Ushuaia acusa a la provincia de asfixiarla: millonaria deuda y crece la tensión política con el gobierno de Melella

Ushuaia acusa a la Provincia de retener fondos y generar un ahogo financiero. Crece la tensión política con el gobierno de Melella.

El conflicto por la coparticipación en Tierra del Fuego dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una crisis política abierta. Desde el Municipio de Ushuaia acusan directamente al Gobierno provincial de sostener un esquema de asfixia financiera que compromete el funcionamiento de la ciudad.

La jefa de Gabinete municipal, Yésica Garay, fue clara al advertir que la deuda por coparticipación supera los 12 mil millones de pesos y que ya se acumulan más de 30 días de atraso, una situación que calificó como “sin precedentes”.

Pero más allá de los números, el mensaje político es contundente: el Municipio señala que la Provincia no está cumpliendo con una obligación básica, que es transferir los recursos que no le pertenecen, sino que corresponden a los fueguinos y, en este caso, a los vecinos de Ushuaia.

Con el 87,5% de su presupuesto atado a estos fondos, la ciudad queda prácticamente paralizada por decisiones que se toman en el ámbito provincial. La consecuencia es directa: servicios en riesgo, obras frenadas y salarios bajo presión.

En este escenario, el silencio del gobierno de Gustavo Melella comienza a pesar tanto como la deuda misma. Desde el Ejecutivo municipal aseguran haber presentado reclamos formales ante legisladores y Casa de Gobierno, sin obtener respuestas concretas.

La falta de reacción no solo agrava la crisis, sino que expone una decisión política: retener recursos en un contexto donde los municipios dependen de esos fondos para sostener su funcionamiento diario.

Mientras tanto, la tensión ya se trasladó a la calle. Trabajadores y gremios se movilizaron masivamente en defensa de los recursos municipales, en un claro mensaje contra la administración provincial.

Ante este panorama, el Municipio no descarta judicializar el conflicto, lo que marcaría un punto de quiebre institucional. Llevar a la Justicia un reclamo de coparticipación no es un dato menor: implica reconocer que el diálogo político está completamente roto.

El trasfondo es evidente: una Provincia que no transfiere fondos y un Municipio que queda atrapado en una crisis que no generó. En medio, los vecinos, que terminan pagando el costo de una disputa política que lejos está de resolverse.