No a la consulta popular convenio chino

Un muy particular criterio jurídico expuso el Ministro de Gobierno de la Provincia para rechazar la posibilidad de someter a consulta popula...

Un muy particular criterio jurídico expuso el Ministro de Gobierno de la Provincia para rechazar la posibilidad de someter a consulta popular el convenio de venta de gas de regalías para su industrialización, que propuso públicamente el legislador Manuel Raimbault. Aramburu reconoció que la consulta popular como tal constituye una “herramienta válida para democratizar las definiciones que toma el estado”, pero indicó que en este caso su utilización “resultaría extemporánea, porque habría un efecto negativo complejo, que tiene que ver con la seguridad jurídica de las negociaciones de la cual el Estado forma parte” y “altera las condiciones de la convocatoria inicial”, lo que vulneraría el principio de seguridad jurídica y dejaría expuesto “al Estado a una eventual demanda de parte del oferente que resultó electo”. Para el funcionario, el convenio estaría limitando facultades legislativas e incluso instrumentos de participación directa consagrados en la Constitución fueguina.

Argumentó que el convenio firmado por la Gobernadora con TFEQ se dio en el marco del procedimiento establecido en la ley 805 –en la que se modificó la ley de contabilidad al efecto–. “hubo un concurso público que tuvo alcance internacional al que se presentó una empresa, pasó por una comisión evaluadora, se evaluó, se aprobó y luego se firmó con el Poder Ejecutivo, y recién ahora, cuando se remite al Poder Legislativo que es quien tiene que ratificar el convenio se pretenden alterar las condiciones de la convocatoria inicial” señalo, por lo que dijo que “se estaría exponiendo al estado a una eventual demanda de parte del oferente que resultó electo, por ello no comparto que en esta instancia haya que llevar a cabo una consulta popular respecto del convenio de los chinos”.

La postura de Aramburu resulta cuanto menos llamativa, ya que en el propio convenio se reconoce que recién entrará en vigencia cuando sea ratificado por el parlamento. Pero nada dice sobre cuál debe ser el procedimiento que debe seguir la Legislatura para acordar esa ratificación. Es decir, podría darse a libro cerrado, sin siquiera analizar el tema; tras un extenso trabajo de evaluación y estudio por parte del parlamento, o producto de una consulta popular favorable. Estas son facultades propias de al Legislatura que nada afectan las “condiciones de la convocatoria inicial” lanzada por el Ejecutivo, ya que en aquellas nada se decía sobre el procedimiento ratificatorio que debía seguir el parlamento. Y aún cuando se lo hubiera establecido, una simple Resolución de una Secretaría de Estado nunca puede impedir que se haga uso de un instituto contemplado en la Constitución de la Provincia.

Es más, en sus declaraciones, Aramburu señaló que en el caso en cuestión “no creo que se pueda aplicar (la consulta popular) porque afectaría el proceso que estaba en curso y que ya finalizó”, cuando en realidad ese proceso todavía no finalizó, ya que recién lo hará cuando la Legislatura apruebe o rechace el convenio en cuestión.