Dos mil lotes pero solo para los okupas

El negociado de tierras en Rio Grande parece recién comenzar y los beneficiarios serán los actuales y los futuros okupas que tendrán mas de ...

El negociado de tierras en Rio Grande parece recién comenzar y los beneficiarios serán los actuales y los futuros okupas que tendrán mas de mil cien lotes para repartirse de acuerdo a la postura de los legisladores de Encuentro Popular. Pero ya se conoció la postura contraria del bloque del FPV quienes no acompañará el proyecto de expropiación de tierras de la Margen Sur como fue planteado por el oficialismo (ver), que intentan que los terrenos que quedaran libres luego de la expropiacion mas de 1100 lotes, van a ser “ocupados con la demanda de barrios con problema social”, no respetando los listados de los inscriptos en el IPV . Desde el FPV, sostienen que el predio incluye más de dos mil lotes, de los cuales menos de la mitad (900) de ellos están ocupados, en algunos casos por extranjeros y muchos de ellos por una única persona sin núcleo familiar, según un censo del 2008 y que el resto mil cien lotes debería distribuirse de acuerdo a la prioridad de los listados de postulantes en Tierras y en el IPV. Entre las ocupaciones ilegales hay okupas recién llegados a la provincia que accederían a una solución habitacional, en perjuicio de los que respetaron la ley y están esperando una respuesta. El gobierno todavía no plasmó la fuente de financiamiento de las tierras que piensa comprar por un valor de 18 millones de pesos, según manifestaron desde la Legislatura.

Esta semana se analizó en la comisión 1 el proyecto de expropiación de tierras de la Margen Sur para resolver las ocupaciones ilegales, con una fuerte oposición del FPV a la propuesta oficial.

Se basa en la pretensión de seguir alentando ocupaciones de parte de personas recién llegadas, sin respeto a los que figuran inscriptos en los listados de la Dirección de Tierras y el Instituto Provincial de Vivienda, y sin un censo actualizado que permita conocer a quiénes beneficiará la medida.

Cabe recordar que a cargo de la presidencia de la comisión estuvo el legislador Osvaldo López, quien había convocado a vecinos de los barrios que conforman la Margen Sur. Participaron representantes del gobierno que trabajan con el plan PROMEBA y dirigentes con experiencia en el tema de reubicaciones y contención social a gente con problemas habitacionales.

Sin embargo el dictamen se demoró por falta de acuerdo y llegó a firmarse solamente con los votos del oficialismo, aunque adelantó el acompañamiento el legislador Velázquez. “En realidad hoy tenemos más dudas que certezas y además fundamentos ideológicos que vamos a mantener firmes”, señaló la legisladora Ana Lía Collavino.

Más de dos mil lotes en juego

Collavino explicó que el proyecto de expropiación que plantea el gobierno originalmente era de un solo lote, pero luego “se amplió a los cinco o seis lotes más y entre todos conforman una superficie de 85 hectáreas. Haciendo un número muy grosero y calculando lotes de 12 x 20, en ese sector se podría estar hablando de unos 2.300 lotes”, estimó, con la sorpresa de que las ocupaciones ilegales de acuerdo a informes del PROMEBA, registran menos de mil familias asentadas.

Desde el oficialismo se explicó que los terrenos libres van a ser “ocupados con la demanda de barrios con problema social” y allí se originó la primera discusión, dijo la parlamentaria: “Entendemos que las familias que están en la Margen Sur tienen serios problemas en cuanto a la forma en que viven, las condiciones de salubridad y habitabilidad, pero también entendemos que la necesidad no está sólo en las familias que ocupan este predio sino en aquellos que decidieron respetar la ley, que están pagando un alquiler y seguramente están pasando necesidades para poder pagar ese alquiler; o están viviendo en la casa paterna, o han hecho una casillita en la casa de los padres o de los suegros”, mencionó Collavino.

Subrayó que el bloque peleará por la “equidad y justicia”, para que los más de mil terrenos que quedarían libres sean “afectados a la demanda general” y se respeten “los parámetros de antigüedad para ser otorgados”. “Esto no figura en el proyecto de ley oficialista. Aparentemente tampoco coinciden ellos con este principio de equidad y justicia para aquellos que hoy pagan un alquiler”, aseguró la legisladora.

