Quieren regalar 70 millones a las petroleras

La renegociación de contratos petroleros que lleva adelante la Secretaría de Hidrocarburos, estaría avanzando sin haberse determinado todaví...

La renegociación de contratos petroleros que lleva adelante la Secretaría de Hidrocarburos, estaría avanzando sin haberse determinado todavía la deuda pendiente de las empresas, las cuales no podrían participar si tienen saldos pendientes con la provincia (ver), entre ellas se encontraria Total Austral de donde sugestivamente, el Subsecretario de Hidrocarburos, Eduardo D'Andrea es empleado. La deuda que podría rondar los 70 millones y no fue cobrada por esta gestión, la cual oculto este pequeño gran detalle que solo parece intentar favorecer los intereses de la petroleras. Este importe es según las primeras estimaciones tras la causa penal iniciada por el Fiscal Guillermo Massimi y luego derivada al juzgado del Dr. Héctor Ochoa, donde la misma se encuentra paralizada (ver). Se trata del monto acumulado desde 2006, ya que las deudas anteriores habrían prescripto a poco de asumir Ríos.

No obstante se suman dudas sobre diferencias generadas en la actual gestión, ya que la sanción de la nueva Ley de Ministerios en diciembre de 2007 delegó parte de las funciones a Hidrocarburos y retuvo parte en el Ejecutivo. De los pedidos de informe realizados, ni uno ni otro contarían con la documentación de control, tanto de las declaraciones juradas de las empresas como en boca de pozo.

La polémica generada en 2010 por la existencia de deudas de empresas petroleras sin reclamar desde 2006 no terminó. Mientras el secretario de Hidrocarburos Eduardo D’Andrea había negado saldos pendientes al comienzo del año pasado, el ex representante de la provincia ante la OFEPHI –Ingeniero Oscar Suárez- estimaba una suma superior a los cien millones.

Lo cierto es que el funcionario de Hidrocarburos ofreció en los primeros meses de 2010 una conferencia de prensa en la que negó deudas, en función de la prescripción que habría operado al poco tiempo de que asumiera Ríos el gobierno. Sin embargo el ingeniero Suárez –casi de inmediato removido de su cargo- advirtió sobre un remanente desde 2006 sin prescribir, que debía reclamarse.

La controversia terminó en la Justicia, con una intervención de oficio por parte del Fiscal Mayor Guillermo Massimi en la que se investiga si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario al omitir los reclamos. La causa penal fue derivada al juzgado del Dr. Héctor Ochoa en Río Grande, donde comenzaron las primeras investigaciones.

A la fecha, un estudio preliminar en el que habría asesorado la Universidad de Buenos Aires, habría determinado una cifra que ronda los 70 millones, sin documentación que certifique que esos saldos fueron cancelados, cuando desde el área de Hidrocarburos hubo avances importantes en la renegociación y es condición sine qua non no tener deudas previas para poder prorrogar las concesiones.

La renegociación igualmente tiene algunos escollos que sortear, fundamentalmente en la Legislatura y también en el menguado Tribunal de Cuentas, hoy sin su histórico vocal Claudio Ricciuti.

Mientras se espera el ingreso de los contratos para su ratificación, la legisladora de Encuentro Popular Verónica De María indicó a este medio que presentó un pedido de informes a Hidrocarburos para conocer si había deuda pendiente, si había sido cancelada y reclamó copia de la documentación sobre este tema. Pero la respuesta habría sido la ausencia total de documentación, puesto que el año pasado y luego de las denuncias se comisionó a Ingresos Públicos la responsabilidad de esas determinaciones.


El agujero negro


La investigación de deudas atrasadas desde 2006 sin reclamar amenaza con traer otras derivaciones más graves, por la indefinición de competencias respecto de quién debía hacer los controles de regalías, no ya de las deudas de gestiones anteriores, sino de las que fueron declarando las empresas durante la administración Ríos.

De hecho la gobernadora decidió crear por decreto una dependencia dentro de Rentas para el control, que podría dar lugar a reforzar la teoría de la indeterminación, y según fuentes del área todavía no contarían con personal asignado ni el correspondiente traspaso de la estructura para poder funcionar.

La decisión de la mandataria fue tomada luego del escándalo que desataron las denuncias por deudas sin reclamar, puesto que a las afirmaciones del ingeniero Suárez le siguió la intervención de la Multipartidaria con un recurso judicial para conocer sobre el tema.

En ese contexto, Ríos dictó el Decreto N° 1949 el 6 de agosto de 2010. Allí admite la controversia sobre la procedencia del cobro de créditos. La gobernadora vio necesaria también “la determinación del régimen aplicable a la liquidación de regalías en futuros ejercicios”, señalando a éste como “un asunto de extraordinaria importancia para la Provincia” y la disputa como una “situación extraordinaria que hace necesario adoptar los procedimientos que permitan que la decisión que recaiga al respecto sea tomada con la premura que el caso amerita”.

Así fue que decretó “oportuno y conveniente delegar en la Secretaría de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia, la sustanciación del procedimiento administrativo necesario para resolver la cuestión en trato, respecto de la existencia y alcance de créditos exigibles”.

