Toma de tierras en Ushuaia y denuncia del IPV

Un grupo de familias usurpo un predio del IPV en el barrio rio Pipo y fue denunciado. Piden al Gobierno soluciones habitacionales.

Un grupo de unas veinte familias usurpo un predio del IPV en la zona del Pipo en reclamo de una solución habitacional y desde el Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat se presentó una denuncia penal por la ocupación irregular de un predio fiscal de la institución en el barrio Río Pipo de Ushuaia por parte de un grupo de familias. 

La denuncia se realizó ante la Comisaría 4ta de Ushuaia e inmediatamente se elevó al Juzgado de feria, a cargo de la Jueza María Cristina Barrionuevo. No obstante, la presidenta del IPVyH, Laura Montes, se hizo presente en el lugar y mantuvo contacto con estas vecinas y vecinos. El encuentro sirvió para poner al tanto de la situación legal a estas familias y al mismo tiempo poner a disposición de cada grupo familiar el equipo técnico y social de la institución. 

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“Les solicité un listado para analizar la situación de cada familia, siempre dentro de la normativa vigente, para detectar situación de vulnerabilidad y en qué estado están sus legajos, e invitamos a los que no están inscriptos a hacerlo”, precisó Montes. 

“Si bien hay algunas personas que están hace mucho anotadas en los listados del IPVyH, hay otros que nunca lo hicieron. Hay además otras personas que no cuentan con los años de residencia necesaria para poder inscribirse”, recordó. 

“Nos pusimos a disposición. Les pedimos que mañana (lunes) nos acerquen el listado y abriremos una mesa de diálogo para analizar la situación de cada familia”, insistió la funcionaria.  

Okupas: Juan Barrientos, integrante del Polo Obrero y uno de los vecinos que ocupó un predio público, admitió que “la ley es muy clara y cuando el delito es ‘usurpación’. Nosotros, como fueguinos y como parte de un Estado, lo que estamos haciendo acá es una ‘ocupación’ porque esta es una tierra fiscal provincial y la ley dice que cuando el Estado no cumple la función (de otorgar soluciones habitacionales), los vecinos, que somos también el Estado, hacemos cumplir la ley”, entendió. 

“Lo que hoy estamos haciendo es tomar nuestra propia tierra, previamente consultamos unas leyes más con un grupo de abogados por lo que entendemos que hay varias leyes que avalan la toma de predios fiscales. Sin ir más lejos estamos enmarcados un ‘barrio popular’ tal cual lo define la ley del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) que establece que cuando ya hay más de 8 familias que ocupen un sector público, están protegidas por la ley del RENABAP”, entendió el referente social. 

En este sentido Barrientos observó que “el mismo Estado ha impulsado esta ley” y recordó que “por más de diez años no se pueden producir desalojos”. 

“Somos fueguinos y argentinos”: Juan Barrientos remarcó que “la gran mayoría de los que estamos acá somos fueguinos y argentinos que durante mucho tiempo hemos estado anotados en el IPV y en Tierras (municipal) y desde hace 15 ó 18 años no nos han dado respuestas”, aseguró y marcó que “hemos agotados todas las instancias administrativas ante los organismos competentes y hemos esperado una respuesta política y dijimos que si no la había, íbamos a venir a ocupar; fuimos sinceros en esto”. 

Confió que “tomamos esta vía de ocupación porque la situación de los alquileres es insostenible y esto lo están padeciendo miles de fueguinos, especialmente en Ushuaia; además, no existe una política social, hay abandono de personas. Por eso tuvimos que tomar esta decisión, que es drástica”. 

Aseguró que “conocemos las leyes, especialmente la del cuidado del medio ambiente y esto lo estamos cuidando ya que convenimos con los vecinos no a la tala de árboles y si hay un árbol que debe ser sacado, plantamos uno en otro lugar”. 

El referente social aseguró además que “no han venido autoridades políticas, salvo una delegación policial al mando del comisario Chamorro con quien dialogamos civilizadamente y dentro del marco del respeto. Policía Científica tomó fotos del lugar y se retiraron. Ahora estamos esperando la presencia de alguna autoridad provincial o municipal, porque al ser un predio provincial no sabemos quiénes deben actuar”. 

Finalmente comentó que “en estos últimos tres meses hubo unas nueve ocupaciones y un solo desalojo y esto ocurre porque hay en medio punteros políticos y nosotros no queremos punteros políticos que nos condicionen y lo primero que acordamos en asamblea con los vecinos es que estos terrenos no son para la venta”.