Horas cátedra sin control: crecen los cargos, caen los alumnos y el Gobierno no rinde cuentas.

Los cargos docentes y las horas cátedra crecieron más del 228%, mientras las escuelas públicas fueguinas perdieron 4.300 alumnos en cinco años.

Mientras la matrícula estatal perdió 4.300 estudiantes en cinco años, los cargos docentes y las horas cátedra crecieron más del 228% en las últimas dos décadas. Hay antecedentes oficiales de irregularidades, denuncias por pagos a personal de otras áreas y un interrogante que el Gobierno de Gustavo Melella todavía debe responder: ¿quiénes cobran, cuánto reciben y qué tareas realizan?

La educación fueguina tiene un problema que va mucho más allá de las discusiones salariales y los conflictos gremiales. Los números muestran una estructura que se expandió a un ritmo muy superior al crecimiento de la matrícula, mientras miles de estudiantes dejaron las escuelas públicas y todavía no existe una explicación integral sobre el destino de cada cargo y cada hora cátedra.

Las estadísticas del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) muestran que, entre 2000 y 2024, los cargos docentes de la educación común estatal aumentaron un 229% y las horas cátedra un 228%. En contraste, la matrícula estatal acumuló un crecimiento de apenas el 33% hasta 2026.

La contradicción se vuelve todavía más difícil de ignorar cuando se observa lo ocurrido en los últimos años: en 2021 había 39.304 estudiantes en las escuelas estatales. Para 2026, la cifra provisional descendió a 35.004. Son 4.300 alumnos menos, una caída del 10,9%.

Mientras tanto, la estructura de cargos y horas sigue representando un volumen significativo de recursos públicos. La pregunta ya no puede quedar reducida a cuántos docentes necesita el sistema: la Provincia debe explicar cómo se distribuye esa estructura, qué funciones cubre y cuánto cuesta.

Más cargos, menos alumnos y una relación que cambió por completo

En el año 2000 había 13,2 alumnos estatales por cada cargo docente. Para 2024, la relación había descendido a 5,7.

El indicador no significa que las aulas tengan seis estudiantes. Los cargos incluyen directivos, equipos de orientación, personal de apoyo pedagógico y otras funciones además de los docentes frente a alumnos. Pero sí refleja un crecimiento considerable de la estructura en relación con la cantidad de estudiantes.

¿La expansión respondió a nuevas escuelas, más divisiones, jornadas extendidas, educación especial o equipos de acompañamiento? ¿Qué parte corresponde a esas necesidades y qué parte a otras funciones?

El Gobierno debería poder responderlo con información concreta: cargos creados, establecimientos incorporados, divisiones abiertas, horas asignadas y ejecución presupuestaria.

La educación necesita inversión. Lo que no puede exigirse a la sociedad es que acepte una estructura cada vez más costosa sin conocer sus resultados ni el destino de los recursos.

El antecedente de 2018 que todavía exige explicaciones

La utilización de cargos y horas fuera de las aulas no es una discusión nueva. En marzo de 2018, el propio Gobierno provincial anunció la baja de 184 comisiones de servicio docentes, luego de reconocer que existían situaciones que necesitaban revisión.

El comunicado oficial de aquel momento señalaba que se habían detectado docentes asignados a funciones administrativas, de gestión y otras actividades cuya definición no resultaba suficientemente clara. También mencionaba que el 35,5% de los docentes se encontraba fuera del aula, un dato histórico cuya metodología y vigencia no deben confundirse con la situación actual.

Ocho años después, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con aquel proceso de ordenamiento? ¿Qué controles se implementaron? ¿Cuántas situaciones fueron regularizadas y cuántas siguen pendientes?

No alcanza con anunciar auditorías o revisar designaciones cuando el problema vuelve a aparecer en el debate público. La Provincia debería publicar los resultados de esos controles.

Horas cátedra para mantenimiento, choferes y personal de otras áreas

Durante 2026, el secretario general de AMET, Juan Carrizo, volvió a poner el tema sobre la mesa con denuncias sobre trabajadores que realizarían tareas de mantenimiento de edificios escolares, reparaciones eléctricas, trabajos sanitarios e incluso funciones de chofer, pero percibirían remuneraciones calculadas mediante horas cátedra.

Según sus declaraciones, algunos agentes cobrarían bajo una equivalencia de 21 horas cátedra de nivel secundario, aunque sus tareas no consistirían en dictar clases.

El legislador Pablo Villegas también aseguró contar con documentación sobre personal de dependencias como Deportes, Juventud, Bienestar Ciudadano y la Agencia de Innovación que recibiría pagos bajo ese régimen.

Son afirmaciones que deben contrastarse con las resoluciones, designaciones y liquidaciones correspondientes. Pero plantean una cuestión central: ¿se están utilizando recursos presupuestarios del sistema educativo para pagar funciones de otras áreas del Estado?

Que una escuela necesite personal de mantenimiento no está en discusión. Lo que debe explicarse es por qué se utiliza el régimen de horas cátedra para remunerar esas tareas, qué autoridad lo autorizó y bajo qué marco administrativo.

