El Gobierno vetó la ley que eximía a la UNTDF del pago de luz, agua y cloacas

El Gobierno fueguino vetó la ley que eximía a la UNTDF del pago de luz, agua y cloacas por falta de financiamiento y riesgo al sistema.

El Gobierno de Tierra del Fuego vetó en su totalidad la ley que establecía la exención del pago de servicios públicos para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), una norma que había sido aprobada por la Legislatura provincial durante la sesión ordinaria del pasado 15 de diciembre.

La iniciativa legislativa contemplaba la eximición del 100% del pago de los servicios de energía eléctrica, agua potable y cloacas para todas las sedes de la Casa de Altos Estudios en Ushuaia y Tolhuin, e incluía además al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) en sus dependencias de Ushuaia.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió vetar completamente el proyecto, decisión que quedó formalizada a través de un decreto publicado este martes 6 de enero en el Boletín Oficial, con la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Ejecutivo, y de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo.

Falta de financiamiento y advertencias técnicas

En los considerandos del decreto, el Gobierno provincial fundamenta el veto en informes emitidos por las áreas técnicas y jurídicas de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).

Según se detalla, ambos organismos advirtieron que la norma imponía obligaciones patrimoniales a entes autárquicos sin identificar una fuente de financiamiento, lo que afectaría su patrimonio propio y vulneraría el principio de especialidad que rige su funcionamiento.

El decreto señala además que el proyecto “no cuenta con respaldo presupuestario cierto ni con previsión expresa de los recursos necesarios”, lo que configuraría un mandato legal de cumplimiento imposible, en contradicción con los principios de legalidad del gasto público, razonabilidad y responsabilidad fiscal.

Otro de los argumentos centrales del veto es que una exención total y sin compensación financiera comprometería la sustentabilidad de los servicios públicos esenciales, como la energía eléctrica y el sistema de agua potable y saneamiento.

En ese sentido, el Ejecutivo advierte que la medida podría poner en riesgo la adecuada prestación de los servicios y terminar trasladando los costos al resto de los usuarios del sistema, agravando un escenario ya complejo para las empresas públicas provinciales.

Imposibilidad de un veto parcial

Finalmente, el decreto descarta la posibilidad de una promulgación parcial de la ley. Según el texto oficial, el núcleo central de la norma está constituido precisamente por la exención y su mecanismo de financiamiento, por lo que el resto del articulado carece de autonomía normativa suficiente para sostenerse sin ese eje central.

Con este veto, queda sin efecto una medida que había generado expectativa en el ámbito universitario y científico, pero que el Ejecutivo consideró inviable desde el punto de vista financiero y administrativo.