Sánchez Posleman mantiene el corte a OSEF y cuestiona la ley: “Sin convenio, no hay servicio”

Sánchez Posleman mantiene el corte a OSEF y exige respeto al convenio. Crece el debate sobre la dependencia del Estado del sector privado en salud.

El conflicto entre la Clínica San Jorge y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) continúa sin solución. Desde el pasado 10 de julio, los afiliados de la obra social estatal deben pagar consultas y prácticas médicas de forma particular, debido a la suspensión de servicios impuesta por el titular de la clínica, el Dr. Carlos Sánchez Posleman.

El médico y empresario sostuvo que no retomará la atención hasta que se respete el convenio vigente, el cual contempla una actualización automática de aranceles según los aumentos salariales de los trabajadores estatales. “No podemos seguir atendiendo si no se cumple lo pactado. Mi gente también trabaja y merece cobrar como los empleados públicos”, afirmó en declaraciones a la prensa local.

Los costos de la atención particular son imposibles para la mayoría: una consulta ronda los 45 mil pesos, y un análisis de sangre completo puede superar los 200 mil pesos, lo que deja fuera del sistema a miles de afiliados que dependen exclusivamente de la cobertura estatal.

Respecto a la ley sancionada recientemente por la Legislatura, Sánchez Posleman fue crítico. Consideró que se trata de una medida “insuficiente”, que aporta fondos extraordinarios –como utilidades del Puerto o partidas de la Caja Previsional– pero no resuelve el problema estructural de OSEF. “Así no se sale del déficit. Hay que trabajar en una alternativa sostenible a largo plazo”, indicó.

Pero la polémica no se agota ahí. El corte en las prestaciones puso en evidencia la profunda dependencia del sistema público de salud respecto del sector privado, en particular de esta clínica, la cual ha monopolizado durante años una parte significativa de la atención médica especializada en la provincia.

El propio Posleman admitió que la deuda del Estado con su clínica asciende a 9 mil millones de pesos, aunque aclaró que no exige su pago inmediato. “Solo quiero que reconozcan el contrato firmado”, dijo, en una postura que muchos interpretan como una forma de extorsión blanqueada bajo la figura de un reclamo contractual.

Mientras tanto, los más perjudicados son los afiliados: jubilados, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que ven cómo su aporte mensual no les garantiza ni una consulta médica.

La pregunta que surge del denominador común del Ushuaiense es ¿si el Estado invirtiera esos 9 mil millones en fortalecer el sistema público de salud, ¿de qué viviría Posleman?”, cada vez se preguntan más ciudadanos y referentes del ámbito sanitario. ¿No es momento de que la Provincia deje de depender de prestadores privados que pueden cortar servicios cuando lo desean? ¿Por qué no se trabaja en un modelo de salud estatal fuerte, integral y soberano que no deje a los fueguinos a merced de decisiones empresariales? si bien esta claro que son años de desfinanciamiento y mal manejo, que incluso en el peor momento de OSEF funcionarios acomodan familiares y novias en lugares claves, es hora de que se tome la salud de los fueguinos enserio. 

Por último, el empresario criticó con dureza la actitud de legisladores y gremios: “De solidarios no tienen nada. Se está jodiendo a la gente enferma. Y que los legisladores saquen una ley por unanimidad en 24 horas, después de discutir cuatro meses, es una falta de seriedad total”.