Melella permitió el ingreso de una petrolera británica que operó ilegalmente en Malvinas, admitiendo información falsa

Melella autorizó a Harbour Energy, petrolera británica que operó en Malvinas, usando datos falsos y violando leyes de soberanía nacional.

A pesar de rechazar públicamente el traspaso accionario, el Gobierno de Tierra del Fuego habilitó el ingreso de Harbour Energy —empresa que operó en Malvinas bajo licencia británica— a la explotación offshore en el litoral fueguino, utilizando información falsa y eludiendo leyes nacionales.

En un escándalo que compromete directamente la soberanía argentina y revela una red de complicidades políticas, el Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, autorizó la participación de la petrolera británica Harbour Energy en la explotación del Área Marina Austral 1, pese a que la compañía había operado ilegalmente en el yacimiento Sea Lion en las Islas Malvinas.

La maniobra fue posible tras la compra por parte de Harbour, en 2024, de los activos globales de Wintershall Dea, incluidos sus proyectos en Argentina, como el offshore Fénix en el litoral fueguino —junto a Total y Pan American Energy— y concesiones en Vaca Muerta. Aunque la adquisición fue anunciada el 21 de diciembre de 2023, su cierre formal ocurrió entre el 3 y 4 de septiembre de 2024.

Pese a haber manifestado públicamente su oposición, tanto el gobernador Melella como el entonces ministro de Energía Alejandro Aguirre y el secretario de Malvinas Andrés Dachary, terminaron avalando el traspaso. El 14 de febrero de 2024, Aguirre afirmaba: “Lo que hemos analizado con Dachary es rechazar el acuerdo. Primero públicamente, y después poner sobre aviso que no vamos a permitir ninguna cesión”. Pero esa declaración quedó en la nada.

Según la Ley Nacional N° 26.659 (“Ley Pino Solanas”), está prohibido otorgar permisos a empresas que hayan operado en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para evadir esta norma, Harbour Energy mantuvo la denominación “Wintershall Dea Argentina” aunque ya operaba bajo la conducción del ingeniero Martín Rueda, su apoderado y Director General en el país.

El 4 de septiembre de 2024, día en que se oficializó el traspaso, el ministro Aguirre reiteraba en medios locales que “no se iba a autorizar el ingreso de Harbour Energy”. Sin embargo, lo cierto es que el 30 de junio de 2025, el gobernador Melella firmó un decreto que amplía los contratos petroleros de la empresa usando información falsa. El expediente fue girado a la Legislatura el 1 de julio y aprobado el 8, sin pasar por el Tribunal de Cuentas ni por el Fiscal de Estado, según reveló el medio Agenda Malvinas.

En su propio sitio web, Harbour Energy reconoce sin eufemismos su participación directa en Tierra del Fuego y Neuquén: “En Argentina, somos un importante proveedor de energía y uno de los principales productores de gas natural del país”, señala. Detallan además que operan en la Cuenca Marina Austral (CMA-1) y en las concesiones onshore Aguada Pichana Este y San Roque.

Por el contrario, Wintershall Dea no actualiza su página desde septiembre de 2023, cuando celebraban 45 años de operación en Argentina y destacaban el proyecto Fénix como el mayor desarrollo offshore nacional.

La evidencia es contundente: el gobierno de Tierra del Fuego autorizó a una empresa que fue accionista principal en una explotación hidrocarburífera ilegal en las Malvinas. La implicación de Harbour en el yacimiento Sea Lion es un hecho comprobado. Fue parte clave del proyecto entre 2021 y 2022, cuando absorbió a Premier Oil, empresa que había acordado su participación en Malvinas en 2012 junto a Rockhopper Exploration.

Cuando Harbour Energy decidió retirarse del proyecto, su lugar fue ocupado por la israelí Navitas Petroleum. A pesar de ello, la participación pasada de Harbour como operador en un yacimiento ubicado en territorio argentino usurpado por el Reino Unido, debería haber sido motivo suficiente para impedir su presencia en el país, tal como lo establece la ley.

Sin embargo, el ingreso fue permitido gracias a una cadena de complicidades: el Ejecutivo nacional y provincial, la Legislatura fueguina, Total, Pan American, y las empresas involucradas en la transacción. Todos actuaron con conocimiento del trasfondo político y legal que vulnera la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que obliga a mantener el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas.

En paralelo, mientras se autorizaba a Harbour Energy a operar en Tierra del Fuego, Argentina continuaba reclamando en foros internacionales contra la explotación unilateral de recursos en el Atlántico Sur por parte del Reino Unido. Esta doble moral expone una contradicción de fondo: mientras se reafirma la soberanía en los discursos, se entrega en la práctica.