Fotomultas en Ushuaia: el negocio millonario que el oficialismo quiere dejar cerrado antes del final de Vuoto

Pelloli impulsa las fotomultas en Ushuaia. La experiencia bonaerense abre dudas sobre contratos, recaudación y quién manejará el sistema.

El Concejo Deliberante tiene en tratamiento un proyecto impulsado por el Partido Justicialista, que en Ushuaia es Kirchnerista, que busca establecer el marco normativo para utilizar cinemómetros y otros instrumentos destinados a detectar y comprobar infracciones de tránsito y convertirlas posteriormente en multas.

El expediente lleva el número 568/2026 y tiene como impulsor al concejal Nicolás Pelloli, uno de los dirigentes del oficialismo municipal, es ahí donde aparece la verdadera discusión.

Porque las fotomultas no son solamente una cámara colocada frente a un semáforo o un radar controlando una avenida. Detrás de cada infracción automática existe un sistema tecnológico que debe capturar la imagen, almacenar los datos, procesar la evidencia, validar la infracción, emitir el acta, notificar al conductor y administrar posteriormente el cobro o los descargos. Esto, no deja de ser una de las cajas mas grandes que quiere imponer el Kirchnerismo de Ushuaia antes de que lleguen las elecciones. Porque es el apuro despues de más de 8 años de manejar la municipalidad?

Seguridad vial o una nueva caja municipal

La utilización de tecnología para detectar exceso de velocidad, cruces indebidos o determinadas infracciones puede tener una finalidad legítima de prevención y seguridad vial. El problema aparece cuando la discusión se reduce exclusivamente a instalar dispositivos sin explicar de manera completa cómo funcionará el sistema económico y administrativo que los acompañará y quien será quien se quede con la caja, ademas de la Municipalidad, como paso en otras localidades de Argentina, que también son gobernadas por Kirchneristas.

Ushuaia ya tiene antecedentes de discusiones sobre recaudación, contratos y servicios tercerizados que muestran la importancia de conocer de antemano quién presta un servicio, cuánto se paga, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

Por eso, el proyecto de fotomultas debería ser analizado con una exigencia adicional de transparencia. No alcanza con saber dónde se colocarán los radares. Los vecinos deberían poder conocer cuánto costará el sistema, quién podrá participar, cómo será seleccionado el proveedor, quién tendrá el control de los datos y cuál será el destino de los recursos obtenidos. Cosas que siempre se saben al final, cuando ya esta todo arreglado. 

Porque si el objetivo es exclusivamente mejorar la seguridad vial, el Estado debería poder demostrarlo con indicadores concretos: reducción de accidentes, disminución de determinadas infracciones y mejora de los niveles de cumplimiento. Por otro lado, se busca incorporar tecnologia, pero lo básico todavia no esta. Las calles son un desastre y no se dan expicaciones, por ejemplo, en los millones que se gastan en la UISE (Empresa municipal que es totalmente deficitaria)

Si además el sistema genera una recaudación significativa, esa dimensión económica también debe quedar expuesta. No creemos que las empresas que sea adjudicataria se elija por contratación directa, no?

En la provincia de Buenos Aires existen desde hace años empresas dedicadas a proveer cinemómetros, cámaras, software y servicios de procesamiento de infracciones. Una de las compañías que aparece reiteradamente en los antecedentes es Secutrans, vinculada periodísticamente con convenios en municipios como Hurlingham, Escobar, Malvinas Argentinas, San Isidro y La Matanza, entre otros. Los propios acuerdos pueden establecer modalidades y porcentajes diferentes según cada jurisdicción.

En La Matanza, gobernada durante años por Fernando Espinoza, el propio municipio informa que las fotomultas están incorporadas al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito desde mayo de 2017.

En Hurlingham aparece otro antecedente políticamente significativo. Damián Selci fue identificado públicamente como dirigente de La Cámpora y como candidato de esa organización para conducir el municipio. En ese distrito también existen antecedentes de utilización de sistemas de fotomultas y vínculos contractuales con empresas del sector.

Escobar completa el mapa de municipios donde aparecen antecedentes de este tipo de servicios.

El punto importante es que una parte importante del mercado de las fotomultas se desarrolló en municipios gobernados por dirigentes peronistas y, en algunos casos, vinculados al kirchnerismo, mientras empresas privadas fueron incorporándose a la prestación de estos servicios. Ese antecedente merece ser mirado en Ushuaia.

Una denuncia judicial puso el sistema bajo la lupa

La cuestión dejó de ser solamente una discusión política cuando distintas investigaciones judiciales comenzaron a revisar cómo se habían armado algunos de esos contratos.

