Denuncia penal contra Fabiana Rios

Una denuncia penal anónima –con copia a la comisión de presupuesto y hacienda de la Legislatura- fue presentada en el juzgado de instrucción...

Una denuncia penal anónima –con copia a la comisión de presupuesto y hacienda de la Legislatura- fue presentada en el juzgado de instrucción a cargo del Dr. De Gamas Soler; para que se investigue la “maniobra irregular” de reconducción del presupuesto general del año 2007. Los denunciantes aseguran que la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos armó un presupuesto a medida, elevando las sumas aprobadas por ley 723 en más de 200 millones, violando la independencia y autarquía de los otros poderes, al disminuir y trastrocar los presupuestos de la Legislatura, del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado. Sostienen que el decreto Nº 28 –mediante el que se dispuso la reconducción- no cuenta con informe previo ni con la intervención del órgano rector que establece la ley 495, y que, para su dictado, no se han observado las reglas que rigen el sistema presupuestario provincial.


ingresó en el Juzgado de Instrucción de Ushuaia, a cargo del doctor Javier De Gamas Soler, una denuncia penal anónima contra la gobernadora Fabiana Ríos, a quien le atribuyen haber modificado, con recortes y eliminación de partidas, el presupuesto del año 2007 que fue reconducido a través de un decreto provincial.
Los promotores de esta delación elevaron una copia del escrito al presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura. En el texto se señala que la denuncia trata sobre el manejo discrecional y violatorio de las normas y procedimientos técnicos y administrativos que establecen las leyes 495 (de administración financiera) y 723 (que establece las disposiciones, facultades y obligaciones para la formulación y ejecución del presupuesto general).
En primer lugar, se apunta que el gobierno renunció al tratamiento del proyecto de presupuesto general, a pesar de ser concientes de las implicancias que ello acarrea, así como los trastornos funcionales y operativos que ocasiona en el funcionamiento de la administración.
En otro párrafo se señala que sin otro argumento que la oposición mediática, se descartó la oportunidad de contar con una herramienta fundamental que hace a la organización del Estado y a la asignación de los recursos para su funcionamiento, desechando su discusión parlamentaria para contar con su aprobación antes del 31 de diciembre de 2007.
Así –deducen los denunciantes- que la actitud especulativa de no tratar el proyecto del presupuesto 2008, tuvo como fin demorar su formulación o no presentar un nuevo proyecto para acudir, en forma premeditada, a la reconducción automática del presupuesto 2007, alterando las cifras y la composición del presupuesto.
Aseguran que la nueva gestión de gobierno recondujo el presupuesto del año pasado en lugar de prorrogar los totales de crédito aprobados por la ley provincial 723, con lo que afectó los cálculos previstos por los demás poderes y organismos del estado para el año 2008.

Reducción de presupuesto y eliminación de partidas

Sostienen que con la firma del decreto 28/08 se redujeron los cálculos que los poderes legislativo y judicial habían previsto para el corriente año (tal como lo muestran las fotografías); se cambió el destino de algunas partidas; se eliminaron créditos de Bienes de Uso y Bienes de Consumo aprobados por la ley 723, reduciendo –en el caso de la Legislatura- en casi un millón de pesos su presupuesto para funcionamiento.
El decreto 28 –firmado por la gobernadora Ríos- también afectó el presupuesto de la justicia aprobado por la citada ley, que se vio reducido en más de 3.3 millones de pesos, y, al igual que en el caso de la Legislatura, se disminuyeron los créditos de bienes y consumos, servicios no personales y bienes de uso, todo ello “arrogándose facultades que no le competen”.
Se preguntan si el Poder Ejecutivo provincial tiene facultad para modificar el presupuesto del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sobre todo en la partida que atiende los salarios del personal, disminuyendo las asignaciones aprobadas por una ley de la provincia, mediante un simple decreto que viene a reconducir o aprobar los créditos presupuestarios para 2008.
La reducción del presupuesto aprobado por la ley también alcanzó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado (como se ve en la ilustración). Según los denunciantes, hubo de parte de la gobernadora “un claro mensaje de asfixiar a los poderes y organismos independientes que ejercen el control de los actos públicos”.

