La Total entre los financistas del Puerto

La aparición en escena de inversores franceses entre ellos la petrolera Total Austral, empresa que esta a punto de renegociar la ampliación ...

La aparición en escena de inversores franceses entre ellos la petrolera Total Austral, empresa que esta a punto de renegociar la ampliación sus contratos petroleros con la provincia, podría cerrar el largo capítulo del puerto Caleta La Misión, tema de todas las campañas políticas que se puedan recordar y, accesoriamente, una constante fuga de fondos públicos por gastos improductivos que reclama la empresa contratista, por la paralización de la obra. Los capitales franceses quieren financiar esta obra para después, como contraprestación, tener la explotación durante un período de 40 años. Es parte de la negociación. Como primera medida les hemos pedido que si no hay arreglo judicial no podemos hacer ningún arreglo más”, sostuvo. La UTE Ormas-Andrade-Gutiérrez, de hecho, mantiene una demanda contra el Estado por 44 millones de pesos en concepto de gastos improductivos que, actualizados a la fecha, llegarían a una cifra de cien millones de pesos. Así lo dio a conocer Alejandro Berola, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, junto con las gestiones para la solución definitiva.

El funcionario dijo que la UTE “no reclama certificados de obra, no reclaman facturas pendientes por trabajos realizados. Ellos dicen que lo que hay en el puerto construido le corresponde a la Provincia, porque lo pagó, y reclaman 44 millones de pesos porque entienden que hay un improductivo por la paralización. La estructura ociosa a ellos les genera un gasto, más allá del daño que pudiera ocasionar, por gente cuidando, máquinas paralizadas, seguros, estructuras ociosas, todo un capital que no se utiliza y son costos fijos para mantener esto, que se llaman ‘improductivos’. Este es el concepto que está reclamando en este momento Ormas Andrade Gutiérrez”, explicó Berola.

El expediente de la obra, iniciada en la gestión de Estabillo, tiene “más de cien cuerpos. Hay un reclamo judicial y se tendrá que dirimir en un estrado judicial, pero previamente estamos tratando de evitar pagar ese dinero, porque ya sabemos cómo son los juicios contra el Estado”.

El funcionario dijo desconocer las gestiones anteriores sobre el tema, puesto que “ni siquiera vivía en la provincia” e hizo una leve referencia a la revaluación de la obra, para centrarse el reclamo judicial como tema urgente a resolver.

“La idea es neutralizar de alguna manera el reclamo, por eso esta negociación que se lleva adelante por parte del Estado”, señaló con referencia a la carta de intención que incorpora a los inversores franceses.

En ese escrito se plasmó la voluntad del gobierno para que “primero desinteresen a Ormas Andrade Gutiérrez de esa demanda contra el Estado.

Los capitales franceses quieren financiar esta obra para después, como contraprestación, tener la explotación durante un período de 40 años. Es parte de la negociación. Como primera medida les hemos pedido que si no hay arreglo judicial no podemos hacer ningún arreglo más”, sostuvo.

Agregó que otra de las condiciones que se establecieron fue que “siga Ormas Andrade Gutiérrez y adelante la obra, porque es la que la conoce.

Hace mucho que estamos trabajando en esto y los franceses no querían firmar la carta de intención ni comprometerse ante la gobernadora hasta que no arreglaran las condiciones con la UTE”, dijo, hasta que se logró el acuerdo y se firmó el documento.

Para Berola “está arreglada la deuda y el monto que requeriría la UTE de los franceses para desinteresarse del juicio. Esto es sumamente importante porque estamos neutralizando un endeudamiento muy importante”, destacó.

Contacto en Francia

Consultado sobre los inversores franceses, precisó que los capitales son aportados por el IFEFI, el “instituto francés de financiación independiente”, y se trata de “una empresa financiera internacional, que financia este tipo de proyectos”.

Berola deslizó contactos con la petrolera francesa Total Austral, que opera en la isla, al señalar que “si ellos se arriesgan a financiar esto, es porque tienen un cliente seguro. Por lo menos en la carta de intención se dice que han tenido el visto bueno de las empresas petroleras que están acá, Sipetrol, Apache, y Total Austral sobre todo”.

La inversión sería de 200 millones de dólares, además del pago del dinero que reclama la UTE, aunque según el funcionario desconocen el monto de ese arreglo.

Los inversores extranjeros cuentan con “una pata local”, agregó Berola, y se trata de Piedrabuena Sociedad Anónima, una firma radicada en Buenos Aires, “que tiene como integrante uno de los socios de IFEFI. Esa empresa tiene como presidente al Dr. Pedro Trucco, que fue el ministro de Obras Públicas de Alfonsín. Son gente realmente seria”, afirmó.

“La obra va a cambiar porque se modernizaron las técnicas de construcción, sobre todo en el mar. Inclusive uno de los socios de Piedrabuena S.A., es un ingeniero bastante puntilloso en este tema y ha patentado un sistema muy moderno que se ha utilizado en otros lugares del mundo y lo van a aplicar acá”, apuntó, con lo cual se podría habilitar antes el puerto, sin necesidad de que esté terminado, y continuar por etapas.