En 2025, la Justicia Federal investigó convenios firmados por once municipios con la Universidad Nacional de San Martín para la administración del cobro de multas. Entre las jurisdicciones mencionadas aparecen La Matanza y San Isidro, además de otros distritos. La hipótesis investigada apuntó a determinar si el dinero de las fotomultas era derivado a la universidad para que posteriormente se contratara a las empresas privadas que prestaban el servicio.

La investigación tomó una dimensión mayor en abril de 2026, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció un presunto esquema de coimas, lavado de dinero y desvío de fondos relacionado con empresas y actores académicos vinculados al sistema. Según la denuncia, convenios entre municipios y la UNSAM podían utilizarse para evitar licitaciones y canalizar fondos hacia empresas privadas.

Las empresas involucradas han rechazado las acusaciones y sostuvieron que las auditorías realizadas no detectaron irregularidades en determinados servicio. Pero para una ciudad que está a punto de discutir su propio sistema, el antecedente resulta demasiado importante como para ignorarlo.

Porque la pregunta ya no es solamente quién coloca el radar. La pregunta es quién controla todo lo que ocurre después de que el radar dispara.

San Isidro y Quilmes muestran dos caras del mismo problema

Otro antecedente que merece atención es San Isidro. Allí la Justicia investigó convenios relacionados con la administración de multas y el circuito de recursos derivados de las infracciones. El expediente puso bajo análisis la relación entre municipios, universidades y empresas proveedoras del sistema y mientras la Justicia investigaba contratos anteriores, Quilmes (Otro municipio kirchnerista) avanzó con un modelo de enorme dimensión.

La ordenanza y el pliego licitatorio de ese municipio establecieron un sistema de detección electrónica de infracciones cuya implementación, puesta en marcha, gestión y administración sería concesionada por diez años. El esquema contempla hasta 100 radares fijos para controlar velocidad, hasta 200 dispositivos para detectar cruces de semáforos o invasión de sendas peatonales y cámaras para controlar estacionamiento. Pero, las calles de Ushuaia seguirán esperando? Será otro negocio para la UISE, para intentar ocultar lo deficitaria que es (Mas de 1000 miinles de deficit)

Es decir: una vez que una ciudad decide tercerizar el sistema, ya no está comprando simplemente una cámara. Está contratando una estructura tecnológica y administrativa durante años.

Ese es precisamente el punto que Ushuaia debería discutir antes de avanzar.

¿Quién manejará las cámaras cuando Vuoto ya no esté? Porque por algo se busca conseguir el sistema antes del final del mandato de Walter vuoto. Quien lo propone es uno de sus súbditos mas leales, Nicolas Pelolli, quien se encarga de manejar los temas que el considera mas relevantes. 

La propia Municipalidad ha mostrado públicamente a Vuoto y Pelloli compartiendo definiciones sobre las prioridades de gestión. Sebastián Iriarte, por su parte, integró el gabinete de Vuoto como jefe de Gabinete y ocupó responsabilidades de negociaciones dentro de la estructura ejecutiva municipal y es el segundo Subdito mas leal, si esta palabra cabe en la misma oración.

Walter Vuoto transita la última etapa de su administración municipal. Nicolás Pelloli es quien impulsa desde el Concejo los acuerdos que se están viendo con FORJA, para conseguir mayoría que sería necesario para avanzar con el marco regulatorio y Sebastián Iriarte forma parte de la estructura ejecutiva que deberá instrumentar las decisiones que finalmente se adopten. Todo entre amigos, al menos, hasta que se destape la olla. 

Si Ushuaia aprueba el marco regulatorio y posteriormente adjudica un contrato de varios años, la próxima administración podría recibir un sistema ya implementado, con equipos, proveedores, plataformas, obligaciones contractuales y una determinada metodología para distribuir los recursos.

Por eso, la discusión no debería postergarse hasta que aparezca el pliego.

El pliego es precisamente el lugar donde el negocio puede quedar definido.

Pelloli sostiene que las fotomultas buscan mejorar la seguridad vial y no crear una herramienta recaudatoria. Si ese es efectivamente el objetivo, la mejor forma de demostrarlo será hacer públicos desde el principio los números, los costos, los proveedores, el mecanismo de contratación y el destino de cada peso generado. salvo que no se tenga nada y solo quieren meter la ordenanza. 

Porque los antecedentes de La Matanza, Hurlingham, Escobar, San Isidro y otros municipios muestran que detrás de una cámara puede existir una estructura empresarial que mueve millones y llamativamente, negocios que se fueron implementando en los últimos años, con los mismos proveedores y mismo color político, el Kirchnerista.