Juicio Baciocchi: apuntan a la gestión de Martín Pérez por fallas en la asistencia previa al crimen

Juicio Baciocchi: apuntan a la gestión de Martín Pérez tras revelarse que la acusada pidió ayuda sin respuestas antes del crimen.

El juicio oral por el crimen de Alexis Baciocchi sumó un nuevo eje de controversia tras conocerse declaraciones que ponen bajo cuestionamiento directo a la gestión del intendente de Río Grande, Martín Pérez, en relación a la intervención estatal previa al hecho.

Durante las audiencias, se expuso que Florencia Mansilla habría acudido en reiteradas oportunidades a solicitar ayuda al Municipio, donde —según se ventiló en el debate— no se habría dado una respuesta efectiva a su situación.

Uno de los puntos más sensibles surgió a partir de una de esas intervenciones, en la que la propia acusada habría manifestado con claridad extrema el nivel de desesperación que atravesaba: “o lo mato o me tiro abajo de un auto”, una frase que, lejos de activar mecanismos de urgencia, no derivó en una acción concreta que evitara el desenlace.

En ese contexto, la declaración de la concejal Alejandra Arce —quien al momento del hecho era Secretaria de la Mujer— confirmó que el área municipal intervino al menos en tres ocasiones, bajo el criterio de respetar la autonomía de la mujer para avanzar o no con una denuncia formal.

Sin embargo, el debate judicial dejó en evidencia una posible falla estructural en el abordaje del caso, ya que, pese a los indicios de gravedad, no se activaron herramientas más contundentes, ni se articuló con la Justicia en tiempo oportuno.

La situación también expuso que no existía un protocolo claro de actuación en ese momento, el cual comenzó a elaborarse recién después de ocurrido el crimen, lo que agrava los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado municipal.

El caso deja una señal alarmante sobre la gestión municipal: no se trata solo de si hubo intervención, sino de si esa intervención fue suficiente frente a una advertencia explícita de riesgo extremo. En ese punto, la responsabilidad política ya no puede diluirse en argumentos técnicos ni en la falta de protocolos.