Destino industrial

El uso del puerto sería básicamente industrial, no combinado con el muelle turístico como en Ushuaia. “Básicamente para petróleo y gas. Esa es la realidad; y otra de las exigencias es que obviamente tiene que ser carguero y pesquero, eso es fundamental para la industria de Río Grande.

Cuando digo carguero incluyo containero, ante el auge que están teniendo las industrias”, señaló Berola, dando cuenta de haber recibido llamadas de “varias empresas preguntando cómo es el tema. A algunos hasta le di los teléfonos de algunos de las empresas. Va a ser realmente muy importante”, aseveró.

Con gran optimismo expresó estar “haciendo un puerto que en quince años no pudo hacer nadie” y adelantó un anuncio para Ushuaia, sobre la “extensión del muelle en 250 metros. Vamos a llegar a un calado de casi catorce metros y va a poder amarrar cualquier barco”, indicó respecto de las obras que se harán “con fondos de Nación”.

Explosión containera

Por otra parte, Berola fue consultado sobre la situación del puerto de Ushuaia con el aumento de cargueros y containeros. Estimó que “el 30 por ciento de los contenedores que recibimos en el puerto de Ushuaia van por camión a Río Grande. Realmente el tráfico de contenedores que estamos teniendo, a raíz de la situación económica que está generando la electrónica, que explotó, está demandando lugar, más espacio, más actividad en el puerto. Antes teníamos un carguero cada tanto, ahora tenemos todos los días algún containero en el puerto”, dijo.

La actividad portuaria repercute entre los prestadores de servicios, sobre todo cuando se trata de cruceros, por la necesidad de provisión de comida e insumos para el viaje.

“Los cargueros no son grandes consumidores. Llegan cargueros de empresas de cabotaje y de empresas internacionales que vienen de otros países, pero la economía se desarrolla sobre todo en la provisión a cruceros. Consumen comida, combustible, computadoras, herramientas, repuestos, estampillas para mandar cartas, muchas cosas”, afirmó.

En cifras, informó que “por el puerto entraron 110 mil personas en esta temporada que pasó, 2009-2010”, si bien hubo una merma respecto de la anterior, donde el número había llegado a los 125 mil.

Según Berola operar en el puerto de Ushuaia no es caro, aun cuando se comparaban valores con Punta Arenas, que presentaban la opción chilena como la más favorable: “Nosotros cobramos por metro de eslora. Los buques grandes tienen 300 metros, 200 los containeros, hay de todo, de 50 metros, de 20 metros. Cobramos por metro de eslora y por día. Los chilenos cobran por metro de eslora, por hora. Si bien la hora es aparentemente más barata en el caso nuestro que lo tenemos por 24 horas lo es mucho más. En realidad no tenemos un puerto caro. Las tarifas son públicas y están en www.puertoushuaia.gov.ar”, invitó a consultar.

La comisión cuenta con 30 días para cerrar la negociación
Con las mejores intenciones

Fechada el 5 de octubre de 2010, la carta de intención que establece las pautas para la finalización de la obra del Puerto Caleta La Misión abre expectativas de solución y a la vez sobre la capacidad de negociación de parte de la provincia para arribar a un acuerdo favorable a los intereses de los fueguinos.

Fue firmada entre el Gobierno de la provincia, la UTE Ormas Andrade Gutiérrez, el Instituto Francés de Estudios Financieros Independientes y la empresa Servicios Navieros Piedrabuena S.A. Ingeniería Marítima.
El decreto que ratifica la carta de intención lleva la misma fecha y está firmado por la gobernadora Fabiana Ríos y el ministro de Gobierno Guillermo Aramburu.

En el texto se menciona la nota del 13 de mayo de 2010 de la empresa Piedrabuena S.A., al gobierno de la provincia, por la cual manifiesta interés en continuar la obra del puerto, que estaba contemplada dentro de las grandes obras del Fideicomiso Austral.

La respuesta de la provincia se emite el 22 de julio de este año, con el visto bueno a la propuesta y la observación de que primero se debe resolver el conflicto judicial con la UTE.

El 4 de agosto vuelve a responder Piedrabuena S.A. y el IFEFI, y allí se plantea la alternativa de contratar a la UTE para destrabar el conflicto, además de poner a disposición sus conocimientos. Estiman que el plazo de concesión debería ser de 40 años, como contraprestación de la Provincia ante la inversión.

El 2 de septiembre se comunica desde la Provincia la oportunidad de contratar a la UTE, que conoce la obra, y el gobierno fueguino manifiesta el interés de tener una participación accionaria en la futura explotación del puerto.

En la carta de intención se establecen varias cláusulas, por las cuales las partes se comprometen a llevar adelante las tratativas necesarias para la solución del conflicto judicial. El gobierno designa como representante a Alejandro Berola, presidente de Puertos, quien junto con los representantes del resto de los firmantes conforman una “comisión”, que cuenta con un plazo de treinta días para llevar adelante las tratativas y completar la documentación.

Se consigna que con posterioridad se dará intervención a la Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Legislatura Provincial.