Matías Lapadula convocará a la comisión 2 para avanzar con la Ley de Goteo
El conflicto pone en discusión no solo la disponibilidad de recursos, sino también los plazos y mecanismos con los que se distribuyen los fondos entre la Provincia y las ciudades.
El reclamo no se limita al monto acumulado. El Municipio denunció demoras de hasta 60 días en algunas transferencias y advirtió que alrededor del 80% de sus ingresos proviene de la coparticipación nacional y provincial. Según el subsecretario de Finanzas, Nicolás Giordano, unos $5.900 millones registraban atrasos de entre 40 y 60 días en el relevamiento difundido el 20 de octubre. La administración municipal sostiene que esa falta de previsibilidad complica la planificación presupuestaria, el pago a proveedores y el sostenimiento de los servicios públicos.
En ese contexto, el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, anunció que convocará a la Comisión N.º 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda para analizar la situación de los municipios y avanzar con la insistencia de la ley de goteo diario. La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura, pero posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo. Lapadula busca reunir los consensos necesarios para que el Parlamento vuelva a tratarla y discuta cómo superar el veto.
El mecanismo propone que la parte de los recursos coparticipables correspondiente a cada municipio se transfiera automáticamente a medida que los fondos ingresan a las cuentas provinciales. El objetivo es reducir las demoras y evitar que la disponibilidad del dinero dependa de decisiones administrativas que alteren los plazos de transferencia.
Lapadula sostuvo que se trata de recursos que ya ingresaron a la Provincia y que corresponden a los vecinos de Río Grande. Su planteo traslada la discusión al ámbito legislativo: si existe un reclamo por fondos pendientes y una norma destinada a establecer transferencias automáticas que fue vetada, la Legislatura deberá definir si reúne los votos para insistir con ese mecanismo.
La discusión adquiere especial relevancia en la semana en que está previsto el tratamiento del financiamiento educativo impulsado por Melella. Aunque se trata de iniciativas diferentes, ambas ponen sobre la mesa una misma cuestión fiscal: cómo se obtienen, administran y distribuyen los recursos públicos.
El contraste es concreto: mientras la Provincia busca herramientas para financiar sus obligaciones educativas, Río Grande exige que se regularicen las transferencias que reclama como propias y que se establezcan reglas previsibles para recibirlas. El debate del 28 de octubre permitirá observar qué posición adopta cada sector frente al financiamiento provincial, aunque la convocatoria anunciada por Lapadula para tratar la ley de goteo deberá seguir su propio trámite legislativo.
y???
ResponderBorrar