Piden a Melella veto a la Ley que obliga a contratar seguro por rescate

Piden al gobernador que vete la Ley que obliga a contratar un seguro para casos de rescates.

Organizaciones, federaciones, y guías solicitaron al Gobernador Melella el veto parcial de una ley aprobada en la Legislatura por el legislador de FORJA, Federico Sciurano que establece un seguro obligatorio para transitar por zonas agrestes consideradas inseguras. “Con esta norma convertirán a la provincia fueguina en un territorio hostil respecto de la libertad para la práctica del montañismo con restricciones que no existen en ninguna otra parte del país...”, sostienen. 

Los montañistas que integran organizaciones como el Club Andino Río Grande y grupos de trekking de Tierra del Fuego, así como la Delegación fueguina de la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña y la organización nacional Federación Andinistas Argentinos (integrada por 48 clubes de 15 provincias) han pedido formalmente al Gobernador que se produzca el veto del artículo 6° de la ley sancionada y sostienen que valoran “...todo intento de gestión o normativa que se proponga mejorar las condiciones de desarrollo de cualquier actividad con asistencia pública y, en tal sentido, tenemos una extensa experiencia en fomentar ello en todo el territorio argentino…” pero asimismo señalan que “...en ocasiones debido a no dar intervención a la totalidad de los actores/sectores/organizaciones involucrados/as se pueden cometer errores o dejar fuera visiones sobre las temáticas que deben ser consideradas. Ello es lo que creemos ha ocurrido en este caso y por ello esta petición que efectuamos...”. 

Destacaron que han solicitado poder plantear sus objeciones a los autores de esta ley pero no les brindaron la oportunidad de hacerlo y por ello se ha recurrido directamente al Gobernador y la difusión pública. Sostienen su oposición al mecanismo por el cual se genera una carga económica sobre quienes realizan montañismo de manera amateur y explican que “...la denominada Ley de buenas prácticas para el desarrollo de actividades recreativas en zonas agrestes de Tierra del Fuego en realidad lo que hace es buscar como financiar un grupo de rescate y para ello crea un seguro obligatorio que ni siquiera existe en toda la Argentina…”, y agregan que “...esta norma provincial lograría crear el mercado para desarrollar ese producto porque hoy ni siquiera lo tienen las aseguradoras...”. 

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Arbelo contó: “Pedimos al Gobernador un veto parcial de la Ley. Sobre todo del artículo sexto, que es la que dice que cualquier persona que tenga que hacer una actividad recreativa, debería estar contratando un seguro en aras de financiar un potencial rescate. Nos parece una situación injusta y arbitraria”. 

“Lo que queremos decir es que estamos restringiendo la posibilidad de realizar una actividad socio recreativa. Se le pone una barrera de acceso monetaria. Hay una desigualdad ante la Ley”, siguió. Además, indicó que “el montañismo es una actividad peligrosa y existe una Ley que tiene principios como la asunción de los riesgos. Son riesgos inherentes a nuestra actividad. No queremos que se nos ponga la obligatoriedad de contratar un seguro, que todavía no existe”. 

Arbelo criticó que la Ley de Buenas Prácticas “también define la obligatoriedad de pago del rescate. Nuestra actividad es una más que la de tantas otras. Si uno se quiebra jugando al fútbol, la ambulancia lo va a buscar y no le van a cobrar ese traslado. Si vas a la playa, hay un guardavidas que está solventado por el Estado y no tenés que contratar un seguro”. 

“Nuestra actividad tiene que ver con conocer nuestro entorno y la están mercantilizando con un seguro”. E insistió en que “Argentina tiene la Ley 27665, que ya fue sancionada por el Senado. Las Provincias legislan para sus territorios y 8 ya han adherido. Es una ley vigente y establece la obligatoriedad del Estado de asistir a cada ciudadano y transeúnte. Tenemos que tener un punto de igualdad. Cada habitante no tiene un seguro para desarrollar sus actividades”. 

Arbelo advirtió que “parece que esta actividad tiene que generar un autosustento. Hay una comisión integrada por el Club Andino de Ushuaia, pero no por el de Río Grande. No fue atendida la voz del montañismo argentino, que se representa por 48 clubes de distintas provincias”. 

Consultado por casos similares en el resto del país, aseguró que no hay antecedentes, aunque sí “hay comisiones de auxilio que no cobran rescates salvo que haya contratos de por medio. Por ejemplo en Aconcagua, que es un parque nacional y tiene arancel. El principio es que tenemos que tener igualdad ante la Ley. Si hay un incendio, el bombero voluntario no le cobra a la persona que se le quemó la casa. Parece que se está arancelando la asistencia del Estado”. 

“El problema de los rescates es ínfimo comparado con la cantidad de gente que realiza la actividad. El montañista asume que el rescate puede no llegar”. 

Arbelo precisó que “en Tierra de Fuego, en 2 años, hubo 72 intervenciones de la Comisión de Auxilio y no hay registro de las miles de actividades. Nadie puede decirle a Tierra de Fuego lo que establece para su territorio. Aunque nos están marginando como actividad”. 

Sobre su aplicación, expresó que “el Parque Nacional tiene que regirse por normativa federal, por lo que ahí rige la Ley vigente para todos los territorios de parques nacionales. El resto de la provincia no dice ‘en algunos lugares no señalizados’, dice en todos los lugares. Habla de lugares agrestes. Si hoy salgo a cualquier senda, tengo que tener el seguro, pero no existe”. 

“No hay compañía argentina que tenga un seguro de rescate de este tipo. Están creando la obligatoriedad a las empresas de dar una póliza que todavía no existe. Podés ir a cualquier productor de seguro para pedir una póliza de rescate y no va a saber qué darte”, enfatizó. 

Por último, señaló que “nos tenemos que poner a discutir la igualdad que tenemos frente a otras actividades que se desarrollan en Tierra del Fuego. Esta Ley está enfocada de manera errónea e intenta generar una actividad arancelada, bajo la supuesta defensa de la Comisión de Rescate. Crea un recurso tributario, con un fin específico”.