El convenio chino sera catastrofico para la provincia

Un negocio catastróficamente brillante, mandaron ‘gas’ al 2035 y firmaron un contrato millonario. Con la misma seriedad de esta proposición...

Un negocio catastróficamente brillante, mandaron ‘gas’ al 2035 y firmaron un contrato millonario. Con la misma seriedad de esta proposición, la provincia firmó el acto jurídico más trascendente de su historia, y comprometió un recurso natural sin verificar las reservas.
El Fiscal de Estado recordó que Fabiana Ríos, cuando denunció a Repsol hace tres años, había informado a la justicia penal que las reservas de gas sólo alcanzaban para 12 años. La misma persona, ahora en la gobernación, comprometió la materia prima por los próximos 25 años.
Martínez de Sucre advirtió que nadie puede sostener seriamente que una empresa realice una inversión de 500 millones de dólares para que luego le digan que se acabó el recurso y, por ende, se terminó el contrato, sin consecuencias para las partes. Según el fiscal, los términos contractuales no tienen nada que ver con lo que autorizó la Legislatura a través de la ley 774.

Luego de que el director de Asuntos Jurídicos y otro funcionario de gobierno salieran a realizar declaraciones en distintos medios de prensa, relacionada con el contrato con los chinos; el Fiscal de Estado elevó un informe a la Legislatura haciendo conocer su punto de vista crítico y se puso a disposición del cuerpo. En varios pasajes de su exposición escrita, el Dr. Virgilio Martínez de Sucre asegura que la provincia, en las actuales condiciones del contrato, podría ser llevada a un litigio internacional con consecuencias catastróficas.

En primer lugar se refirió a las declaraciones de Ricardo Saporiti, quien, invocando el cargo de director Provincial de Capacitación y Proyectos, había efectuado una nota periodística en la que contestó las serias dudas sobre las reservas que había planteado el ingeniero Oscar Suárez, representante de nuestra provincia ante la Ofephi (Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos).

El doctor Virgilio Martínez de Sucre indicó que las declaraciones de este funcionario, que no tuvo ninguna intervención en el expediente que había analizado tanto el Tribunal de Cuentas como la propia fiscalía, “no hacen más que convalidar las serias sospechas de que nos encontramos ante actos de una irresponsabilidad tan inaceptable que ameritan una más profunda investigación”, con la rápida e inexcusable recolección de pruebas e intervención de esa Legislatura.

Dijo que si bien las declaraciones de este funcionario son breves, no dejan de causar estupor por la ligereza e irresponsabilidad con la que ha sido tratada la mayor contratación en la historia de Tierra del Fuego.

A la vez, hizo un repaso de todas las actuaciones de la Fiscalía y las presentaciones que se hicieran ante la justicia provincial, donde se da cuenta de las irregularidades de la contratación: falta de expedientes, de dictámenes, de información; violación de normas; absoluta desidia hasta en las cosas más nimias, como numerar dictámenes o colocar fechas; cláusulas inaceptables y desventajosas; elusión tributaria (amparada por el propio Estado en contraposición a lo que fue la inequívoca postura fiscalista durante más de una década y media); millonarias diferencias dinerarias que no han sido mínimamente explicadas, por enumerar solo algunas.

Remarca que luego de expresar que había leído “detenidamente” el informe de Suárez, el señor Saporiti indica que “las reservas admiten distintos métodos para el cálculo, y en todos los casos los resultados son inferencias ya que no dan una certeza exacta”.

Con relación a ello, el Fiscal de Estado precisó que no es necesario ser un experto en materia hidrocarburífera para darse cuenta de ello, pero lo que asombra es lo que expresó a continuación este funcionario, al decir que “Suárez utilizó el método más ultraconservador que hay, que plantea un escenario mínimo. Suárez toma como certeza este inferior escenario que es mostrar las cifras oficiales que ofrecen las empresas”.

Así, se preguntó cuál es el escenario que ha sido tomado en este caso por las autoridades provinciales con carácter previo a la asunción de tamaños compromisos.

Al mismo tiempo, volvió a ratificar la imperiosa necesidad de que quedaran incorporados los estudios que acrediten las reservas de gas, ya que es indispensable para poder comprobar que las obligaciones que se querían hacer asumir a la provincia pudieran ser cumplidas debidamente, evitando de esta manera eventuales litigios en el futuro; tal como lo había advertido en la intervención que tuvo la fiscalía en noviembre de 2008.

