Denuncias "antidroga", funcionarios en la mira: ¿quién los controla en TDF y donde están los resultados?

La Ley 1233 obliga a controlar a funcionarios por consumo de drogas. Existen denuncias: ¿cuántos controles se hicieron y dónde están los resultados?

Tierra del Fuego tiene desde 2018 una herramienta legal destinada a controlar el consumo de drogas ilegales entre quienes ejercen responsabilidades dentro del Estado. Se trata de la Ley Provincial 1233, una norma que establece controles sobre funcionarios de los distintos poderes y organismos alcanzados por la legislación.

La existencia de esta ley plantea una discusión que vuelve a cobrar relevancia a partir de distintas denuncias públicas que durante los últimos años involucraron a funcionarios o personas vinculadas con la función pública por presunto consumo de drogas. Las denuncias, por supuesto, no constituyen por sí mismas una prueba y nadie debería ser considerado responsable únicamente por una acusación, pero se debería de hacer una prueba  y hacerla publica.

Pero justamente para determinar si esas sospechas tienen fundamento existe un mecanismo legal que permite realizar controles. La Ley 1233 establece la realización de exámenes destinados a detectar metabólicos de drogas ilegales con una periodicidad anual. De esta manera, el debate no debería centrarse solamente en quién fue denunciado o qué se dijo públicamente sobre determinada persona, sino en una cuestión mucho más concreta: si los controles previstos por la ley efectivamente se están realizando.

Y si se realizan, la sociedad tiene derecho a conocer cómo funciona el sistema.

¿Cuántos funcionarios fueron sometidos a los controles establecidos desde la entrada en vigencia de la norma? ¿Cuántos controles se realizaron durante los últimos años? ¿Cuántos procedimientos administrativos se iniciaron a partir de sus resultados? 

Son preguntas que pueden responderse sin vulnerar la privacidad de ningún funcionario. No se trata de reclamar la publicación de estudios médicos individuales ni de convertir una denuncia en una condena pública. Se trata de conocer quien fueron denunciados.

La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando las denuncias involucran a personas que ocupan cargos públicos. En esos casos, el Estado debería contar con mecanismos institucionales capaces de despejar cualquier duda mediante procedimientos objetivo y presentar los resultados.

La finalidad de una norma de estas características no debería ser perseguir políticamente a un funcionario ni tampoco convertirse en una herramienta para protegerlo. Su sentido debería ser precisamente el contrario: establecer un procedimiento igual para todos aquellos que están alcanzados por la legislación.

Por eso, si los controles se realizan con la periodicidad establecida, deberían existir registros que permitan demostrarlo. Y si algún examen hubiera derivado en un procedimiento administrativo, también debería poder conocerse, al menos en términos estadísticos e institucionales, cuántos casos fueron tramitados y cuál fue su resultado. En TDF no se sabe nada.

El silencio frente a estas preguntas termina alimentando las sospechas que justamente una legislación de este tipo debería ayudar a disipar.

 

Una ley vigente, una obligación y muchas preguntas

Después de varios años de vigencia de la Ley 1233, resulta razonable preguntarse qué nivel de cumplimiento tuvo la norma y qué organismos fueron efectivamente responsables de llevar adelante los controles.

La pregunta queda entonces abierta para los tres poderes del Estado y para los organismos encargados de aplicar la normativa: ¿se está cumpliendo la Ley 1233 y dónde pueden consultarse los resultados de los controles realizados a los funcionarios fueguinos?

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