Aramburu trabaja para los delincuentes

Aunque suene a un simple juego de palabras, parece que la realidad supero esta vez a la ficción y el Gobierno provincial decidió desmembrar ...

Aunque suene a un simple juego de palabras, parece que la realidad supero esta vez a la ficción y el Gobierno provincial decidió desmembrar al equipo de trabajo del sistema de videovigilancia urbana que opera en Río Grande poniendo en serio riesgo la continuidad de este sistema. Esta actitud incomprensible del ministro Guillermo Aramburu ya generó malestar dentro de la fuerza policial, ya que costó mucho esfuerzo capacitar al personal e incluso insumió muchos recursos económicos al municipio la compra de cámaras e implementos. Los efectivos policiales fueron removidos y transferidos a cumplir otras funciones a comisarías barriales, a pesar de haber sido quienes fueron enviados a capacitarse a Buenos Aires, más precisamente en Tigre, sobre las virtudes del sistema. Este equipo de trabajo de efectivos policiales incluso fueron quienes elaboraron el proyecto de videovigilancia que el Gobierno provincial presentó ante las asociaciones de taxistas –cuando las papas quemaban- que fuera aceptado y que descomprimió la situación de reclamo.

La decisión de su transferencia no hace más que perjudicar el desarrollo de casi dos años de planificación y trabajo para aplicar un sistema que ha dado los resultados previstos, siendo una herramienta fundamental para la Policía de la provincia.
Ahora, el problema de fondo es netamente político y en esto entra en juego el concejal Gustavo Longhi, esposo de la Gobernadora. Es que la decisión del Ejecutivo municipal de aplicar una tasa de seguridad, tal cual lo planteó en el proyecto de Presupuesto 2011, no es del agrado del edil.
La tasa de seguridad es de carácter solidario, tal cual lo señaló el secretario de Finanzas Paulino Rossi, ya que plantea el pago de unos 11 pesos mensuales y servirá para costear la compra de nuevas cámaras, financiar el sistema de video vigilancia, y además destinar fondos para la compra de insumos para la Policía provincial.

Este último punto es el que habría generado la controversia, ya que políticamente desde el seno del partido gobernante se pretende evitar que exista un acercamiento institucional de este tipo, y menos hacer que la administración municipal tenga algún tipo de injerencia respecto a la provisión de insumos a la fuerza de seguridad. Obviamente toda esta decisión es del concejal Longhi, a pesar que el ministro Aramburu consultado por las autoridades municipales sostuvo que era una decisión política suya.

Lo cierto es que esa decisión política, y clara mezquindad del precandidato a Intendente por el partido gobernante, perjudicará el desarrollo de un sistema que se había planteado como herramienta valiosa.

Mientras en otras localidades se intenta aplicar, en Río Grande un concejal con ambiciones políticas lo desarticula, por el sólo hecho que está involucrado el municipio, institución que en realidad fue la que lo impulsó.

Incluso… ¿no llamó la atención que las flamantes autoridades policiales -Ni Escalada, ni Moreira- no se hayan presentado aún protocolarmente ante las autoridades de la ciudad?.. Tienen órdenes de no hacerlo para evitar un mayor acercamiento institucional, y que se desnude la situación originado en los últimos días.