Desde entonces transcurrieron más de siete meses, sin que en las actuaciones haya un solo informe para hacer las proyecciones.

Da lo mismo si no hay gas, según los expertos de Gobierno

Recordó que hace tres años, Fabiana Ríos y la diputada Elisa Carrió habían presentado una denuncia penal contra Repsol, en la que indicaban que las reservas de gas en Argentina solo alcanzaban para 12 años; por lo que el fiscal inquirió si “puede, entonces, considerarse una administración fiel comprometer al Estado provincial hasta el año 2035, cuando no hay un solo estudio agregado al expediente que así lo acredite, e incluso existe un acto propio, firmado por la misma funcionaria que firma la oferta del 28 de abril de 2009, que indica que el país sólo tendría reservas hasta el año 2019?

Lo asombroso resulta mayúsculo, según el Fiscal, porque el director Saporiti había señalado que en el peor de los escenarios, la vinculación con la empresa durará lo que duren las reservas, sin que la empresa pueda reclamarle nada a la provincia, algo similar a lo que había expresado el Dr. Espósito (director de Asuntos Jurídicos de Hidrocarburos) en oportunidad de celebrarse el plenario de legisladores, donde explicó que el objeto del contrato era únicamente el suministro de gas, y que “si el día de mañana la provincia dejara de percibir regalías gasíferas por agotamiento de los yacimientos fueguinos, el objeto del contrato desaparece y éste fenece sin generar ninguna obligación al Estado”.

“Qué nos están queriendo significar los funcionarios Saporiti y Espósito. Estimo que para hacer tamañas declaraciones, y para tener tanta ‘intervención y participación en el tema’, deben ser al menos ingeniero especializado en materia de hidrocarburos, y además abogado especialista en derecho internacional”, replicó el Fiscal de Estado.

Dijo que, resumidamente, estos funcionarios nos están diciendo: qué importancia tienen en definitiva las reservas. El día que se acaben, aun cuando ello acontezca, tal como lo pronosticó la gobernadora en el año 2006 (que sólo alcanzaban hasta el año 2019) se extinguirá el contrato por haberse agotado el objeto de la oferta y la empresa no reclamará nada a la provincia.

Lo curioso es que nada de esto está escrito, y menos aun que la empresa haya aceptado o prestado conformidad sobre esta forma de terminar con la contratación.

El doctor Martínez de Sucre se preguntó si alguien puede, razonablemente, sostener que una empresa que invertirá millones de dólares para montar un emprendimiento, cuya materia prima será el gas, terminará aceptando que dentro de diez años el gobernador le diga que lo lamenta, que se acabó el gas, que hasta allí llegó el contrato, que no nos deben nada ni le debemos nada.
Y, en tal caso, cuáles serían las normas de interpretación, el derecho aplicable, los peritos dictaminantes y el tribunal interviniente.

Se terminó el gas, se acabó el contrato: Nada te debo, nada me debés

A pesar de esta interpretación que hacen los funcionarios de gobierno, el Fiscal de Estado remarcó que el artículo 3 de la Oferta de Suministro de Gas establece que desde la firma del contrato comienzan todas las obligaciones de pago y entrega del gas natural, permaneciendo vigente hasta el 31 de diciembre de 2035; y que la provincia deberá proveer el gas natural dentro de los plazos estipulados, en las condiciones de calidad, cantidad, precio y forma de pago previstas.

Es más, remarca el Fiscal que en otro punto del contrato se expresa que la provincia declara y “garantiza” a la empresa que está autorizada por las leyes de la República Argentina, cumpliendo especialmente con todos los requisitos determinados por el marco legal de la ley provincial 774, de fecha 23 de diciembre de 2008, y que por lo tanto cuenta con todas las facultades y poderes necesarios para celebrar la oferta, oferta que, por otra parte, “constituye una obligación legal, válida y exigible de la provincia”, como reza el texto contractual.

Por si todo esto fuera poco, la provincia también garantiza la existencia y legitimidad de su título perfecto sobre el gas y el derecho a percibir la regalía en especie que comprometió en la oferta.

