La Banda procesada

El juez Javier de Gamas Soler procesó al ex ministro coccarista Horacio Héctor Sosa, al ex subtesorero Alfredo Raúl Iglesias y al empresario...

El juez Javier de Gamas Soler procesó al ex ministro coccarista Horacio Héctor Sosa, al ex subtesorero Alfredo Raúl Iglesias y al empresario Ariel Fernando Arrebola por montar una maniobra que derivó en el pago de 1.700.000 pesos en Letras de Tesorería sin que el Estado recibiera contraprestación alguna por dicha erogación.

El juez menciona la participación activa, con distintos grados de responsabilidades, del ex subtesorero Alfredo Raúl Iglesias; de los agentes de planta permanente Horacio Medone y María Lorenza Moreno; y de la contratada en el área de Economía, Ana María D'anna, conocida como "Mariella". Los antes mencionados fueron procesados por el presunto delito de peculado (defraudación a la administración pública) y en el caso de Sosa e Iglesias, se les impuso un embargo de 900 mil pesos.Además deberán comparecer diariamente a dependencias policiales como norma de conducta.

El juez Javier de Gamas Soler procesó por el delito de "peculado" a dos ex funcionarios del gobierno de Hugo Cóccaro –entre ellos el ex ministro Horacio Héctor Sosa–, a dos agentes de planta permanente y a una mujer contratada en el Ministerio de Economía, por la sustracción de 1.753.530 pesos en Letras de Tesorería que fueron pagados al empresario Ariel Fernando Arrebola en diciembre último sin que existiera contraprestación alguna al Gobierno provincial, informaron fuentes judiciales.
De Gamas Soler dictó una minuciosa y detallada resolución de los hechos que fueron denunciados por los legisladores del bloque del ARI en febrero último, luego de que en Gobierno se detectara el pago millonario y se notara la desaparición de los expedientes que informaran sobre dicha erogación.
En el fallo de primera instancia, que tiene más de 230 páginas, se menciona un pormenorizado relato cronológico de los hechos dando cuenta que las reservas presupuestarias y la iniciación de los expedientes fueron realizados en junio del año pasado, y prosigue un meduloso racconto hasta el 14 de diciembre –cuatro días antes de que Cóccaro dejara el Gobierno– donde el empresario Ariel Fernando Arrebola rubricó 18 Letras de Tesorería de las cuales sólo se quedó con dos y las restantes –según consta en el expediente– fueron entregadas al por entonces ministro de Obras Públicas a cargo del Ministerio de Economía, Horacio Héctor Sosa.
En el medio el juez menciona la participación activa, con distintos grados de responsabilidades, del ex subtesorero Alfredo Raúl Iglesias; de los agentes de planta permanente Horacio Medone y María Lorenza Moreno; y de la contratada en el área de Economía, Ana María D'anna, conocida como "Mariella".
Los antes mencionados fueron procesados por el presunto delito de peculado (defraudación a la administración pública) y en el caso de Sosa e Iglesias, se les impuso un embargo de 900 mil pesos. Además deberán comparecer diariamente a dependencias policiales como norma de conducta.
En cuanto al ex Secretario de Contrataciones y Abastecimiento, José Mallemaci, y el ex subcontador General, Daniel Ricardo Rimada, el juez dictó una falta de mérito debido a que no habría demasiados elementos en su contra como responsables penales del saqueo.