¿Ser okupa para tener terreno?

La política oficial parecería beneficiar a la ilegalidad antes que a los que respetan las normas y esperan, y esta posibilidad debe ser salvada en el proyecto, remarcó Collavino.

“Más o menos ese es el concepto y obviamente no lo comparte el bloque. No lo compartimos porque los dirigentes barriales plantearon que hay gente que está desde enero en la Margen Sur. No nos parece justo que podamos avanzar en un proyecto de expropiación de 85 hectáreas donde tenemos soluciones para dos mil familias y no queda claro cuál es el orden de prelación que se le va a dar a la adjudicación de esos terrenos”, sostuvo.

La expropiación, además, no es gratuita, ya que el ministro de Economía estimó un monto de 18 millones de pesos que se debería desembolsar, aunque el proyecto oficial no prevé todavía el financiamiento y la posibilidad de pagarlo con los fondos de la soja que coparticipa la provincia cambió repentinamente de destino.

“El ministro Bahntje dijo que los fondos de la soja iban a ir a este destino pero ahora dice que irían a Salud”, expuso la legisladora aunque, como es costumbre, hasta ahora todo se maneja verbalmente y no hay nada oficialmente escrito sobre este punto.

Censo desactualizado

Collavino objetó también la pretensión de “aprobar una expropiación sin un censo de quiénes están ahí, sin un anteproyecto, sin saber de qué estamos hablando, y en épocas previas electorales. El tema tierra siempre ha sido importante en la provincia y no se soluciona con mil o dos mil terrenos, pero creemos que tienen que ser adjudicados con un principio de justicia y equidad”, insistió, adelantando que el bloque ingresará una “redacción alternativa al proyecto de ley que contempla estas cuestiones y, tal vez una vez buscados los consensos, esto salga”.

En el censo realizado en 2009, que forma parte de la Comunicación Oficial N° 56 de 2010 –disponible íntegramente en la página de Internet de la Legislatura-. En el detalle de las viviendas visitadas se puede constatar la presencia de extranjeros, varias casas sin habitar y sólo el registro de una persona por vivienda, sin detalle de grupo familiar, situación económica y demás datos que justifiquen el beneficio de un terreno o el encuadre en los parámetros que se fijan para todos los que aspiran a una solución habitacional.

Tres años como mínimo

Por otra parte, y ante la posibilidad de promesas electorales circulando entre la gente que espera una respuesta, Collavino aclaró que se debe bajar el nivel de expectativas porque el proceso de expropiación puede llevar tres años.

“Los vecinos de la Margen Sur tienen un nivel de angustia muy alto, porque viven mal, sus hijos pasan frío, pero la realidad es que un juicio de expropiación lleva de dos a tres años y esto hay que decirlo. Si esta ley sale, la solución es a tres años, no es ahora. Nosotros creemos que hay que tomar los recaudos para que, en el momento que salga la ley, no sea invadido todo el sector y quede relegada la gente que elige cumplir con la ley vigente. Si los vecinos que están en la Margen Sur están inscriptos en el IPV y en Tierras, seguramente la gran mayoría va a entrar dentro de esta demanda”, garantizó.

No es esa la posición que defendieron los oficialistas disidentes, en particular Osvaldo López y Verónica De María, pero para Collavino se están confundiendo al pensar en “quiénes pasan necesidades y quiénes no”.

“Todo aquel que no tiene dinero tiene una necesidad y cada uno la evacúa como puede o como elige poder. En Ushuaia tenemos gente ocupando irregularmente cuando sus sueldos superan los veinte mil pesos, o sea que hay una elección clara. Sabemos que no es el grueso de la Margen Sur, pero también sabemos que el que está hace seis meses no puede ni debe tener los mismos derechos que el vecino que ha respetado la ley y está esperando en un listado y pagando alquiler. La ley tiene que contemplar un rango de justicia y equidad”, sentenció.