Otra vez sin clases: ¿Y si los médicos no atendieran ante una urgencia? ¿Y si la policía no acudiera ante un delito? que opinaría Catena

Semana de desobligaciones por SUTEF y los aestudiantes siguen perdiendo

En medio de una semana con desobligaciones y paros, cabe hacerse una pregunta elemental, que muchos padres y ciudadanos de a pie se plantean en silencio: ¿qué pasaría si otros sectores esenciales como la salud o la seguridad adoptaran la misma lógica de reclamo? Esto es defender a la Educación Pública? 

¿Qué ocurriría si un médico decidiera no atender a un paciente como forma de presión? ¿O si una enfermera se negara a prestar auxilio en plena emergencia? ¿Y si la policía no acudiera ante un robo o un accidente porque sus agentes están en huelga? La respuesta es simple: sería escandaloso, inaceptable… y, por supuesto, impensado. Sin embargo, con la educación parece estar todo permitido.

El reclamo por mejores salarios y condiciones laborales puede ser legítimo —como en muchos otros sectores públicos—, pero la metodología elegida por el gremio que conduce Horacio Catena no hace más que perjudicar a los chicos, interrumpiendo su derecho a aprender, truncando proyectos escolares, y frustrando el esfuerzo de miles de familias que no tienen otra opción educativa. Que pasa con los docentes del sector privado si paran, la respuesta es fácil, te rajan. 

Que otra medida se podría tomar por parte de los docentes, dar clases en otros horarios juntando alumnos de varias clases, realizar actividades para que los alumnos hagan en sus casas, dar tareas con lecturas obligatorias, en fin, se pueden proponer muchas actividades, pero dejar si clases y educación no parece una medida que sea en Apoyo y defensa de la educacion publica que ya se usa como eslogan. 

Porque seamos claros: el paro no incomoda a Gustavo Melella, tampoco al ministro Pablo López Silva, ni a los funcionarios que suelen negociar desde cómodos escritorios. A quienes verdaderamente golpea esta medida es a los estudiantes, especialmente a los de sectores más vulnerables, que dependen del sistema público para recibir educación, contención y, muchas veces, el único plato de comida del día.

Y si hablamos de bajos salarios, ¿qué diferencia al docente del médico, el policía,  el administrativo estatal o los mismos bomberos? Todos enfrentan dificultades económicas. La diferencia es que no todos usan a terceros como rehenes para expresar su malestar. Muchos optan por otras alternativas, como migrar al sector privado, como ocurre con los profesionales de la salud que abandonan hospitales públicos y se suman a clínicas como San Jorge, en Ushuaia, por dar un ejemplo.

El derecho a huelga está garantizado por la Constitución, sí. Pero también lo está el derecho de los niños a recibir educación, y hoy, ese derecho está siendo pisoteado. Y lo más preocupante es que nadie asume el costo de lo perdido, de lo que no se enseña ni se aprende. Si el aumento llega, ¿quién devuelve las clases que no se dieron? ¿Quién repara el daño pedagógico? Que daran mas horas de clases? El servicio no prestado, se tendría que pagar, porque se paga con el impuesto de todos los fueguinos. 

La comunidad educativa necesita diálogo y compromiso. Pero también necesita docentes que, más allá de sus reclamos, pongan en el centro a los alumnos. Porque si la respuesta a todo conflicto salarial será cerrar las aulas, entonces la escuela pública está condenada al fracaso.

LTA