La "maniobra" del fraude

El juez De Gamas Soler hizo un detalle específico de la totalidad de las pruebas colectada a lo largo de la investigación, entre ellas decenas de declaraciones testimoniales; una serie de allanamientos, donde existió el secuestros de documentación y computadoras; una pericia informática y una caligráfica; entre otras medidas efectuadas a lo largo de tres meses de investigación.
En torno al caso recuerda en la resolución que el 11 de agosto de 2006 Ariel Fernando Arrebola fue dado de alta como proveedor bajo el nombre de fantasía "Compuline Computación" con domicilio en la calle Rosales 747 de Río Grande, pero sólo se pudieron constatar en los registros operaciones realizadas entre mayo y diciembre de 2007.
Avanzando en el caso sostiene que "... puede sostenerse que se encuentra probado, con la precariedad que exige el presente auto, que se efectuó la sustracción de fondos públicos sin contraprestación de servicio alguno, para lo cual han sido llevadas a cabo diferentes maniobras tendientes a generar una apariencia de legalidad de la sustracción, y evitar la verificación de la ilegalidad en la que se incurrió.
Para esto, fueron desprendidos de su trámite normal a los expedientes Nº 9539-ME-07, 9533-ME-07, 6033-ME-07, 7948-ME-07, 7281-ME-07, 2272-ME07, y 1634-xx-07, algunos de los cuales podría afirmarse a esta altura, fueron creados con fines espurios".
De Gamas avanza en el análisis de la prueba y sostiene que "para llevar a cabo tal maniobra, luego de aperturados los expedientes administrativos, en el mes de junio 2007, a cuatro de ellos se les efectuó la imputación preventiva sin más motivo que el aseguramiento y resguardo de los fondos que luego, y como se comprobó, serían sustraídos, y posteriormente se mantuvo a los mismos fuera de la esfera del trámite habitual.
En otras palabras, fueron resguardados a la espera del momento propicio para la finalización de la ejecución del ilícito". En este orden el magistrado cita que "el 10 de diciembre, y ya en víspera del recambio gubernamental, se completó la reserva del crédito de los restantes expedientes.
Previo a ello, ya se habían efectuado tratativas con el proveedor, quien aportó el talonario de facturas en blanco, poniéndolo a disposición para que sean utilizados en las maniobras que permitirían la sustracción de los fondos públicos".
Por otra parte, menciona que "a fin de dar apariencia de legalidad y ante la necesidad de contar con resolución de la Secretaría de Contrataciones para la aprobación de gastos, con fecha 5 de diciembre del año 2007, desde una computadora del mismo Gobierno provincial, fueron creados los documentos que simulaban a las resoluciones de estilo.
A tal fin se simuló por sistema que los aludidos expedientes habían sido girados a la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento, sin que esto acontezca materialmente, es decir, los expedientes no salieron de la esfera de custodia de los autores del ilícito".
Ante tales circunstancias el Juez señala que "así el día 14 de diciembre de 2007, en la Contaduría General, se efectuó la imputación definitiva de la totalidad de los expedientes enunciados precedentemente incorporando allí el proveedor del caso y se llevó adelante el devengado final, tramite necesario e imprescindible para la emisión de la orden de pago.
Durante este proceso se han buscado las partidas presupuestarias que contaran a esa fecha con crédito suficiente como para imputar los gastos que implicaban la maniobra.
Emitidas las ordenes de pago inevitables para la cancelación de cualquier acreencia por parte del proveedor normal de la administración pública, se falsificó la firma del subcontador General de la Provincia a cargo de la contaduría general, única persona con capacidad legal para la suscripción de estos documentos", señala con relación a Rimada. Posteriormente fueron remitidas las órdenes a la Tesorería General, "ente desde el cual se emitieron 18 Letras de Tesorería a favor del mismo proveedor, cuyos vencimientos no se correspondieron con lo dispuesto en este aspecto, respecto de las Letras de Tesorería de otros proveedores, ya que en este caso, el diferido más extenso, fue el recaído en el mes de marzo".
De Gamas menciona que Arrebola "recibió como recompensa por su participación en la comisión del ilícito, dos letras de tesorería que oscilaban los cien mil pesos cada una, quedándose el titular de la cartera económica con el resto de los cartulares. Posteriormente se efectuó una reunión, a la cual asistieron varios imputados de autos y se extrajeron del Gobierno provincial 'carpetas amarillas' en bolsas de consorcio".
Concretamente el magistrado sostiene que "dos meses antes de la consumación del hecho bajo análisis Arrebola entregó a Sosa el talonario de facturas encontrándose en blanco, a excepción de la primera factura, que se correspondía a una operación comercial de la empresa de la que el imputado de referencia es titular".
En el caso se vislumbra que Arrebola recibió el pago en letras el 14 de diciembre en las oficinas del propio Ministerio de Economía a cargo por esos días del ministro de Obras Públicas, Horacio Héctor Sosa. A partir de las declaraciones del empresario y de las posterior pericia caligráfica sobre las copias de las facturas es que De Gamas Soler da por sentado que Arrebola solo recibió dos de las 18 letras y que las restantes las retuvo Sosa.
Por su parte, con relación a Iglesias sostiene que "haciendo uso de su potestad de definir la forma de pago y sus vencimientos, canceló las órdenes de pago en cuestión mediante la emisión continua de Letras del Tesoro...", pero además lo acusa de "haber participado de la sustracción de carpetas amarillas en las bolsas de consorcio" que supuestamente eran los expedientes.
En cuanto a Medone, el magistrado lo acusa de haber sido partícipe junto a Iglesias de la "creación de expedientes", mientras que en el caso de María Moreno señala que las órdenes de pago "fueron iniciadas en su creación en el sistema SIGA" por ella.