Cuestionan al Tribunal de Cuentas fueguino por el control posterior del gasto y la falta de publicación de cuatro resoluciones plenarias.
El organismo encargado de controlar las cuentas públicas vuelve a quedar bajo cuestionamiento por la falta de prevención, las sanciones aplicadas cuando las irregularidades ya se consumaron y las resoluciones plenarias que no figuran en su sitio oficial. Un informe sobre 2026 registra 30 resoluciones con recomendaciones, cuatro apercibimientos y una multa, mientras crecen las dudas sobre la eficacia del control.
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego (TCP), cuya función es fiscalizar el manejo de los recursos públicos, enfrenta cuestionamientos por la oportunidad de sus intervenciones, la publicación de sus actos administrativos y su capacidad para evitar irregularidades antes de que el gasto se concrete.
Una revisión de las resoluciones plenarias de 2026 advierte que los documentos correspondientes a las resoluciones 142-26, 147-26, 150-26 y 154-26 no aparecen publicados en la página oficial del organismo. La ausencia de esos actos dificulta el seguimiento público de las decisiones y plantea interrogantes sobre la transparencia de un órgano que tiene precisamente la responsabilidad de controlar la administración estatal.
El control llega después de que el gasto está hecho
El cuestionamiento más profundo apunta al carácter reactivo de las intervenciones del TCP. En lugar de impedir a tiempo procedimientos irregulares o advertir problemas antes de que se comprometan los fondos públicos, buena parte de las actuaciones relevadas se concentra en recomendaciones, apercibimientos y sanciones posteriores.
El informe técnico sobre las resoluciones de 2026 contabiliza 30 decisiones que formulan recomendaciones a funcionarios y áreas estatales, cuatro apercibimientos y una resolución específica que aplica una multa, identificada como la Resolución Plenaria 143-26. También registra requerimientos de informes, regularización de haberes y otras medidas administrativas.
El documento sostiene que las intervenciones examinadas corresponden al control posterior y cuestiona que no se haya ejercido preventivamente la función prevista en el artículo 166, inciso 2, de la Constitución provincial.
La diferencia es central: observar una irregularidad después de que se produjo puede derivar en una sanción, pero no necesariamente evita el perjuicio económico ni recupera los recursos comprometidos. Por eso, el interrogante no es solamente cuántas observaciones formula el Tribunal, sino cuántas irregularidades consigue prevenir antes de que se transformen en hechos consumados.
Multas y recomendaciones que no reemplazan la prevención
El informe también identifica actuaciones vinculadas con contrataciones, obras públicas, procedimientos administrativos y cumplimiento de plazos. Entre los casos enumerados aparecen recomendaciones dirigidas a distintas áreas del Estado y sanciones relacionadas con la Agencia de Innovación.
Sin embargo, la cantidad de resoluciones, por sí sola, no permite determinar la eficacia global del organismo. Para evaluar su desempeño es necesario conocer qué expedientes fueron revisados antes de autorizar los gastos, cuáles recibieron observaciones preventivas, qué advertencias fueron desoídas y qué consecuencias económicas tuvieron las irregularidades detectadas.
Esa información permitiría establecer si el TCP está evitando daños al erario o si su intervención se limita, en numerosos casos, a dejar constancia de problemas cuando la administración ya tomó las decisiones y comprometió los fondos.
La transparencia también exige que las resoluciones y sus fundamentos puedan consultarse de manera completa y accesible. Sin esa información, resulta más difícil para la ciudadanía, los legisladores y los propios organismos estatales evaluar el alcance de las decisiones del Tribunal.
Sillones ergonómicos en medio de la crisis provincial
A estos cuestionamientos se suma la información sobre la autorización para adquirir cinco sillones ergonómicos por aproximadamente tres millones de pesos, una compra atribuida a la conducción del organismo. El gasto supera los 25 Millones de pesos para 5 sillones.
