La incapacidad del ARI y la lucha por la Tarifaria

El Gobierno reclama a la oposición legislativa la aprobación de la nueva ley. Pero choca con su propia incapacidad para generar consensos de...

El Gobierno reclama a la oposición legislativa la aprobación de la nueva ley. Pero choca con su propia incapacidad para generar consensos dentro del Parlamento.

Y con la negativa del sector privado de financiar el déficit estatal y solventar el pago de salarios a los empleados públicos.

Como telón de fondo, la concepción ideológica del oficialismo que considera al sector empresario como una elite a la que se debe disciplinar.
El oficialismo volvió a pedir a los bloques parlamentarios de la oposición el "acompañamiento" al Ejecutivo provincial mediante la aprobación de las "herramientas financieras" que requiere para "poder mejorar la situación de crisis económica por la cual atraviesa la Provincia".
Esta vez la encargada de realizar el reclamo fue la legisladora Verónica de María, quien cuestionó que "no nos están dando las herramientas que se solicitan y que son sumamente necesarias", y entre ellas hizo especial hincapié a la reforma tributaria planteada a través del proyecto de ley tarifaria, cuya versión denominada "corta" venció a principios de años.

Desde entonces la gobernadora Fabiana Ríos y sus principales funcionarios y legisladores vienen reclamando el tratamiento del proyecto integral, ya que la salida de vigencia de la tarifaria corta implicó una merma en los ingresos provinciales de alrededor de 11 millones de pesos mensuales, según advirtió dos semanas antes de renunciar, el ex ministro de Economía, Roberto Crocianelli.

En un contexto de aguda crisis, agravado por la caída de los ingresos nacionales, cualquier caída en los recursos supone un duro golpe para la gestión del ARI, y de ahí la premura por lograr la aprobación de la tarifaria.
Sin embargo, tanto De María como el parlamentario o funcionario demandante de turno obvian decir que una de las razones por las que el Gobierno no obtiene dicha ley es por la incapacidad generalizada del oficialismo para lograr los consensos necesarios.

A eso se suma que el nuevo ministro de Economía, Rubén Bahntje, hizo gala de la misma delicadeza de un elefante en un bazar cuando cuestionó furiosamente a la oposición parlamentaria poco antes de asumir, poniendo al borde de la ruptura las relaciones entre oficialismo y oposición. Aún en el papel de contestador oficial de críticas, Bahntje se empeña en sabotear dialécticamente la nueva estrategia contemporizadora que anunció Ríos tras el desastre electoral del 28J. Estrategia que de la mano del propio Bahntje tuvo su primer paso en falso con la frustrada reunión entre la gobernadora y la Intersindical que se iba a realizar el martes y finalmente no se concretó, debido a los condicionamientos que puso el Ejecutivo en cuanto a la cantidad de dirigentes gremiales que podían estar presentes.

Como dato al pasar y para tener en cuenta, De María oportunamente planteó la generalización del pago del impuesto al sello, y curiosamente la propia gobernadora eximió de ese tributo a una petrolera que explota hidrocarburos en Tierra del Fuego, por lo que se estima que dejaron de ingresar a las arcas provinciales alrededor de 30 millones de pesos.

Apunten a los privados

Pero hay otro elemento no menor a la hora de analizar los por qué de la no aprobación de la tarifaria, y es el fuerte rechazo del sector privado a la normativa.

Si bien entre el empresariado fueguino prima el entendimiento de que no es descabellado que se le reclame al sector una cuota de esfuerzo para enfrentar la desfavorable coyuntura provincial, causa un fuerte escozor la idea de que en realidad el supuesto incremento de la recaudación tributaria, si se aprueba la nueva ley, se destinará al financiamiento del déficit de la Provincia. Para ser más claros, que se destine al pago de los salarios de los empleados públicos.

Los privados rechazan de plano esa posibilidad porque no están dispuestos a hacerse cargo de la manutención de una parte de un Estado elefantiásico que destina casi la totalidad de sus recursos al pago de salarios, mientras que menos del 10% del Presupuesto va al sostenimiento de los servicios básicos que debe prestar en materia de salud, educación y seguridad.

Sospechan que la iniciativa responde no solo a necesidades de caja si no sobre todo a una concepción ideológica del ARI, que suscribe que al Estado benefactor que llega con sus brazos a toda la sociedad se opone una elite -en este caso los privados- que privilegia sus intereses sectoriales por sobre el bien común y por eso debe ser disciplinada, en este caso mediante una ley tributaria.

El sector empresario advierte en el ARI un total desconocimiento sobre las demandas de esfuerzos e inversiones que implica la actividad privada, por más humilde que sea. Inversión en insumos, mercaderías, tecnología, mano de obra, salarios, infraestructura, alquileres, entre tantos otros aspectos.

Objeta además que el ARI no repara que la actividad privada en definitiva es una actividad de riesgo tanto para el que la emprende como para sus empleados, y que el sector afronta al igual que el Gobierno los vaivenes de la crisis.

En charla de café un reconocido empresario riograndense observó que "los funcionarios del ARI en una gran mayoría, empezando por la gobernadora, vivieron siempre de la política; no saben lo que es el esfuerzo que significa llevar adelante un emprendimiento por más chico que sea".

Ahí reside el principal foco de rechazo a la reforma tributaria, en el temor a que una concepción ideológica impulse e imponga una ley que no redunde en un beneficio para toda la sociedad, si no en el mantenimiento de una abultada planta de empleados.

En ese marco los privados no verían con malos ojos que una nueva tarifaria vaya de la mano, por ejemplo, de la creación de un fondo específico que se destine a mantenimiento de escuelas, mejoras en seguridad, equipamiento de hospitales o urbanización. O sea cualquier alternativa viable que no implique la utilización de esos recursos para el pago de gastos corrientes del Estado. "De qué sirve que cobren más impuestos si después con esa plata le van a dar un aumento a tal o cual gremio", planteó el conspicuo empresario.

Los privados cuestionan que el Gobierno no ha implementado políticas que apunten al desarrollo de procesos productivos de cualquier índole que abran las puertas a la generación de mano de obra, y también al apuntalamiento de las iniciativas en marcha, ya sea para su consolidación o para evitar su caída.

Y reclaman que una ley tributaria debe ir de la mano de una estrategia que combata eficazmente la evasión, sobre todo de los grandes grupos económicos con base fuera de la provincia, y que a la vez otorgue facilidades para la regularización de deudas, en consonancia con las políticas que aplica la AFIP a nivel nacional.

El Gobierno deberá atender ambos frentes: por un lado la búsqueda de consenso legislativo, y por el otro analizar junto a los privados el destino real que piensa dar a los recursos que recaude con una reforma tributaria. Incluso, la propia oposición ya advirtió que no concuerda con una iniciativa de esa índole.
El desafío promete más dolores de cabeza.