participantes tuvieron las mismas condiciones y si las decisiones adoptadas durante el proceso pueden ser sometidas al control público.
“NO ME DEJARON VER EL EXPEDIENTE”
Uno de los participantes recordó además que meses atrás había denunciado públicamente que, cuando concurrió a la Legislatura, no le permitieron acceder al expediente del concurso.
Según su relato, luego de hacer pública esa situación recibió un correo electrónico de la Legislatura cerca de las 20 horas invitándolo a concurrir para “ver el expediente y consultar dudas”.
El postulante considera llamativa la situación porque, según sostiene, como participante del concurso tenía derecho a acceder a la información y consultar la documentación correspondiente sin necesidad de realizar previamente una denuncia pública en los medios.
El episodio suma otra pregunta al debate: ¿por qué fue necesario que un postulante hiciera público el reclamo para que posteriormente se lo invitara formalmente a consultar el expediente?
PEDÍAN HABLAR TODOS JUNTOS CON LOS LEGISLADORES
Otro de los puntos señalados por los participantes es que la presentación realizada el 26 de junio no solicitaba una serie de reuniones individuales. El pedido, según explicaron, era que todos los postulantes reclamantes pudieran ser recibidos conjuntamente por los legisladores para exponer los cuestionamientos y ponerlos al tanto de la situación.
La respuesta recibida, de acuerdo con el relato de los participantes, no habría dado lugar a ese pedido en los términos planteados. Para quienes reclaman, la diferencia no es menor. Consideran que una reunión conjunta habría permitido que todos los legisladores escucharan directamente las objeciones formuladas por quienes quedaron fuera del concurso y evitar que el conflicto quedara reducido a intercambios individuales.
¿UN RECLAMO POLÍTICO O UN PEDIDO DE TRANSPARENCIA?
En los últimos días, Victoria Vuoto cuestionó las críticas y buscó encuadrarlas dentro de una disputa política. Sin embargo, los postulantes sostienen que esa explicación no responde a las cuestiones centrales que vienen planteando.
Porque la discusión no comenzó con una declaración de un dirigente opositor ni con una crítica partidaria. Comenzó con postulantes que quedaron excluidos, presentaron recursos y solicitaron explicaciones ante la propia Legislatura.
Reducir el conflicto a una “opereta política” implicaría dejar sin respuesta las preguntas concretas sobre los criterios de admisión, los fundamentos de los rechazos, el acceso a los expedientes y la publicidad de la documentación del concurso.
Y justamente allí aparece uno de los principales problemas de la controversia: si el procedimiento fue transparente y se desarrolló de acuerdo con las reglas establecidas, la respuesta debería poder demostrarse con documentación y no solamente con declaraciones políticas.
EL ANTECEDENTE QUE COMPLICÓ AL CONCURSO
El proceso ya había quedado bajo cuestionamiento público por otros aspectos vinculados con su desarrollo. Las críticas alcanzaron incluso medios nacionales, que pusieron el foco sobre la falta de publicación de documentación, los antecedentes de los postulantes y las relaciones existentes entre participantes y personas vinculadas con la comisión que tuvo a su cargo el proceso.
En particular, se cuestionó públicamente la situación de Sabrina Marcucci, quien quedó posicionada en los primeros lugares del orden de mérito y mantiene vínculos profesionales y personales reconocidos públicamente con integrantes de la comisión y que se demotro que hay un vinculo de amistad entre ambas, en donde se las ve en fotos juntas.
La situación generó interrogantes sobre la necesidad de garantizar una absoluta transparencia y ausencia de conflictos de intereses en un concurso destinado a elegir a quien tendrá a su cargo la defensa de los derechos de niños y adolescentes de toda la provincia.
UNA DEFENSORÍA CON PODER Y PRESUPUESTO
El cargo que está en discusión tampoco es menor. La Defensoría del Niño constituye un organismo que tendrá una función institucional sensible y manejará recursos propios dentro de una estructura con autonomía funcional y presupuesto.
Por eso, la discusión sobre quién ocupará el cargo y cómo se llega a esa designación no puede ser considerada una cuestión administrativa secundaria. La selección debe ofrecer garantías suficientes de idoneidad, transparencia, igualdad entre los postulantes e independencia respecto de cualquier estructura política.
Precisamente por el peso institucional que tendrá la nueva Defensoría, cualquier sospecha sobre un concurso direccionado o sobre la existencia de candidatos favorecidos debería ser despejada con documentación, publicidad y explicaciones verificables.
CUATRO O CINCO POSTULANTES DECIDIERON HABLAR
Otro dato que los propios participantes consideran significativo es que, de los 41 postulantes excluidos, solamente una pequeña parte decidió hacer públicas sus objeciones.
Según explicaron, la mayoría optó por no continuar con los reclamos. No necesariamente porque estuvieran de acuerdo con la decisión, sino por cansancio, falta de expectativas o por la percepción de que reclamar ante determinadas estructuras institucionales termina siendo una batalla difícil de sostener.
De los 20 postulantes que presentaron recursos, solamente 11 participaron de la presentación conjunta y apenas cuatro o cinco decidieron posteriormente hablar públicamente.
Esa situación, lejos de invalidar el reclamo, plantea otra cuestión: ¿cuántas irregularidades quedan sin denunciar simplemente porque quienes las padecen prefieren abandonar antes que enfrentarse a una estructura institucional?
El concurso para la Defensoría del Niño todavía tiene demasiadas preguntas abiertas. Los postulantes excluidos aseguran haber presentado formalmente sus reclamos el 26 de junio, cuestionan los fundamentos de su exclusión y sostienen que todavía no obtuvieron una respuesta que despeje las dudas planteadas.
Frente a eso, la respuesta política de Victoria Vuoto parece concentrarse en descalificar las críticas como una disputa política. Pero el problema es que un reclamo administrativo no desaparece porque se lo califique de político.
Si la Legislatura considera que el concurso fue absolutamente transparente, debería poder demostrarlo publicando toda la documentación, explicando los criterios utilizados y respondiendo uno por uno los planteos realizados por los postulante,y si no existe nada que ocultar, la mejor respuesta no debería ser acusar a los críticos de operar políticamente, sino abrir los expedientes, mostrar los antecedentes, explicar las decisiones y someter todo el proceso al control público.
Porque la Defensoría del Niño no puede comenzar su historia institucional cargando con sospechas sobre el mecanismo utilizado para elegir a quien estará al frente.
La cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿se trató de un concurso transparente en el que todos los postulantes tuvieron igualdad de condiciones o hubo decisiones que terminaron favoreciendo a determinados candidatos?
Esa pregunta no la responde una declaración política. La responden los documentos.
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Además de Petrina ¿Vuoto quiere seguir metiendo jueces? Nos van a reventar a todos los que tengan un juicio de familia
ResponderBorrarLo mismo que hicieron en Nación que sacaron del medio a los mejores,no les dejaban ver los expedientes, les cambiaban las normas del concurso, y terminaron nombrando a una peronchokuka abortera amiga de Kicillof que quedó 20 en el orden de mérito.
ResponderBorrarLos peronchokukas DERRUYEN TODO, ponen a sus amigos inútiles y pro aborto a supuestsmente defender niños!
LEGUSLADORES COMPLICES!!
si estan los vuoto metidos en el medio es trucho o acomodo no hacen nada que no sea para beneficiarse a ellos y sus obsecuentes. se tiene que anular el concurso y empezar todo de cero
ResponderBorrarTodo lo que tocan los kukas lo salpican de mierda. Son un cancer putrefacto
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