Movilización sindical en Ushuaia mientras el conflicto ya quedó en manos de la Corte Suprema

Movilización sindical en Ushuaia contra la intervención del puerto, mientras un dictamen fiscal dejó la causa en manos de la Corte Suprema.

El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó este martes un nuevo capítulo político y judicial. Mientras referentes sindicales y trabajadores realizaron una movilización frente a la Dirección Provincial de Puertos, en rechazo a la medida dispuesta por el Gobierno Nacional, la causa judicial quedó virtualmente fuera del ámbito fueguino y se encamina a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (VER)

La protesta se desarrolló durante el mediodía, con la participación de organizaciones gremiales nucleadas en la CGT Ushuaia, que expresaron su rechazo a la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Bajo la consigna “El puerto no se toca”, los manifestantes cuestionaron lo que consideran una decisión política que afecta la autonomía provincial y la estabilidad laboral.

Un reclamo político en paralelo a un revés judicial

Más allá del plano gremial, el dato central del día estuvo en la Justicia. El dictamen de la fiscal federal Candela Fernández Núñez fue categórico al señalar que el Juzgado Federal de Ushuaia no es competente para intervenir en una disputa entre el Estado provincial y un organismo nacional, dejando el conflicto en manos de la competencia originaria de la Corte Suprema.

En ese mismo pronunciamiento, la fiscal descartó la posibilidad de otorgar la medida cautelar solicitada por el Gobierno provincial, al considerar que suspender la intervención implicaría avanzar sobre el fondo de la cuestión, algo improcedente para un tribunal sin competencia.

La intervención sigue vigente

Con este encuadre, la consecuencia inmediata es clara: la intervención del Puerto de Ushuaia continúa plenamente vigente. Hasta que la Corte Suprema decida admitir el caso y pronunciarse —un proceso sin plazos breves—, la administración nacional mantiene el control operativo y administrativo del puerto.

En términos políticos, esto refuerza la posición del Gobierno Nacional y coloca al Ejecutivo provincial en un escenario de tiempos judiciales largos, donde la resolución del conflicto queda supeditada a una instancia excepcional.

Fondos, soberanía y un conflicto que se estira

Desde los gremios se volvió a señalar que la intervención no responde a razones técnicas sino a una disputa por el control de recursos estratégicos, en referencia a los fondos portuarios cuestionados por la ANPYN y al marco de la Ley Provincial 1596.

El puerto fue definido como un activo clave para la Provincia, no solo por su rol económico y laboral, sino por su valor geopolítico, como puerta de acceso a la Antártida y eje del Atlántico Sur.

Tiempo judicial y presión limitada

El dictamen fiscal también dejó expuesta una falencia en la estrategia legal provincial, al advertir que la acción debió haber sido promovida directamente por la Fiscalía de Estado, lo que agrega complejidad a un trámite que ya se perfila extenso.

En ese contexto, la movilización sindical funcionó más como gesto político y advertencia, que como un hecho de presión masiva, en un conflicto donde la definición final no se jugará en la calle sino en los tribunales.

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