Enojados por declaraciones patrimoniales

La publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales, divide a la Justicia (ver) , las diferencias quedaron marcadas por el posicionami...

La publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales, divide a la Justicia (ver), las diferencias quedaron marcadas por el posicionamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios en donde su comisión directiva no puso objeciones al decreto provincial 2166 del corriente año, que da carácter público a las declaraciones juradas patrimoniales incluye también a funcionarios de los tres Poderes del Estado Provincial, intendentes, concejales y funcionarios municipales, el plazo de presentación vence el 30 de noviembre, luego que la gobernadora Rios prorrogara el plazo que vencía el 31 de octubre. En la Justicia varios de los asociados, entre los que hay jueces y funcionarios, se oponen tajantemente a la posibilidad de que su patrimonio sea revelado públicamente ante la solicitud de cualquier vecino común. No obstante la Asociación sostuvo por unanimidad de su comisión, que “no afecta la independencia del Poder Judicial” y que además que “su cumplimiento hace a la transparencia pública de sus funcionarios”.

La posibilidad de que las declaraciones patrimoniales de los jueces sean públicas generó diferencias internas en el Poder Judicial. Mientras la Asociación de Magistrados y Funcionarios consideró tras una reunión de su comisión directiva en Tolhuin, que el decreto reglamentario 2166/2010 no “afecta de manera alguna la independencia del Poder Judicial”, algunos de los asociados mantienen posturas contrarias, ya que no pretenden que sus bienes y patrimonio sea publicitados ante la solicitud de cualquier vecino común o interesado.

El pasado 16 de octubre la Asociación de Magistrados dijo, ante el planteo de análisis de algunos de sus asociados, que “luego de estudiar y discutir la norma en cuestión, por unanimidad de la Comisión no encuentra objeciones que formular, por cuanto no se afecta de manera alguna la independencia del Poder Judicial, y su cumplimiento hace a la transparencia pública de sus funcionarios”.

No obstante algunos de los asociados, entre los que habría funcionarios de alto rango y jueces, consideran inapropiado que su patrimonio pueda ser revelado ante el pedido de cualquier vecino común. De hecho algunos evalúan realizar presentaciones judiciales para evitar que el procedimiento establecido por el decreto 2166/2010 les sea aplicado.

Qué dice el decreto

Entre otros fundamentos sostiene que "el artículo 189° de la Constitución Provincial surge que los funcionarios de los tres poderes del Estado Provincial, aún el Interventor Federal, de los entes autárquicos y descentralizados y de las municipalidades y comunas, y todos aquellos que tuvieren la responsabilidad de manejo o administración de fondos públicos, tienen la obligación de presentar las correspondientes Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y al dejar sus cargos, que comprende también lo relacionado a los bienes pertenecientes a sus cónyuges y personas a sus cargos".

Asimismo menciona que "la citada ley fue reglamentada por Decreto Provincial N° 790/97. Que, mediante Ley Provincial N°758 se sustituyen los artículos 3°, 4°, 5°, 16° y 17° de la Ley Provincial N° 352, estableciéndose un nuevo régimen que contempla el carácter público de las Declaraciones Juradas y de los listados que de ellas resulten, contemplándose la obligatoriedad de la presentación en forma anual.

Que, el cambio sustancial operado en el régimen de Declaraciones Juradas, obliga a dictar una nueva reglamentación acorde a las modificaciones introducidas, dejando vigente la normativa pertinente referida al procedimiento sobre Requerimiento de Justificación de Incrementos Patrimoniales, en cuanto ello fuere compatible.

Que, la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 135° de la Constitución Provincial".

Prorrogaron la presentación de las declaraciones juradas

Ante una recomendación formulada por el Tribunal de Cuentas, la gobernadora Fabiana Ríos extendió el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas; requisito que obliga la ley que creó el «Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales» y que fue reglamentada recién por la actual gestión de Gobierno del ARI.

En el decreto 2166/10, la mandataria había impuesto el 31 de octubre como último plazo para la presentación de la mencionada documentación. Ahora, con la firma del decreto 2577/10, resolvió que ese plazo sea extendido por un mes más, operando el 30 de noviembre la finalización para cumplir con ese requisito.

La presentación de las declaraciones juradas tiene como por objeto disipar cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito en la función pública, justificando todo crecimiento patrimonial que se pueda producir de un año a otro, mientras el funcionario se encuentra en el cargo.

Es el Tribunal de Cuentas el organismo encargado de recepcionar las declaraciones juradas y llevar adelante el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la Ley 352, que puso en marcha ese instituto que hace a la transparencia en la función pública.