Más multas para Vecinos y menos gestión Municipal Municipal

Ushuaia impone multas de hasta 15.000 UFA mientras vecinos cuestionan las prioridades del Municipio y reclaman calles, vivienda e infraestructura.

La normativa clasifica las obras como menores, intermedias o mayores según su superficie, duración e impacto sobre la infraestructura y el tránsito. Las sanciones podrán graduarse de acuerdo con la gravedad de la intervención y los antecedentes del infractor. El decreto lleva las firmas del intendente Walter Vuoto y de la secretaria Yutrovic y quedó promulgado luego de transcurrido el plazo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

La discusión aparece cuando se observa que el Municipio parece tener una respuesta mucho más rápida para controlar, sancionar y recaudar que para resolver los problemas que los propios vecinos vienen planteando desde hace años.

Mientras se establecen multas que pueden representar sumas millonarias para una persona que realiza una obra, Ushuaia continúa acumulando reclamos por el estado de sus calles, infraestructura deficiente, problemas ambientales y falta de soluciones habitacionales. La pregunta que queda planteada es sencilla: ¿con qué nivel de exigencia se controla al propio Municipio cuando no cumple con las obligaciones que tiene sobre la ciudad?

El contraste también alcanza a quienes intentan acceder a una vivienda. Un trabajador que con esfuerzo procura construir o ampliar una casa debe afrontar permisos, requisitos, inspecciones y ahora un régimen sancionatorio que puede resultar muy costoso. Al mismo tiempo, la discusión por el acceso a la tierra continúa siendo una de las principales demandas de las familias de Ushuaia, mientras el patrimonio fiscal municipal es utilizado en distintos convenios y proyectos. Recordemos que se denuncio públicamente por presuntas Coimas para agilizar y aprobar construcciones. 

Es allí donde el cuestionamiento político se vuelve inevitable. Para controlar al vecino existe normativa, funcionarios e inspectores; para cobrar impuestos y multas también hay mecanismos aceitados. Lo que los vecinos reclaman es ver esa misma decisión cuando se trata de arreglar las calles, garantizar infraestructura, responder ante problemas ambientales o generar alternativas para quienes no tienen acceso a un terreno.

La responsabilidad tampoco recae exclusivamente sobre el Ejecutivo. El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza y los concejales que acompañan al oficialismo también forman parte de las decisiones que determinan las prioridades de la ciudad. Cada nueva herramienta de sanción debería estar acompañada por una discusión sobre las obligaciones que tiene el Estado y sobre qué recibe el vecino a cambio de los impuestos que paga.

El problema de fondo, entonces, no son las multas. Es la asimetría que perciben cada vez más vecinos entre un Municipio que exige, controla y recauda y una administración a la que le cuesta responder con la misma eficacia frente a los problemas básicos de Ushuaia.

Porque el vecino no solamente necesita que le digan qué puede o no puede hacer. Necesita calles transitables, infraestructura, respuestas ambientales y una política de tierras que también contemple a quienes todavía no tienen dónde vivir. Y ahí queda expuesta la contradicción que vuelve a atravesar a la gestión municipal: para cobrar y multar, el Estado parece estar siempre presente; cuando el vecino reclama soluciones, la respuesta suele demorarse.

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