El Tribunal de Cuentas provincial también registra antecedentes de intervenciones vinculadas con la utilización de horas cátedra para remunerar funciones administrativas y tareas ajenas a la actividad docente. Esos antecedentes merecen ser revisados en detalle para conocer qué se observó y qué medidas se adoptaron.

Melella debe explicar qué hizo durante casi siete años

Gustavo Melella gobierna Tierra del Fuego desde diciembre de 2019. Es cierto que el crecimiento de cargos y horas registrado desde 2000 atravesó distintas administraciones y no puede atribuirse íntegramente a su gestión.

Pero esa aclaración no lo exime de responsabilidad sobre lo ocurrido durante casi siete años de gobierno: las designaciones realizadas, las autorizaciones otorgadas, los mecanismos de control y el dinero efectivamente ejecutado.

El debate también involucra al SUTEF y a su secretario general, Horacio Catena, por su participación en las discusiones salariales y presupuestarias. El dirigente cuestionó que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple una reducción del 16% en las horas cátedra autorizadas y advirtió que el gremio no aceptará pérdidas de puestos de trabajo ni de recursos pedagógicos.

El sindicato tiene derecho a defender los puestos docentes y los recursos que considera necesarios. Pero esa defensa no reemplaza la obligación del Estado de transparentar las designaciones ni responde a la pregunta sobre el uso de horas cátedra para tareas ajenas a la enseñanza.

La discusión no debería plantearse como una falsa elección entre defender a los docentes o controlar el gasto. Se pueden proteger los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, exigir que cada pago tenga una justificación, una función identificable y una autorización pública.

El Presupuesto 2027 y el pedido de más recursos

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla 6.950 cargos docentes y un máximo de 1.008.000 horas cátedra, frente a las 1.200.000 previstas para 2026. La reducción proyectada es de 192.000 horas, equivalente al 16%.

El SUTEF cuestionó esa disminución y la interpretó como un ajuste. Sin embargo, hay un dato que no puede omitirse: las horas autorizadas en un presupuesto no necesariamente coinciden con las efectivamente asignadas, trabajadas y pagadas.

Sin conocer la ejecución real, no se puede determinar cuánto se utilizó, cuánto quedó sin asignar ni cuánto dinero terminó desembolsando el Estado.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo impulsa una ley especial de Financiamiento Educativo para obtener nuevos recursos. La iniciativa vuelve indispensable una discusión que hasta ahora no tiene toda la información sobre la mesa: ¿cómo se puede pedir más dinero para educación sin publicar primero cómo se utilizan los fondos actuales?

No se trata de negar las necesidades de las escuelas, los reclamos salariales ni las reparaciones pendientes. Se trata de saber si los recursos disponibles están llegando efectivamente a donde hacen falta.

Las cuentas que el Gobierno todavía no muestra

Hay información que debería estar disponible para cualquier ciudadano y que resulta imprescindible para evaluar el funcionamiento del sistema:

• Cuántas horas cátedra se liquidan efectivamente cada mes y cuánto representan en dinero.
• Cuántas corresponden a docentes frente a alumnos y cuántas a funciones administrativas, técnicas o de apoyo.
• Qué dependencias provinciales utilizan horas cátedra para remunerar personal y bajo qué resoluciones.
• Cuántas personas perciben esos pagos, qué tareas cumplen y quién autorizó cada designación.
• Cuántos cargos y horas se incorporaron desde diciembre de 2019 y qué ampliaciones concretas del servicio educativo justificaron esas decisiones.
• Qué auditorías se realizaron, qué irregularidades se detectaron y cuáles fueron corregidas.

También falta una respuesta fundamental para las familias: qué mejoras concretas recibió la educación pública a partir de la expansión de su estructura.

El agujero negro no es la falta de docentes: es la falta de información

Los datos disponibles no permiten afirmar que todos los cargos adicionales sean innecesarios ni que exista un monto determinado de dinero desviado. Tampoco prueban, por sí solos, que las denuncias sobre pagos mediante horas cátedra constituyan delitos o irregularid

ades administrativas.

Pero sí muestran una expansión muy significativa de cargos y horas frente a una matrícula que creció mucho menos y que ahora registra una caída sostenida. A eso se suman antecedentes oficiales y denuncias que requieren respuestas documentadas.

Después de casi siete años de gestión, Melella debe explicar qué estructura construyó su Gobierno, cuánto cuesta y cómo se controla. La Legislatura, por su parte, debería exigir esos datos antes de discutir nuevas herramientas de financiamiento.

Cada hora cátedra tiene un costo. Cada cargo representa dinero público. Y cada peso destinado a educación debería poder justificarse.

En una provincia con escuelas que reclaman recursos, conflictos salariales y miles de estudiantes menos en el sistema estatal, no alcanza con discutir cuánto dinero necesita la educación. También hay que saber quién lo cobra, por qué lo cobra y qué recibe a cambio la sociedad fueguina.