La Corte Suprema reabrió el conflicto por las Termas del río Valdez y dejó bajo la lupa al Municipio de Tolhuin

La Corte Suprema admitió el recurso de Roanmat y reabrió el conflicto por las Termas del río Valdez, poniendo en jaque al Municipio de Tolhuin.

El conflicto judicial por las Termas del río Valdez dio un giro de alto impacto institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el recurso federal presentado por la empresa Transporte Roanmat S.R.L. contra el Municipio de Tolhuin, reabriendo una causa que el gobierno local daba por cerrada tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fueguino que ordenó el desalojo del complejo turístico.

Si bien la decisión del máximo tribunal no implica aún una resolución sobre el fondo del conflicto, sí habilita el análisis de una cuestión federal y constitucional, dejando sin efecto la aparente “sentencia definitiva” con la que el Municipio avanzó sobre el predio.

El expediente fue girado a la Secretaría Judicial Nº 4, Vocalía Nº 3, confirmando que la Corte tomó intervención formal y que el caso quedó bajo análisis del máximo órgano judicial del país.

Un fallo provincial cuestionado y una ofensiva judicial en marcha

El abogado de Roanmat, Miguel Ángel Febre, confirmó que la estrategia judicial incluyó dos presentaciones: un recurso federal ante la Corte Suprema y un pedido de reconsideración ante el propio STJ, cuestionando la legalidad del procedimiento que habilitó el lanzamiento.

“El Estado puede desalojar, pero eso no vuelve legal ni constitucional el desalojo”, sostuvo el letrado, al advertir que la resolución provincial se apoya en normas inaplicables y vulnera garantías básicas del debido proceso.

Uno de los puntos centrales de la controversia es la naturaleza jurídica del predio. La defensa sostiene que las Termas del río Valdez son un bien privado del Estado, no un bien público, por lo que el Municipio no podía recurrir a un procedimiento excepcional de lanzamiento exprés.

Ese mecanismo —previsto para rutas, aeropuertos o cementerios— habilita desalojos acelerados, pero no resulta aplicable cuando el Estado actúa como propietario privado, caso en el cual debe acudir a un juicio civil ordinario, con pleno respeto al derecho de defensa.

“No se puede usar un decreto pensado para bienes de uso público para resolver una disputa patrimonial. Eso es forzar el derecho”, explicó Febre, citando antecedentes de la propia Corte Suprema.

Una norma de la dictadura y el recorte del derecho a defensa

Otro aspecto grave señalado en la causa es que el fallo se apoya en un decreto ley de 1966, dictado durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. Según la defensa, además de su cuestionable origen, la norma impone plazos incompatibles con la Constitución Nacional.

“Notificar y desalojar en cinco días viola el artículo 18 de la Constitución. El derecho a reclamar después no repara el daño”, advirtió el abogado.

Un “per saltum” que dejó sin instancias

La empresa también acusa al STJ de haber incurrido en un per saltum impropio, al intervenir directamente sin que existiera una sentencia de primera instancia. El juez local se declaró incompetente y el máximo tribunal provincial asumió el caso y dictó una resolución definitiva.

“Se saltearon todas las etapas del proceso. Una discusión de posesión o propiedad no puede resolverse así”, sostuvo Febre.

Roanmat afirma que el Estado no ejerció posesión efectiva del predio desde 2002 y que la empresa reúne los requisitos para reclamar la usucapión, tras más de 20 años de ocupación continua con ánimo de dueño.

Sin embargo, denuncian que el Municipio de Tolhuin bloqueó el proceso, al negarse a visar el plano de mensura, exigiendo una sentencia previa que resulta jurídicamente imposible sin ese trámite.

“Es un círculo vicioso creado desde la administración municipal para impedir la regularización dominial”, denunció el letrado.

Advertencia por un juicio millonario

Más allá del plano jurídico, la causa suma un fuerte impacto económico. La defensa advirtió que el Municipio podría enfrentar una demanda millonaria por daños y perjuicios, vinculada a la destrucción de infraestructura, retiro de maquinaria y pérdida de equipamiento.

“Las gestiones pasan, pero el Estado responde. Y las deudas también se heredan”, advirtió Febre.

Una causa que escala y expone al poder local

Con la intervención de la Corte Suprema, el conflicto por las Termas del río Valdez dejó de ser un expediente local. El caso ahora expone el accionar del Municipio de Tolhuin, el funcionamiento de la Justicia fueguina y los límites del poder estatal frente a la propiedad privada y la seguridad jurídica.

Mientras el máximo tribunal analiza el planteo, el futuro del complejo termal vuelve a quedar en suspenso, en un conflicto que promete derivaciones judiciales, políticas y económicas de alto costo para el Estado municipal.

¿Creés que el Municipio actuó de manera legal en el desalojo?

¿Quién debe responder si la Corte falla en contra del Estado?

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