Denuncian irregularidades y persecución a empleados en el Tribunal de Cuentas

Denuncian irregularidades y persecucion a empleados en el Tribunal de Cuentas. Un Vocal cobra 2.500.000 y vive en Buenos Aires.

La secretaria general de APOC (Asociación del Personal de Organismos de Control) Valeria Regueiro, sostuvo que los vocales del Tribunal de Cuentas Provincial (TCP) se niegan a discutir salarios en paritarias, que imponen los aumentos de manera unilateral, mientras sus salarios superan ampliamente los 2.500.000 pesos, y son el presidente Vocal Abogado Miguel Longhitano, Vocal de Auditoria, Contador CPN Hugo Sebastián Pani y Vocal Contador Luis María Capellano. Este ultimo ocupa un cargo en Buenos Aires, pero cobra el sueldo como si estuviera en Tierra del Fuego. 

Después de dos meses de enviar notas y de tratar de entablar algún tipo de dialogo con los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, la secretaria general de APOC, Valeria Regueiro decidió salir a hacer público el padecimiento de los trabajadores de ese ente de control a quienes se trata como hace un siglo atrás. 

La dirigente sostuvo que cuando se presento como nueva secretaria general hubo un inicio de conversaciones, pero luego no se la recibió más, que hasta ahora no se habían hecho declaraciones públicas porque siempre esperaban una respuesta a sus pedidos lo que nunca pasó. 

“Ningún cargo jerárquico ha sido concursado, todos designados a dedo y los empleados que no les son funcionales son pasados s disponibilidad, enviados a juntas medicas hasta que por cansancio deciden irse. Los empleados del Tribunal de Cuentas no reciben recibo de sueldo, otra atrocidad que se permite en esta provincia. «En el recibo solo dice solamente el sueldo básico y nada más discriminado. Y nada más no hay otro».

“En el Tribunal de cuentas dieron aumento del 15% en el mes de mayo, aumento con el que los vocales pasaron a cobrar más de 2.500.000 pesos, ese 15% para un empleado del organismo que cobra 300.000 pesos es nada”, siguió Regueiro. 

Detalló que “se presentaron varias notas, un poco para que entiendan que el salario tiene que ser negociado entre dos partes, porque el despotismo ilustrado para el pueblo pero sin el pueblo, No existe más hace muchos siglos, así que la idea de nosotros dentro de la coherencia es poder sentarnos a que nos escuchen”. 

“El salario de los empleados del Tribunal de Cuentas viene en picada, digamos no solo por la situación inflacionaria que mantiene la Argentina y que todos conocemos y que no se nos escapa, sino que se fue depreciando el salario debido a que los aumentos que los vocales decidían otorgar siempre fueron menor a la inflación e incluso a los otorgados por el mismísimo Poder Ejecutivo”, describió. 

“Nosotros cumplimos una función de control de cuentas públicas y teníamos una posición salarial equiparada a lo que es la justicia”. “Hoy estamos como el salario de un gastronómico pero bien de abajo, o sea, ya ni siquiera un profesional con título universitario. Nosotros nunca hacemos ruido pero la situación llego a un punto intolerable que hizo que los empleados del Tribunal se levantaran”. 

“Tenemos una medida de asambleas permanente que lo hacemos por fuera del horario laboral, porque la verdad que no queremos que nos descuenten ni un centavo, no queremos perder nada porque hay gente que realmente está muy mal, me han manifestado que ya no tienen para comer, o sea, que un profesional que te diga no me alcanza para comer, o me diga pago el alquiler o como”. 

“La idea ahora es que la población se entere de esta situación, porque no estamos pidiendo nada ilógico, cruzamos notas al Ministerio de Trabajo que les corrieron vista a ellos, pero la verdad que todavía no ponen fecha de paritarias, no dicen si nos vamos a sentar y mucho menos cuando nos vamos a sentar”. “Tribunal de Cuentas de TDF no cumple con las leyes que debe controlar” 

Empleados estatales de esa provincia se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente en reclamo del pago de zona desfavorable. Aseguran que al pagar en igual forma a los empleados que prestan servicios en Buenos Aires y los que lo hacen en Tierra del Fuego el TCP estaría violando las normas que regulan el pago de zona desfavorable. 

Según dicen los trabajadores, esto fue expresamente reconocido por las autoridades del TCP fueguino Miguel Longhitano y Hugo Pani al firmar las notas nro 1090/23 y nro 1222/23 donde manifestaron expresamente que todos los agentes cobran la zona sin diferenciación del lugar donde prestan sus servicios. 

También se aseguro desde fuentes allegadas a los gremios estatales que esto impacta en casi todos los profesionales del estado fueguino al existir un mecanismo legal de enganche entre los sueldos del TCP y los sueldos de los profesionales del Poder Ejecutivo. 

Testimonios de empleados del TCP pidieron no ser identificados ya que habrían recibido mensajes intimidatorios de parte de las autoridades para que desistan de sus reclamos. A todo esto se suma la negativa de los titulares del organismo de sentarse en paritarias a discutir cuestiones laborales, lo que obliga a los empleados a mantener el estado de asamblea permanente, fuera del horario de trabajo y sin resentir el servicio, para tratar de buscar soluciones al deterioro continuo de sus salarios por el incumplimiento del TCP en el pago de la zona desfavorable. 

Según denuncian, se estaría violentando un derecho de larga data adquirido por aquellas provincias que por cuestiones climáticas y de distancia de los centros neurálgicos del país fueron consideradas menos favorecidas intentando compensarlas con el pago de un adicional denominado zona desfavorable. Es decir que el TCP de la provincia mas austral del país y que además es una isla y que para llegar al continente debe pasar por cuatro aduanas, no cumple con ese derecho adquirido por los trabajadores de esa provincia y violentaría de esa forma las propias leyes que debe controlar y que de hecho ha provocado que ese mismo TCP le haya iniciado procesos administrativos y judiciales a funcionarios de otros entes provinciales imputándoles cifras millonarias justamente por no haber dado cumplimiento a esas normas, concretamente el Decreto 1428/73 en el monto establecido por la ley provincial 288. 

“Pero sin embargo el TCP como controlador del cumplimiento de esas normas no las cumple, obligando a preguntarse quienes controlan a los que deben controlar el uso de los fondos públicos de la provincia”.