Y nuevamente se preguntó si alguien puede seriamente sostener que la empresa china “aceptará” que en 10 ó 15 años un gobernador le diga que ellos sabían que el gas podía acabarse, y que luego de hacer tamaña inversión terminen por aceptar por no reclamar nada a la provincia, tal como señalan Espósito y Saporiti.

Para el fiscal, la posibilidad de concluir el contrato por falta de gas debió ser prevista en el contrato, de manera expresa, para evitar que después se tengan que hacer interpretaciones.

“Por qué exponer a la provincia a controversias que me aventuro a anticipar serán de resultados catastróficamente millonarios”, indagó, agregando que nadie, seriamente, ni mucho menos un Estado soberano podrá alegar ante un tribunal internacional que asumió un compromiso hasta el año 2035 sin haber efectuado estudios y análisis serios sobre las reservas y existencias del bien objeto del contrato, cuando para ello contaba con toda una estructura estatal.

Otro de los puntos considerados por el Fiscal de Estado –planteado en términos de interrogación- es que si no existe, además, la posibilidad que frente a problemas de abastecimiento en el mercado local, el Estado Nacional imponga restricciones e imposibilite en el futuro la percepción de la regalía en especie.

Los chinos tienen otros códigos

La interpretación que hacen los chinos del contrato es marcadamente diferente a la lectura de los funcionarios gubernamentales, y así lo destacó el Dr. Martínez de Sucre, quien hace referencia a una nota periodística de este diario, en el que el presidente de la firma Tierra del Fuego Energía y Química advirtió que “no van a hacer semejante inversión de 400 millones de dólares” si la provincia no habría garantizado, como lo hizo, la disponibilidad del recurso, en los volúmenes indicados en el contrato, porque, además, es lo que se había acordado.

Para la fiscalía, está más que claro la lógica posición de un eventual inversor, que da por tierra la inaceptable “tesis” de los profesionales gubernamentales, en cuanto a que si se acaban las reservas de gas, el contrato se extingue por falta de objeto, sin consecuencia alguna para la provincia.

“Si es tan así, pues que quede escrito, y no dejemos a la provincia desprotegida frente a esta eventualidad que traerá consecuencias catastróficas, fundadas en interpretaciones que nadie puede admitir, más allá de los funcionarios Espósito y Saporiti”, resaltó el representante del Estado.

Contratación directa entre ausentes y rapi pago

El expediente de la Secretaría de Hidrocarburos fue abierto recién el martes 21 de abril de 2009, el 24 fue enviado al Tribunal de Cuentas y un día hábil después la gobernadora suscribió la oferta que fue rápidamente entregada y aceptada al día siguiente por la empresa en Buenos Aires, “en un hermetismo digno de atención”; por lo que no se comprende cómo fue posible que estando el expediente en el Tribunal de Cuentas se hayan podido agregar nuevas fojas, como las notas de las empresas concesionarias, la oferta firmada por la gobernadora, y notas firmadas por el abogado Espósito y por el presidente de la empresa informando la aceptación del contrato y anunciando la “imposibilidad” de depositar el saldo de más de 26 millones de dólares.

Otro dato relevante es que en el expediente no se agregaron ninguno de los dictámenes de la Fiscalía de Estado ni las intervenciones del Tribunal de Cuentas, “dejando huérfano de información y elementos más que relevantes al expediente administrativo de mayor trascendencia económica en toda la historia de Tierra del Fuego, y llamativamente procurando su archivo sin más trámite”, lo que efectivamente ocurrió el 11 de abril de este año.

Recién el 14 de mayo aparece una nota de la Dirección de Rentas, dirigida al ministro Aramburu, con el objeto de cumplir con un requerimiento relacionado con el tratamiento que debe otorgarse en materia de impuestos de sellos a las denominadas cartas oferta con aceptación tácita o complejo instrumental; aunque en el propio expediente –según lo observa el fiscal- no existe ningún requerimiento de Rentas para que se expidan sobre este particular.

Este pedido de informe, hecho quince días después que la gobernadora firmó el contrato en Buenos Aires, debió haberse efectuado antes, como hubiera correspondido de haberse obrado con cuidado y previsión.

Lo incomprensible de esta situación es que el propio Estado provincial –en su propio perjuicio- facilitó la elusión de los impuestos de sellos, que debieron ser aplicados a esta contratación.