Un presupuesto a medida

Otro de los puntos que se cuestiona es el incremento del presupuesto para el propio Poder Ejecutivo, ya que el cálculo para el año 2007 era de $545.550.492, según se aprobara mediante ley 723, pero, mediante el decreto 28 de reconducción se lo llevó a más de 753 millones de pesos.
En tal sentido, sostienen que los créditos presupuestarios reconducidos por el decreto no respetan la clasificación presupuestaria por finalidad y funciones, en clara violación a lo que establece la ley 495 de administración, que en materia de reconducción establece en su artículo 27: “incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios respetando la distribución preexistentes por funciones y entre gastos corrientes de capital”.
Por ello, afirman que esta violación a la distribución de los créditos presupuestarios presupone un desmanejo evidente de la materia presupuestaria, así como la ausencia de los créditos en concepto de gastos figurativos, que financian gastos imprescindibles, como salarios y erogaciones de funcionamiento, los que no han sido incluidos en la reconducción automática del Decreto 28/08, “en la clara intención de desfinanciar” al Infuetur y a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias.
En síntesis, precisan que “nos encontramos que se ha aprobado una reconducción automática que difiere con la Ley 723 de Presupuesto General 2007, con lo que los gastos que se vienen ejecutando no cuentan con respaldo presupuestario…” según lo establecen las normas.
Agregan que la situación se ve agravada porque en los anexos que componen el decreto 28/08 no se clasifican los gastos por fuente financiera, ni finalidad o función, ni categorías programáticas, ni unidades ejecutoras. Y que estas irregularidades, producto de aplicar incorrectamente las técnicas presupuestarias, pueden acarrear fuertes perjuicios fiscales, ya que la reconducción automática del presupuesto mediante el citado decreto, ha trastrocado los créditos presupuestarios aprobados originalmente, dando lugar a la eventualidad de ejecutar gastos no contemplados en la ley o bien cuya finalidad o función ha sido modificada sin intervención previa de la Legislatura.
En resumen –concluyen- que la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos, la que alude permanentemente al manejo transparente de las finanzas públicas, no ha hecho otra cosa que “armarse” un presupuesto a medida, elevando las sumas presupuestadas en el presupuesto original aprobado por ley 723 en más de 200 millones, violando la independencia y autarquía de los otros poderes, al disminuir y trastrocar los presupuestos de la Legislatura, el Poder Judicial y los órganos de control, como el Tribunal de Cunetas y la Fiscalía de Estado.
En cuanto a las formalidades, observan que el decreto 28 no cuenta con informe previo ni con la intervención del órgano rector que establece la ley 495, la Dirección General de Presupuesto, y no ha observado las reglas que rigen el sistema presupuestario provincial, su formulación y ejecución.
Por otro lado, expresan que el endeudamiento público estimado por el decreto 28 en la suma de 120 millones, no cuenta con autorización del Poder Legislativo, situación que viola el artículo 70 de la constitución provincial.

Designación de personal de salud

Asimismo, denuncian la designación de personal de salud durante los meses de enero y febrero, por no contar con instrumento legal que ampare en el presupuesto a dichos cargos; así como la modificación de partidas presupuestarias sin instrumento legal (Resolución del ministerio de Economía), siendo cargadas directamente al sistema SIGA sin intervención de los órganos rectores de la ley 495. Y que dichas constancias figuran en los auditores de movimientos de ese sistema, donde queda claramente expuesta la maniobra irregular de retocar el presupuesto sin instrumentos legales que autoricen dicha modificación.
Por último, aclaran que el carácter anónimo de la denuncia se justifica “en la manifiesta actitud persecutoria de las actuales autoridades, que le achacan al empleado público responsabilidades y acusaciones infundadas, sobre supuestos delitos que son los mismos que ellos están cometiendo”.