PARA LOS POLITICOS ESTA PROHIBIDO DENUNCIAR EN EPOCA ELECTORAL

El “código” de los políticos. Dentro del Código Penal Argentino y de las leyes complementarias no existe un trámite especial para las denunc...

El “código” de los políticos.

Dentro del Código Penal Argentino y de las leyes complementarias no existe un trámite especial para las denuncias de delitos que se cometan ante, durante y con posterioridad a las campañas y actos electorales.No existen, por tanto, excepciones o circunstancia alguna que enerve la actuación de los magistrados o que exonere a los fiscales del deber de excitar los órganos jurisdiccionales aun de oficio.

Para los operadores jurídicos esta exposición puede resultar una verdad de Perogrullo, es decir, una proposición que no se puede negar racionalmente, y propia de los diletantes cronistas que osan dar explicaciones en la prensa.Sin embargo, la aclaración resulta un tanto necesaria para entender el discurso político, o de los políticos, particularmente los que danzan en la escena local protegidos por un halo de inmunidad que solo es producto de su imaginación.

Es frecuente que desde la vanguardia política se esgriman defensas que, por su estentórea retórica, presuman de una fuerte carga persuasiva, destinadas a torcer el ánimo y la convicción del electorado: Decir que todas las denuncias, por hechos criminales, son parte de una campaña política, de una campaña de desprestigio, de una campaña sucia, de un operativo de prensa; que tiene como único fin mejores posicionamientos dentro de las preferencias del electorado o el propósito de recuperar espacios perdidos en encuestas; esconde la estúpida pretensión de reformular las reglas del sistema penal, para dejar al margen de toda pesquisa hechos –o presuntos hechos- de corrupción.

¿Hay una oportunidad distinta de la que establecen los códigos para promover denuncias, para pedir a la justicia que investigue delitos cometidos por funcionarios públicos, en perjuicio de las distintas administraciones? o, como se propone desde la casta de los representantes, en las épocas electorales debe regir otro “código”, como ensayó un conocido intendente.

Las denuncias no podrían, entonces, prosperar en un país como el nuestro, donde hace poco se celebraron hasta cinco elecciones en un solo año, pues, en todos estos pedidos de esclarecimiento de hechos ilícitos –en la concepción de la dirigencia- habría móviles políticos, intenciones ocultas, operativos y campañas de desprestigio, etc. que harían inviable la protección estatal de los bienes jurídicos.La lógica consecuencia sería modificar las normas penales para evitar la prescripción de la acción penal, a fin de que el Estado (y los particulares, víctimas de estos delitos) no pierdan la posibilidad ni el derecho de accionar contra la inmune clase, a la que recién podrían alcanzar luego de vencido sus mandatos que, para desgracia de los comunes justiciables, son tan extensos como re-elecciones les permita el sistema.

Para que entiendan mejor nuestros coetáneos que solo gozan del privilegio de la carga de los impuestos y la obligación de botar sus esperanzas en un cuarto oscuro: la prescripción es el llamado “instituto” del derecho penal, que pone límite al poder punitivo al Estado, al que se le otorga un determinado plazo para atrapar al delincuente, enjuiciarlo y encarcelarlo, y para evitar lo que ocurre en la obra “Los Miserables” de Víctor Hugo, donde el personaje Jean Valjean es perseguido a través de toda una vida por el incansable inspector Jauvet, a pesar de que solamente había cometido un delito menor en su juventud.

Ahora, si la justicia por sí es lenta, si sus vacaciones o ferias son extensas y si encima los políticos insinúan que los delitos no pueden ser denunciados en épocas pre-electorales, electorales y post electorales; deberían explicar a la sociedad cuáles son los tiempos para perseguir a los que, detentando un poder a título precario y arrogándose la representación popular, cometen todo tipo de latrocinio contra el pueblo.

Los móviles políticos

Otra de las cuestiones que carece de lógica es la de los móviles de los delatores y sus cualidades o antecedentes personales.

Estas aparecen en cada denuncia y constituyen el argumento por excelencia de la falacia ad-hominen.Dicho en términos más simples: antes de abocarnos a investigar el delito, de procurar reunir todas las pruebas que huyen con el reloj; antes de preservar las huellas del crimen; antes de hacer cesar los efectos de las felonías que empobrecen a la sociedad: se impone averiguar por qué maldita razón hizo la denuncia justo ahora que colgamos los afiches, que publicamos las listas, que nos sacamos las fotos con el presidente de turno.

Parece ser más importante determinar, en primer lugar, por qué denuncia el que denuncia; qué lo llevó a hacer; quién le pagó; y después, mucho después, ponernos a pensar sobre el hecho que ventiló.La solución, también irónica como la anterior, podría pasar por imitar algunos trámites propios de las demandas civiles en los que se persigue un resarcimiento económico y en donde los actores deben acreditar ante la justicia que no cuentan con fondos suficientes para afrontar el juicio que pretenden entablar (el llamado beneficio de litigar sin gastos).

Ante esta situación, es usual que los demandantes promuevan una demanda principal con el objeto de que el demandado repare los daños que le causó, y otra accesoria o paralela para demostrar que no tienen dinero para pagar la famosa tasa de justicia, un tributo que sostiene el sistema judicial y que, según la ínclita doctrina, no afecta el libre acceso a la justicia.Así, cada persona que denuncie a un funcionario durante época de campaña –casi siempre- deberá someterse a una investigación paralela, para demostrar a los “ofendidos” por la denuncia cuáles fueron sus móviles; para que los magistrados investiguen “hasta las últimas consecuencias” si es blanco, amarillo, negro o judío; para que determine su verdadera inclinación sexual; para que establezca si es pobre o si es rico; si es militante de un partido, adepto a una religión o adicto a algunas yerbas.Después de superada esta suerte de ordalía, y solo en caso de demostrarse la “sanidad” del denunciante y que este es un dechado de virtudes, el juez podría dar curso a la denuncia, declararla formalmente admisible y, con el oportuno requerimiento de instrucción, comenzar una investigación penal, investigación que, como sabemos, tiene destinos contingentes y fatales, como la prescripción, el sobreseimiento, la probation, la eximición o la complacencia del cajón.