La planta insumirá dos millones y medio de metros cúbicos de gas por día

En el expediente también aparece, con fecha 21 de mayo de 2009 –es decir, luego de la firma del contrato- un “informe técnico” en el que se adjunta un folleto que contiene un proyecto de instalación de una planta de producción de metanol, sin firma y con escritura en idioma extranjero en la parte superior (supuestamente chino).

Este informe indica que la provincia suministrará un millón y medio de metros cúbicos diarios de gas, mientras que el requerimiento de la planta será de dos millones y medio. “Es obvio que alguien ya les ha ‘vendido’ o comprometido vender el millón faltante, pero ¿hasta qué fecha?, ya que si se trata de los concesionarios actuales, sus explotaciones fenecen mucho antes del año 2035”, reparó el Fiscal de Estado.

Exceso de competencia

Un dato no menos ilustrativo de la “forma ligera” con la que ha sido llevada la contratación más importante de la historia provincial, es el informe producido por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hidrocarburos, el doctor Espósito, que obra en fojas 601 del expediente, y donde señala que “con el informe precedente quedan despejadas todas las dudas aceptables formuladas por los organismos de control”.

“Lo que resulta llamativo e inaceptable es que el funcionario Espósito se atribuya las competencias de los organismos de control, sosteniendo que ‘quedan despejadas las dudas’… porque, si alguien debe decir si las dudas han quedado despejadas somos los titulares de esos mismos organismos de control, y no uno de los funcionarios del organismo controlado, y al cual justamente se le han formulado objeciones de todo calibre, y que de ninguna manera han despejado, sino que justamente con su posterior accionar lo único que han logrado es acrecentar las mismas”.

El contrato más importante de la historia provincial, con errores de tipeo

En cuanto a la “fe de erratas” en el contrato, debido a “pequeños errores que se deslizaron en el texto de la oferta”, producidos por “fallas de tipeo” o a una “mala maniobra efectuada con el procesador de texto, que determinó que se omitieran algunas frases acordadas entre las partes”, según informó el Dr. Espósito; el Fiscal de Estado dijo que “no puede concebirse que un contrato de semejante magnitud y que contaba con sólo 23 páginas, no haya sido leído varias veces antes de permitir que la gobernadora lo suscribiera”.

Dijo que es impensado que ello pudiera suceder, porque con sólo poner a dos personas, una que lea el borrador originario, y otra la versión impresa para verificar que el que teclea no haya cometido “errores de tipeo” o “malas maniobras con el procesador de texto”. En sólo 30 minutos habrían detectado las discordancias.

Quién pagó los viajes a China

“¿No debería haber sido éste el expediente donde la mayor transparencia, orden, prolijidad, dedicación, profesionalismo, seriedad, contundencia documental, debió haber sido exhibida desde los mismos inicios de las tratativas. Y no abrir un expediente recién 7 días antes de suscribir una oferta de imposible cumplimiento y agregar informes técnicos y jurídicos con posterioridad a ello?
¿No debería haber quedado debidamente comprobado que los funcionarios públicos encargados de llevar adelante las tratativas hubieran sido comisionados al efecto con pasajes y viáticos provistos por el Estado, y no como ha sucedido, donde han viajado en un caso sin siquiera quedar registrado su viaje a China (ministro Crocianelli, decretos 1388/08 y 1503/08) y en otro dejando expresamente asentado que su viaje no generara gastos de pasajes ni viáticos (Secretario D’Andrea, decretos 1345/08 y 1664/08) ¿Quién pagó su estadía, pasajes, sus comidas, sus traslados?”

Archivo temprano

Un archivo temprano y prematuro para un expediente abierto tardíamente. Este es otro de los puntos donde posó la mirada el Fiscal de Estado, quien se preguntó cómo es posible que se haya ordenado el archivo de un expediente cuando, en realidad, su vida recién comenzaba, y es en el mismo donde deberán ir agregándose las distintas actuaciones que se vayan labrando con posterioridad a su apertura, durante toda la vigencia del eventual contrato, si es que se llega a cristalizar, ya que “el mismo no tiene virtualidad, pues está muy lejos de lo que se autorizó en la ley Nº 774”.

Por último, dijo que lo que hoy parece ser “un negocio brillante” (como proclamaron los funcionarios públicos) pasará a ser una catástrofe para la gestión gubernamental que se encuentre a cargo del Poder Ejecutivo cuando las previsiones no tomadas salgan a la luz.