Cordoba se nego a declarar por corte ruta 3

El Secretario General de ATE se nego a declarar en la Justicia Federal por el corte de la ruta 3.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, fue indagado por la Justicia Federal de Ushuaia, en el marco de la causa penal que investiga el corte de la Ruta Nacional Nº3 durante 11 días consecutivos en marzo de este año, a partir del conflicto entre gremios estatales y el gobierno de la provincia por la vigencia de una reforma previsional.

Córdoba hizo uso del derecho de negarse a declarar ante el juez Federico Calvete, y a la salida del acto procesal, en el que fue patrocinado por dos abogados del sindicato, dijo que estudiará detenidamente el contenido de la acusación y de las constancias probatorias agregadas al expediente judicial.

El dirigente gremial, a quien acompañaron en solidaridad varios gremialistas de ATE Río Grande, pidió “disculpas a la población” por los inconvenientes generados a raíz de la interrupción del tránsito en la ruta, que mantuvo incomunicada a la capital fueguina.

No obstante, sostuvo que el corte fue “la forma que encontramos para buscar una solución al conflicto por el recorte de derechos previsionales. Nosotros hemos dado muestras de buscar el diálogo y la mediación de diferentes sectores”, afirmó.

A su vez, fustigó al gobierno provincial porque transcurridos varios meses desde aquella situación, y “habiendo aceptado nuestro sector levantar las medidas para sentarnos a una mesa técnica, todavía seguimos esperando definiciones”, indicó.

Además de Córdoba, el juez Calvete ya indagó a otros siete dirigentes, entre ellos la representante de los jubilados autoconvocados, Patricia Blanco.

La Justicia imputó al secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) Horacio Catena, principal referente de la llamada “unión de gremios”, a la secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia (SOEM) Sandra Esperón y al secretario gremial del mismo sindicato, Horacio Gallegos.

También fueron vinculados a la causa y fueron indagados la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y vocera de la unión de gremios, Elisa Dietrich, el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (Sejup) Marcelo Cubas y la dirigente del Sutef Florencia Villarreal.

Calvete consideró que los acusados, a quienes se identificó a través de filmaciones y fotos tomadas por agentes de seguridad, deberán responder por el presunto delito reprimido en el artículo 194 del Código Penal, con penas de hasta dos años de prisión.

Esa figura involucra a quienes “impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

El corte de ruta se produjo desde el 15 de marzo con interrupciones parciales, y se mantuvo ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la provincia.

El corte realizado en el puesto policial de ingreso a Ushuaia afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado, y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.

Los sindicatos reclamaban la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero último que, entre otros aspectos, modificó algunas condiciones de acceso a la jubilación, como la posibilidad de jubilarse a los 40 o 45 años de edad, pero que también declaró la emergencia del sistema jubilatorio y estableció aportes obligatorios a un fondo para la sustentabilidad del régimen.