Policías retirados sin sueldo ni cobertura médica: el drama silencioso en Tierra del Fuego

Policías retirados sin cobrar ni cobertura médica en Tierra del Fuego. Denuncian la quiebra de la Caja Previsional y el abandono del Estado.

La crisis económica y social golpea con fuerza a los policías territoriales retirados de Tierra del Fuego, quienes denuncian una situación desesperante: no cobran sus haberes desde hace tres meses y tampoco cuentan con cobertura médica.

El problema, aseguran, tiene su raíz en la quiebra de la Caja Previsional de la Policía, la entidad encargada de garantizar los pagos y servicios asistenciales a los ex uniformados. Hoy, cientos de familias quedaron sin ingresos, sin obra social y sin respuestas, enfrentando un panorama de absoluta desprotección. Lo más lamentables es que nadie se hace cargo, aunque si todo apunta todo a una decisión política de no pagar.

“No tenemos cobertura porque nuestra obra social no funciona”, expresó un oficial retirado bajo reserva de identidad, por temor a represalias o sanciones administrativas.

Los denunciantes coinciden en que la gestión de la Caja ha sido pésima, acumulando deudas por salarios, aguinaldos y prestaciones médicas. El miedo, la incertidumbre y la falta de diálogo han transformado el reclamo en un grito silencioso, sostenido solo por la dignidad de quienes alguna vez garantizaron la seguridad de los fueguinos.

En caso puntual, se puede detallar grito desesperado de un padre que tiene a un hijo con problemas urgente de salud, su hijo necesita una cirugía urgente, pero ante la falta de cobertura médica y la indiferencia burocrática, la familia tuvo que recurrir a la solidaridad de la comunidad. Desde Crónicas Fueguinas nos ponemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario. 

Una Caja en quiebra y un Estado ausente

La Caja Previsional de la Policía Territorial atraviesa una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Hoy, su quiebra técnica dejó a los beneficiarios sin haberes, sin obra social y sin previsibilidad.

Mientras tanto, el Gobierno provincial no ha dado respuestas concretas, y los afectados denuncian que el silencio oficial agrava la situación. Los reclamos se multiplican, pero el miedo a represalias y la falta de representación política los mantiene acorralados.