Puntualmente se asignó a Cristian Durrieu como titular de Ingresos Públicos la “determinación del alcance de créditos a percibir por parte de la Provincia que pudieren existir como consecuencia de una deficiente liquidación de regalías de gas natural exportado a la República de Chile, gas licuado de petróleo, régimen aplicable al precio del petróleo para la liquidación de regalías y el cómputo de ciertos gastos a los fines del cálculo de regalías de gas desde el año 2006; pudiendo para ello resolver otras cuestiones accesorias”.

El Gran Bonete del control


Las distintas normas que se fueron dictando dejan abiertas muchas preguntas. Además de la deuda de 2006 que se investiga en estrados judiciales y que difícilmente puedan dejar de pagar las empresas si quieren renegociar las concesiones, cabe la incógnita sobre quién realizó el control de regalías desde que entró en vigencia la ley de ministerios de la gestión Ríos, a partir de que Hidrocarburos dice no contar con documentación sobre el tema.

Hasta el 13 de diciembre de 2007 estaba vigente la Ley de Ministerios N°703, aprobada el 29 de junio de 2006, por la cual se fijaba dentro de las competencias del Ministerio de Economía la recaudación y control de regalías.

Pocos días antes de la asunción de Ríos, la Legislatura aprobó la Ley de Ministerios N° 752, el 13 de diciembre de 2007 y entre otras elevó al rango de Secretaría de Estado a la Secretaría de Hidrocarburos.


En el artículo 19 definió sus competencias:


“1.- Articular las relaciones operativas entre la Provincia y la Secretaría de Energía de la Nación, con la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, con el objeto de programar y convenir con dichos entes el desarrollo y explotación de los recursos naturales, como así también delinear programas de explotación sustentable en el tiempo de los recursos no renovables y campañas de concientización en el uso racional de los recursos y su aprovechamiento sustentable;

2- ejercer la autoridad de aplicación en materia de exploración y explotación hidrocarburífera, estudiando y proponiendo al Poder Ejecutivo, proyectos sobre regímenes de responsabilidad y aplicación de sanciones en materia de alteración o daño ambiental;

3.- promover la radicación de empresas para la industrialización de hidrocarburos y fiscalizar todas las áreas con permisos de explotación vigentes”.

La misma ley también definió las competencias del Ministerio de Economía, entre otras “recaudar las rentas internas, percibir la coparticipación federal, regalías y demás asignaciones que provengan del orden nacional”, y también “dotar a la Administración Pública de los medios económicos, técnicos y de auditoría, que resulten necesarios para asegurar el control de las liquidaciones de regalías de petróleo y gas”.

A partir de este punto las fuentes consultadas presentan interpretaciones contrapuestas: por un lado Hidrocarburos responde que no cuenta con documentación sobre el control de regalías, que quedó dentro de la órbita del Ejecutivo. Por otro lado en las misiones y funciones de la Secretaría, aparece la de “supervisar el control de las regalías que recauda la provincia” como tarea específica del Subsecretario de Hidrocarburos –actualmente Daniel Blázquez-.

También el área de Hidrocarburos cuenta en su organigrama con una “Dirección técnica y control de regalías” de la cual depende el “departamento de control de regalías y certificaciones” y, dentro de él, la “división control de regalías” (detalle en Anexo del Decreto provincial N° 1659/08, dictado el 20 de agosto de 2008).

Más dudas que certezas


Difícilmente las empresas petroleras puedan firmar los contratos sin pagar las deudas pendientes de 2006, en función del avance en el ámbito judicial de las investigaciones que probarían su existencia.

No se puede prever si habrá derivaciones para los funcionarios responsables de reclamarlas y que no lo hicieron, pero el marco legal en que se manejaron las distintas áreas de gobierno abre otro abanico de interrogantes.

Lo cierto es que la ley de ministerios vigente hasta el 2007 incluía entre las dependencias a la Secretaría de Hidrocarburos y decía que tenía que controlar regalías. Economía, a través de Hidrocarburos, era el área que efectuaba el control.

En diciembre de 2007, con la llegada de Ríos al gobierno, se saca Hidrocarburos de la competencia del Ministerio de Economía, porque se eleva a la categoría de Secretaría de Estado casi con rango ministerial. Se establece específicamente en su competencia la promoción de nuevos yacimientos, licitaciones, pero no se hace un claro traspaso de control de regalías, que quedó dentro del ámbito del Ministerio de Economía.

Algunas fuentes consultadas opinan que se debió haber designado de inmediato alguna de las estructuras que están en Economía para el control, por lógica Ingresos Públicos o Rentas, pero de hecho no se hizo y recién el año pasado, con una investigación penal en marcha, se comisionó a Durrieu la tarea de trabajar sobre los ítems específicos que detalla el decreto 1949/2010.

Al margen de los 70 millones en proceso de certificación y cobro, quién hizo el control de declaraciones juradas presentadas y de las bocas de pozo por parte de la provincia, es una pregunta a responder todavía.

En octubre se creó en la estructura de la Dirección de Rentas una subdirección de control de regalías y cánones. Tal vez una señal de que Rentas debe seguir adelante con la tarea que, según su organigrama, debió competer a Hidrocarburos, pero no hay certeza de que a la fecha se haya asignado la estructura y personal correspondiente para que funcione.