El gasto abre una discusión sobre las prioridades administrativas en un contexto de dificultades económicas y restricciones presupuestarias. La cuestión no pasa por negar la necesidad de condiciones adecuadas de trabajo, sino por exigir que las compras públicas estén debidamente justificadas, sean transparentes y guarden proporción con las necesidades del servicio.
En un organismo que debe examinar cómo se utilizan los recursos de todos los fueguinos, los gastos propios también deben poder conocerse y evaluarse. La documentación de la compra, su procedimiento de contratación y la justificación del monto son elementos necesarios para determinar si la operación se ajustó a las reglas aplicables.
La responsabilidad de controlar a tiempo
El Tribunal de Cuentas no puede ser evaluado únicamente por las multas que aplica o las recomendaciones que emite. Su desempeño también debe medirse por la capacidad de anticiparse a los problemas, hacer cumplir sus observaciones y garantizar que sus actos administrativos sean públicos.
La ausencia de resoluciones en el portal oficial, si se confirma, requiere una explicación. La concentración de actuaciones en el control posterior, por su parte, exige información concreta sobre el alcance real de las intervenciones preventivas y sus resultados.
En definitiva, el control estatal pierde eficacia cuando llega después de que el gasto se ejecutó y las consecuencias ya no pueden evitarse. La Provincia necesita un Tribunal que no solo registre irregularidades, sino que actúe oportunamente, publique sus decisiones y permita conocer qué pasó con cada peso observado.
La pregunta es inevitable: ¿quién controla la eficacia del organismo encargado de controlar cómo se gasta la plata de los fueguinos?
Fuente utilizada: https://www.tcptdf.gob.ar/actos-administrativos
Tribunal de ARREGLOS, con la complicidad de Sagastume, Bataini la vieja mas corrupta de la isla y el chupamedias de Muchnik que viven dilapidando plata del Estado que pagamos todos.
ResponderBorrarMenos mal que Löffler es honesto y no está metido en política. Desde que él llegó, todo es más transparente y menos corrupto. Mientras estuvo en el Consejo de la Magistratura tampoco se nombraron jueces por acomodo político, ni faloperos, ni violentos. Es el garante de la democracia.
BorrarUna provincia joven SAQUEADA por funcionarios corruptos, llena de jubilados de PRIVILEGIOS , una provincia cada vez con menos habitantes
BorrarUna provincia joven SAQUEADA por funcionarios corruptos, llena de jubilados de PRIVILEGIOS , una provincia cada vez con menos habitantes
BorrarLOFFLER, PADRE DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA. FAMILUA MAS HONESTA NO HAY EN ESTA PROVINCIA
Borrar25 millones de pesos para sillones ,y luego unos cuantos millones para sus putas y sus drogas
ResponderBorrarSi, para cinco sillones.
Borrarel hijo de este viejo garca, BRUNO PANI, anda ofreciendo, vendiendo y alquilando por marketplace y facebook departamentos, los compran por cantidades estas lacras.
ResponderBorrarY;la plata que aún no se recuperó de la gestión colazzo que pasa hay un arreglo tan grande en la curva colazista
ResponderBorrarEstos son la casta
ResponderBorrarHijos de las mil putas ... y yo apenas puedo terminar de garpar y prestamo al banco que pedí hace 5 años atras.
ResponderBorrarGobiernan los Delincuentes..... Sociedad Corrupta
ResponderBorrarLa cupula de ese organismo, altos tranzas y corruptos. Gracias a esos y sus jefes, estan vaciando la provincia.
ResponderBorrarSon cómplices. No controlan nada
ResponderBorrarComparto totalmente
BorrarRecordé ese caso donde un particular va a la Comisaria a denunciar un robo y quien lo atiende es el LADRON.
ResponderBorrarCuando van a entender que a estos corruptos hay que empezar a colgarlos en la plaza y de dia
ResponderBorrarEstos delincuentes son los únicos que "arreglan" y son recibidos por el Ministro de economía de la provincia. Al resto de los escalafones los boludean como quieren....Asi es este gobierno de Mierda!
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